El PP maniobra para torpedear la elección de la presidencia del Constitucional

El PP se ha lanzado a la ofensiva contra la posibilidad de que la presidencia del Tribunal Constitucional sea ocupada por el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, uno de los dos candidatos posibles de este sector (que de forma inminente pasará a ser el mayoritario), a quien los populares consideran demasiado próximo al Gobierno. La disputa política que plantea el PP pretende dirimir quién se apunta este último tanto en la batalla judicial por la renovación del tribunal de garantías, resuelta tras la elección por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los magistrados Cesar Tolosa y María Luisa Segoviano el martes. Esa elección permite desbloquear la renovación del Constitucional, que pasará a tener durante los próximos años una mayoría de magistrados de tendencia progresista (siete frente a cuatro conservadores). Ahora, la derecha política y judicial busca lograr que sea la progresista María Luisa Balaguer quien presida el Constitucional. “Si María Luisa Balaguer quiere, Cándido Conde Pumpido no será presidente”, avisaron el miércoles fuentes de la cúpula popular. Su teoría es que los cuatro magistrados conservadores votarán a Balaguer, que podría sumar además el apoyo de María Luisa Segoviano, la nueva magistrada progresista aupada por los conservadores.

El Ejecutivo rechaza ese órdago y defiende que al nuevo presidente lo elegirán los 11 magistrados del pleno del Tribunal Constitucional, que ahora va a tener una sólida mayoría progresista. Aunque el Gobierno declara oficialmente que no tiene candidatos para ese puesto, su apuesta desde el primer momento era la de Conde-Pumpido. El PP sabe y asume que la presidencia del Constitucional corresponde ahora a un magistrado progresista, tras los últimos nueve años en manos conservadoras. Pero Conde-Pumpido es anatemizado en el entorno de Alberto Núñez Feijóo como “el brazo político de La Moncloa y de Pedro Sánchez”.

El PSOE y el PP se declaran, en todo caso, triunfadores en esta batalla de poder en el campo de la justicia que tanto ha erosionado su imagen pública. La ministra de Justicia, Pilar Llop, y varios responsables del Ejecutivo consideraron la votación por unanimidad en el CGPJ del martes como un paso histórico y emplazaron al PP a cumplir su parte: la renovación pendiente desde hace más de cuatro años del órgano de gobierno de los jueces.

“El foco ahora está en lograr que no sea Pumpido presidente del Constitucional y evitar así el control del Gobierno de Sánchez de ese tribunal”, recalcan en el equipo de Feijóo. Y añaden: “El primer objetivo se cumplió en el Consejo del Poder Judicial: el Gobierno no pudo imponer a su candidato progresista. Y ahora vamos a intentar lo mismo en el Constitucional; si Balaguer quiere, Pumpido no será presidente y eso puede ocurrir perfectamente, si ella se vota a sí misma y María Luisa Segoviano, a la que los conservadores respaldaron en el Consejo, también la apoya”.

El PSOE considera ese plan una mera presión para evitar incluso que Pumpido presente su candidatura, y lo rechazan de plano. La interlocución rota en otoño entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el negociador institucional del PP, Esteban González Pons, no se ha retomado. No ha habido contactos estos días. En el Ejecutivo, en cualquier caso, avisan: “El PP en aquella negociación de octubre ya quiso pactar que Cándido no fuera presidente del Constitucional. Y le dijimos lo mismo que ahora: que eso lo eligen los magistrados del Constitucional. Como siempre”.

Los populares reniegan del perfil tan político de Pumpido (fue fiscal general del Estado durante los dos mandatos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero) y más ahora, con una mayoría progresista entre los componentes de ese tribunal tan amplia, que pasaría del actual 6-5 en favor de los conservadores a un 7-4 para los progresistas, reparto que sí se ha dado más veces en el Constitucional al contrario. El PP se replantearía, en el caso de que Pumpido fuera al final el presidente, sus relaciones con ese máximo órgano de garantías hasta el punto de considerar que “quedaría claramente deslegitimado”, y podría provocar que ya no acudieran al mismo para presentar recursos contra leyes o decretos aprobados en el futuro por el Gobierno, según fuentes jurídicas próximas a ese partido.

Ahora la principal incógnita es cómo se decantará el pleno del Constitucional, si a favor de Cándido Conde-Pumpido o de María Luisa Balaguer. Ambos pertenecen al grupo de magistrados que terminará su mandato dentro de dos años y medio. La tradición en el Constitucional es que la presidencia la asuma uno de los integrantes que abandonarán el tribunal en la siguiente renovación. Se pretende asegurar así presidencias relativamente cortas y que no haya enfrentamientos.

Conde-Pumpido y Balaguer mantienen sus respectivas candidaturas. No hace falta que las formalicen. Sus deseos de ocupar la presidencia les constan a todos los magistrados, incluidos los cuatro entrantes. Conde-Pumpido podrá acceder a la presidencia si el grupo progresista se mantiene unido en torno a su candidatura, ya que va a disponer de siete componentes. En cambio, si Balaguer logra el respaldo de los cuatro integrantes del sector conservador y suma a su voto el de María Luisa Segoviano, como desea el PP, la correlación de fuerzas habrá pasado a ser de seis votos a cinco a favor de dicha candidata.

Conde-Pumpido, exmagistrado del Supremo, tiene a su favor una dilatada carrera en la que ha ocupado puestos de especial responsabilidad en el aparato del Estado, como la de fiscal general. En virtud de esa larga experiencia, contaría en principio con el apoyo preferente del Ejecutivo. Balaguer es catedrática de Derecho Constitucional y tiene una trayectoria de defensa de la perspectiva de género y el derecho a la igualdad, factores que cuentan con respaldo creciente en la magistratura y en amplios sectores del Gobierno y de la izquierda judicial. De hecho, parte de los apoyos que Segoviano ha tenido para abrirse paso hasta el Constitucional han procedido de estos colectivos en los ámbitos político y judicial.

En teoría, ningún magistrado lleva al pleno mandato de apoyar a uno u otro candidato. En la práctica, ha habido no pocas ocasiones en las que la elección del presidente venía predeterminada por el previo proceso de elección de los nuevos magistrados. Un pacto entre el PP, entonces en el Gobierno, y el PSOE impidió que el magistrado conservador Andrés Ollero, exdiputado popular, fuera elegido presidente en 2017. En su lugar fue designado Juan José González Rivas, exmagistrado del Supremo y también integrante del sector conservador.

La entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron que no fuera Ollero sobre todo para evitar que el tribunal reabriera el debate sobre la constitucionalidad de la ley del aborto, dado que eran conocidas las convicciones religiosas de este magistrado y su oposición al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de determinados plazos. Sáenz de Santamaría expuso directamente a varios magistrados conservadores el pacto alcanzado.