Carlos Lesmes, de héroe a villano en cuatro semanas

La dimisión de Carlos Lesmes (Madrid, 64 años) —formalizada en la mañana de este lunes con sendas cartas enviadas al Rey y al Ministerio de Justicia— certifica una crisis institucional que venía fraguándose en las últimas semanas, las más convulsas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al menos en una década. Lesmes deja un Consejo prorrogado desde hace casi cuatro años (sus miembros deberían haber sido sustituidos en diciembre de 2018), en situación de bloqueo total por la negativa del PP a renovar el órgano. La composición del CGPJ obedece así, todavía, al reparto de escaños salido de las urnas en 2011, cuando Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta, y no a la mayoría parlamentaria que dio lugar al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Y a Lesmes, que durante años dirigió el Consejo con una firmeza que sus menos afines llegaron a tildar de “autoritaria”, se le ha atragantado la segunda parte de la prórroga.

Lesmes se marcha habiendo sido el presidente del CGPJ que más tiempo ha estado en el cargo. Llegó en 2013 —votado por los vocales, una vez nombrados estos por el acuerdo entre PSOE y PP— desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero este no era su primer cargo político-judicial. En los gobiernos de José María Aznar fue, primero, director general de Objeción de Conciencia y, después, de Relaciones con la Administración de Justicia. Él mismo había ayudado a diseñar una reforma legal que, a la postre, acabó multiplicando su poder al frente del CGPJ al concentrar el grueso de las decisiones en solo 7 de los 20 vocales —la llamada comisión permanente—, que son los únicos con dedicación exclusiva y sueldo completo (125.366,60 euros). La ley instaba a que estos puestos rotaran, lo que otorgó al presidente un as permanente bajo la manga para obtener el favor de los miembros del pleno con más aspiraciones de formar parte de ese grupo.

El Consejo presidido por Lesmes se ganó así la fama de ser el “más presidencialista” de los que se recordaban. Siempre conseguía lo que se proponía y lo hacía, además, revistiéndolo de una alta mayoría, una de las obsesiones de las que hizo gala a lo largo de su mandato y que mantuvo hasta el final. Por eso, muchos sitúan el principio del fin de Lesmes en la reforma legal impulsada por el Gobierno en 2021 que vetó la capacidad del CGPJ de hacer nombramientos discrecionales mientras tuviera el mandato caducado. Sin la capacidad de decidir esas designaciones (para nombrar los puestos más altos del Poder Judicial, como los magistrados del Supremo, las presidencias de sala del alto tribunal o las presidencias de los tribunales superiores y las audiencias provinciales), el presidente perdió poder.

Esa pátina de “presidencialista” vino también abonada por un hecho que hasta los más críticos le reconocen: siempre estaba ahí. Austero y poco amigo de comidas, cenas y viajes, aseguran que se enteraba de todo lo que pasaba de puertas adentro del CGPJ. No se perdía una reunión y los vocales más activos, tanto del sector conservador como del progresista, despachaban asiduamente con él.

Fiscal de carrera, Lesmes dio el salto a la judicatura en 1993 tras superar las oposiciones a magistrado especialista en lo contencioso-administrativo. Quienes lo han tratado a diario en el CGPJ y el Supremo lo definen como un magistrado inteligente, de gran memoria y una alta técnica jurídica. Es católico practicante y un conservador convencido que en 2006 se afilió a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. Pero se dio de baja tras llegar a la presidencia del Supremo y el CGPJ y, desde entonces, ha sido muy crítico con las asociaciones judiciales que, sostiene, alimentan la politización de la carrera.

Lesmes se sentía cómodo en el traje institucional, de servidor público y hombre de Estado. Un rol que ha reivindicado especialmente en las últimas semanas, cuando se cargó sobre los hombros la responsabilidad de conseguir la renovación del Tribunal Constitucional. “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía”, advirtió el 5 de septiembre ante la resistencia de una mayoría del grupo conservador a propiciar la designación de los dos magistrados pendientes en el tribunal de garantías.

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Carlos Lesmes anuncia su dimisión

Esas declaraciones y su empeño cierto en sacar adelante los nombramientos le granjearon el aplauso público de miembros del Gobierno como la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero también las críticas de algunos de los que habían sido sus vocales más fieles. Estos, atrincherados contra la reforma legal del Gobierno que en julio devolvió al CGPJ la capacidad de nombrar a magistrados del Constitucional pero mantuvo el veto para los del Supremo, sintieron que el presidente los traicionaba. Lesmes, acostumbrado a lograr todo lo que se proponía, estaba seguro de que esta vez también lo conseguiría. Pero midió mal. Su amenaza de dimisión, lanzada a principios de septiembre, había terminado por despojarle del poder que le quedaba. Y el presidente al que todos respetaban se convirtió en cuatro semanas en un lastre del que convenía deshacerse cuanto antes.