Bronca en el Senado por la constitucionalidad de la reforma exprés del reglamento que frena la urgencia de la ley de amnistía

Si alguien hubiera escrito a mano las veces que se han repetido las palabras “Constitución”, “constitucional” o “inconstitucional”, este martes en el Senado, habría podido llenar folios. Las acusaciones de vulnerar la Ley Fundamental que se han lanzado los senadores de una bancada a otra han copado todo el debate de la reforma del reglamento de la Cámara alta. El pleno ha sacado adelante, con la mayoría absoluta del PP, por 147 votos a favor y 116 en contra, la modificación propuesta por los populares para retrasar la tramitación de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen desde el Congreso calificadas de urgentes. Con este cambio, solventado de forma exprés, el Partido Popular pretende torpedear el camino parlamentario de la futura ley de amnistía, registrada por los socialistas precisamente con carácter de urgencia este lunes. Durante el debate, los senadores del bloque de izquierdas han acusado al Partido Popular de vulnerar la Constitución con esta reforma. El PSOE ha ido más lejos y ha avanzado que recurrirá la modificación al Tribunal Constitucional apelando a su jurisprudencia plasmada en la sentencia 97/2002. Enfrente, la derecha ha cargado contra los socialistas al considerar que contravienen la Constitución con la medida de gracia a los encausados por el procés.

La modificación reglamentaria aprobada este martes implica la reformulación del artículo 133 del reglamento. De esta forma, cuando la proposición de ley de amnistía entre en la Cámara alta, los senadores tendrán hasta dos meses —en lugar de los 20 días previstos hasta ahora— para su tramitación y devolución posterior al Congreso, que podrá ratificarla definitivamente, aunque más tarde. Los populares pretenden, durante ese plazo extra que han conseguido este martes, llevar a las comisiones del Senado a catedráticos, expertos y juristas que avalen su rechazo a la amnistía para reforzar así sus argumentos desde su fortín de la Cámara alta, donde tienen mayoría absoluta. Además de incluir dictámenes y estudios.

También planean pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —de mayoría conservadora y cuyo mandato lleva casi cinco años caducado—, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Lo que no podría en cualquier caso el PP es frenar la tramitación de la iniciativa en la Mesa del Senado, según admiten fuentes populares de la Cámara alta, pese a que miembros de la dirección del partido hayan insinuado que podrían tomar esa decisión cuando el texto llegue desde el Congreso, que se prevé para febrero.

—¡Qué urgencia tienen en reunirnos hoy a todos aquí. ¿Para vulnerar la Constitución en un pleno extraordinario? Vuelvan a la Constitución!—, ha lanzado el senador de Compromís Enric Xavier Morera, a los populares, que respondían desde sus escaños con murmullo y risas.

—Tiene lo suyo hablar ahora mismo de saltarse la Constitución cuando estos días asistimos a lo que asistimos—, ha ironizado el portavoz del PP, Eloy Suárez, en referencia a la futura ley de amnistía.

Desde el bloque que apoya la investidura de Pedro Sánchez se ha insistido en que la reforma del PP contraviene el artículo 90.3 de la Constitución, que indica: “El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”. Según la sentencia 97/2002, del alto tribunal, cuando se habla de “proyectos” de ley en la Constitución calificados como urgentes también se alude a las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, aunque no se mencione expresamente, estableciendo la preeminencia del Congreso a la hora de calificar una norma, ha recordado la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, desde la tribuna.

—Es una reforma antirreglamentaria y anticonstitucional. Ejercitaremos nuestro derecho de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional—, ha avisado el senador socialista Manuel Fajardo.

—Pretenden una mutación constitucional instaurando bicameralismo perfecto. La doctrina es clara sobre la prevalencia del Congreso. ¿Cuál es el problema? La amnistía—, ha añadido el senador de ERC Josep Maria Reniu.

Así, para los grupos que han votado en contra de la reforma, los cambios introducidos por el PP suponen la instrumentalización partidista del Senado a través del “filibusterismo parlamentario” —como ha indicado el senador de Junts Josep Lluís Cleries—, con el único propósito de entorpecer la tramitación de la ley de amnistía, negociada por los socialistas con las fuerzas independentistas catalanas para la investidura de Sánchez. “El grupo parlamentario socialista lo que está haciendo con esto es política en mayúsculas. Estamos haciendo una negociación absolutamente democrática”, ha sentenciado Cleries. Con la dilatación de la amnistía, el líder de su partido, Carles Puigdemont, vería retrasada su eventual vuelta a España sin orden de detención.

—El texto [de la ley de amnistía] consumará un golpe de Estado, con una usurpación del poder judicial solo para mantenerse cuatro años en el poder, retorciendo el ordenamiento jurídico. Tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para frenarlo—, ha advertido la senadora de Vox Paloma Gómez.

—Traen una sentencia [del Tribunal Constitucional] que no viene al caso. Como la que citan en la ley de amnistía. Lo que hasta hace dos meses era inconstitucional, para ustedes hoy es claramente constitucional—, ha proseguido el senador popular Eloy Suárez.

Para el PP, la reforma beneficia a “la calidad democrática” del Senado. También lo dota de más capacidad para mejorar las iniciativas parlamentarias que lleguen desde el Congreso y evitar así “malas experiencias”, como la redacción de la ley de solo sí es sí —ha defendido Suárez—, acentuando su función de Cámara de doble lectura. Pero esta modificación no se había sugerido hasta que se ha impulsado la ley de amnistía.

Además de la reforma del artículo 133, el PP introdujo a última hora dos enmiendas a su propia propuesta, para modificar el artículo 182 del reglamento, con el fin de obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en los plenos de la Cámara alta cuando sean requeridos. Hasta ahora solo era preceptivo que comparecieran en comisión. En este sentido, el Partido Popular criticó a los miembros del actual Ejecutivo en funciones por no asistir al pleno de la semana pasada, al que solo acudieron los ministros que recibieron preguntas en la sesión de control. El PSOE replicó que su presencia no estaba regulada en el reglamento. De ahí este cambio introducido a posteriori.