El Poder Judicial prorrogará su informe contrario a la ley de amnistía

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de amnistía va a sufrir un aplazamiento. La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces va a solicitar este jueves que se amplíe el plazo habitual de treinta días para contestar a la petición que le formuló el Senado con objeto de obtener su criterio sobre la legalidad de dicha proposición de ley y su encaje o incompatibilidad con la Constitución. El criterio dominante en el Consejo es que resulta conveniente ajustar los plazos para la confección del citado informe, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento va a comenzar en breve el debate sobre las enmiendas formuladas, lo que puede implicar cambios en el texto presentado. En todo caso, fuentes del propio órgano de gobierno de la magistratura dan por hecho que no habrá consenso sobre el informe y que junto al texto que pueda aprobar la mayoría conservadora habrá otros alternativos del grupo minoritario progresista en forma de votos particulares discrepantes.

La Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta, acordó el pasado 5 de diciembre dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal —principal órgano representativo de la carrera— para solicitarles que elaboraran sendos informes sobre la proposición de ley de amnistía. El periodo de treinta días para la confección de este tipo de dictámenes es, de hecho, orientativo, porque su cumplimiento depende entre otros factores de la fecha de recepción del encargo y del ritmo que sigan las tareas preparatorias, como el nombramiento del ponente o ponentes del texto. En este caso, los designados fueron dos, el conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas. Ambos han mantenido desde antes del paréntesis navideño alguna reunión con los letrados del Consejo que van a tomar parte en la elaboración del informe y los probables textos alternativos. Se ha diseñado un modelo organizativo, pero no se ha avanzado mucho más, en parte porque no existe conciencia de que la labor encargada al Consejo sea especialmente urgente.

El informe tiene que ser aprobado por un pleno, y el siguiente es el próximo día 25, salvo que se convocara uno con carácter extraordinario. En principio, se ha descartado esta posibilidad, porque no se quiere actuar con grandes prisas ni dar la impresión de que se corre para dar satisfacción a los más críticos con la proposición de ley. Eso ya sucederá,, en su caso, con el texto que se apruebe. De momento, los ponentes quieren intentar el acuerdo, aunque en sus respectivos sectores no se cree que sea posible. En los bloques conservador y progresista existen ya trabajos preparatorios y criterios consolidados sobre la legalidad o incompatibilidad del texto pactado por el PSOE y los partidos independentistas sobre la amnistía, unas opiniones que difícilmente van a cambiar a tenor del debate sobre las enmiendas en el Congreso. Pero la prórroga que se va a pedir al Senado permitirá conocer su contenido.

El debate de enmiendas en comisión está previsto que comience en el Congreso la semana del próximo día 22. El pleno del Poder Judicial será, a su vez, el 25 de este mes. En ese pleno no estará terminado el informe sobre la ley de amnistía. En el Consejo se da por hecho que el Senado no podrá objeción alguna a dar no menos de dos semanas más para que se elabore. Ello lleva al 29 de febrero la fecha probable para que el Poder Judicial apruebe su informe, con sus correspondientes votos discrepantes. Ese día, último jueves del mes, es el señalado para plenos del órgano de gobierno de los jueces, que los celebra con dicha periodicidad.

El encargo del informe hecho por el Senado sorteó la estrategia seguida por el Gobierno y el PSOE para evitar que la discusión de la ley tuviera como obligado prólogo la confección de informes de órganos consultivos, como el del propio Consejo. Dicho tipo de informes es preceptivo, aunque sus conclusiones no sean vinculantes, cuando se trata de proyectos de ley enviados por el Gobierno. En cambio, es prescindible cuando se trata de proposiciones de ley, remitidas por los grupos parlamentarios, como es el caso de la ley de amnistía. El PP quiso que se pidiera el dictamen por considerar que la amnistía “conculca el principio de separación de poderes” y que tendrá “graves consecuencias en la misma configuración del Poder Judicial”. El órgano de gobierno de los jueces, a su vez, aceptó la petición tratando de cubrirse de la acusación de injerirse en las funciones del Parlamento, para lo cual apeló a las previsiones de la propia ley orgánica del Poder Judicial en un precepto ómnibus, prácticamente omnicomprensivo. Dicho precepto es el artículo 561.1.9º le habilita para informar sobre “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.

Aprobación definitiva

Para facilitar la extensión de los plazos de debate, el PP modificó asimismo el reglamento del Senado, que va a tener dos meses para discutir sobre la ley. Es probable que, por tanto, el texto no vuelva al Congreso para su aprobación definitiva hasta entrado el próximo abril. Hay vocales conservadores a favor de aprobar este mismo mes un informe duro contra la proposición de ley. Pero la solicitud de la prórroga indica que, salvo cambios de última hora, es un grupo minoritario. El Constitucional, a su vez, ya ha recibido el recurso del PSOE contra dicha reforma del reglamento del Senado. Si se admite a trámite, como con toda probabilidad sucederá, habrá que pedir informe a las partes, lo cual sitúa la fecha previsible de la sentencia para dentro de unos meses, cuando el debate parlamentario sobre la ley de amnistía ya habrá terminado, y el propio tribunal de garantías tendrá sobre la mesa el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley que el PSOE y sus socios cierren en el Parlamento, previsiblemente a comienzos del próximo mes de mayo.