El Gobierno congela las reformas legales sobre el Constitucional y el Poder Judicial

Despejado el camino para renovar el Tribunal Constitucional, la reforma legal que pretendía el Gobierno ha quedado congelada. El Ejecutivo intentaba rebajar la mayoría cualificada que se requería en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a sus dos representantes en el tribunal de garantías y quitar así el poder de bloqueo al sector conservador. Con el nuevo panorama, el Gobierno no da por muerta la iniciativa planeada junto a sus aliados parlamentarios, pero admite que “ya no es urgente”, como declaró este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

A propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el Ejecutivo había decidido la pasada semana posponer la presentación de la propuesta, a la espera de leer el auto del Constitucional con los argumentos esgrimidos para anular la tramitación de esa reforma mediante otra vía, la de dos enmiendas a la reforma del Código Penal. El escrito del tribunal de garantías se conoció este miércoles y ahora el Gobierno lo estudiará antes de tomar una decisión, según explicó Bolaños, aunque sin la urgencia que se había impuesto al principio, cuando se consideró habilitar en el Congreso el mes de enero, de vacaciones parlamentarias.

La parte socialista del Ejecutivo repite desde hace días que tampoco se plantea otra reforma de mayor alcance y potencialmente más conflictiva aún: algún cambio en la ley del Poder Judicial para sortear el veto del PP a la renovación del propio CGPJ. Unidas Podemos la defiende y entre los aliados parlamentarios hay una predisposición favorable, aunque ceden toda la iniciativa al Gobierno. El Ejecutivo llegó a impulsar en 2020 una propuesta a fin de rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el apoyo requerido en el Congreso para designar a los miembros del CGPJ, lo que privaría al PP de su poder de veto. La UE descalificó la iniciativa y esta acabó en un cajón.

Los distintos sectores de UP —en esto hay acuerdo general— abogan por recuperar la propuesta con algunos matices. Además de mayoría absoluta se exigiría que los miembros del CGPJ obtuviesen el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios —cinco en el Congreso actual— para evitar que un solo partido o un Gobierno los impusiese unilateralmente. Pero UP ya había rebajado en los últimos días su presión sobre los socialistas a la espera de que se resolviera la renovación del Constitucional.

Tampoco los aliados parlamentarios transmiten prisas. Fuentes de ERC confirman su disposición a apoyar cualquier propuesta que “evite un nuevo secuestro del parlamentarismo y de la soberanía popular” y subrayan que son “el PSOE y el Gobierno quienes deben presentar una iniciativa”. El PNV es partidario de esperar todavía a que impere el “sentido común” y se desbloquee la renovación del CGPJ. “Si no es así, ya habrá tiempo de pensar en cambios legislativos que, en todo caso, deberían llegar de propuestas del Gobierno”, declaran fuentes nacionalistas. EH Bildu aboga por seguir adelante con la iniciativa prevista sobre el Constitucional “para evitar situaciones similares en el futuro” y aboga también por reformar el CGPJ, aunque, como los demás, cede toda la iniciativa al Gobierno.