El Constitucional convoca un pleno para dar el plácet a los magistrados elegidos por Gobierno y Poder Judicial

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado para mañana, jueves, un pleno gubernativo para examinar la idoneidad y acordar el plácet a los juristas nombrados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar una plaza en el órgano de garantías. Los magistrados han sido citados a las 13.00 para “la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los nombramientos de nuevos magistrados”, en este caso, Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, designados por el Ejecutivo en noviembre, y César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos este miércoles por unanimidad de los miembros del CGPJ.

González-Trevijano ya anunció ayer la convocatoria inmediata de un pleno del Constitucional para “realizar el trámite de la verificación de idoneidad de los magistrados designados por el Gobierno y por el CGPJ”, una vez que se recibiera en la sede del tribunal la comunicación de los nombramientos por parte del Poder Judicial. Esta mañana ha convocado el pleno, tras consultar con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, del grupo progresista, y después de comprobar que los 11 miembros del tribunal podrán asistir a la reunión.

La convocatoria responde a las previsiones de la ley orgánica del Constitucional, que deja en manos del pleno la comprobación de que los juristas propuestos reúnen las condiciones previstas para ocupar el cargo. Dichos requisitos son esencialmente que se trata de profesionales del ámbito jurídico y que han dedicado a su ejercicio un mínimo de 15 años. El juicio de idoneidad, por tanto, es ajeno a consideraciones políticas o al perfil ideológico de los designados, en este caso por el Gobierno y el Poder Judicial, y en las siguientes renovaciones por parte del Congreso y el Senado. Los miembros del órgano de garantías, posiblemente en su última reunión con la actual composición, tendrán, pues, que “juzgar” si los cuatro propuestos “reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”, tal y como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en sus artículos 2.1 g y 10.1.i.

El pleno pudo haber sido convocado con anterioridad para decidir sobre el plácet a los dos juristas ya designados por el Gobierno desde noviembre pasado. Así lo pidieron los magistrados del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez. Pero González-Trevijano rechazó la propuesta tras comprobar que los otros siete magistrados del Constitucional coincidían con su criterio de que era más conveniente esperar hasta el pasado día 22 de diciembre, en que el Consejo del Poder Judicial discutió, sin éxito, sobre la renovación del tribunal. El acuerdo no llegó hasta este martes, día 27, en un nuevo pleno en el que los vocales progresistas aceptaron a los dos magistrados propuestos por el grupo conservador del Poder Judicial.

La naturaleza del pleno gubernativo permite prever que no habrá dificultad alguna para que el Constitucional dé su visto bueno a la incorporación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, exasesora en esta materia en presidencia del Gobierno con el Ejecutivo actual, juristas ambos elegidos por el Gobierno. Tampoco ha de haber objeción alguna con respecto al ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, ni en relación con la presidenta hasta hace dos meses de la Sala de lo Social también del Supremo, María Luisa Segoviano.

Una vez recibido el plácet de los cuatro designados, se fijará la fecha del juramento o promesa del cargo de todos ellos y el acto de su toma de posesión en el Constitucional, que en medios del tribunal se estima que será durante la semana del próximo 9 de enero. Antes, el Rey viaja a Brasil para la toma de posesión del presidente electo Lula da Silva, y más tarde presidirá los actos de la Pascua militar, el 6 de enero.

La renovación va a suponer que el tribunal de garantías pase automáticamente de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter progresista (7-4). Y esa nueva mayoría lo será durante un largo período: hasta 2031 no volverán a intervenir ni el Gobierno (que nombra dos magistrados del Constitucional) ni el Consejo del Poder Judicial (otros dos). Una vez se produzca la renovación efectiva, la primera tarea será nombrar presidente. Los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer siguen siendo los principales candidatos. Con toda probabilidad, el vicepresidente será el magistrado conservador Ricardo Enríquez.

Hasta 2031 no volverán a intervenir ni el Gobierno (que nombra dos magistrados del Constitucional) ni el Consejo del Poder Judicial (otros dos). Entre medias se producirán las renovaciones correspondientes al Congreso y al Senado. Salvo que de las elecciones saliera una mayoría parlamentaria abrumadora del bloque conservador o del progresista, esas renovaciones no alterarían la relación de fuerzas (porque los cambios en el Constitucional se hacen por consenso de tres quintos de los miembros de las Cortes).

En paralelo, habrá que empezar a deliberar sobre los numerosos recursos y proyectos de sentencia de especial calado político que se han ido guardando en un cajón en los últimos meses, a la espera de que sobre ellos decidiera un tribunal ya renovado. Es seguro que el fallo sobre la vigente ley del aborto —recurrida por el PP en 2010— ocupará un lugar prioritario en el calendario del Constitucional.