El PP se enreda con Vox en la oposición a la amnistía ante el nuevo ciclo electoral

Las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía registradas por el PP y Vox se enfrentarán entre sí la próxima semana en el pleno del Congreso sobre la medida de gracia a los encausados por el procés y anticipan el choque total entre las derechas. Ambos partidos pugnan por escenificar quién da más contra el Ejecutivo y sus socios, con el foco puesto siempre en el presidente Pedro Sánchez al inicio de un año político marcado por la explosiva tramitación parlamentaria de la amnistía y la antesala de las elecciones gallegas, vascas y europeas. En el pistoletazo de salida de la precampaña de los comicios autonómicos de Galicia del 18-F, Santiago Abascal intenta plantar batalla en el feudo gallego de Alberto Núñez Feijóo frente a un PP que lo ningunea sin poder evitar la preocupación que supondría perder la mayoría absoluta que el líder del partido ha mantenido hasta su marcha a Madrid.

Prácticamente a la misma hora y separados por escasos metros, coincidían este jueves dos escenarios protagonizados por el PP y Vox. Mientras el portavoz popular, Miguel Tellado, justificaba en el Congreso su propuesta de disolución de partidos por “deslealtad constitucional”, el concejal de Vox Javier Ortega-Smith era reprobado en el Ayuntamiento de Madrid. A las puertas del Consistorio, manifestantes en apoyo al dirigente madrileño gritaban: “¡PSOE, PP, la misma mierda es!”. Santiago Abascal pidió hace semanas a Alberto Núñez Feijóo una respuesta “coordinada” frente a la ley de amnistía, pero el PP prefirió confrontar con los socialistas por su cuenta. Sin embargo, la propuesta para disolver partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal introducida en su enmienda a la totalidad de la medida de gracia es similar a iniciativas previas de Vox. Y ante las que los populares votaron en contra.

La formación ultra, que en las últimas semanas ha cargado contra el PP acusándolo de “simulacro de oposición” y de tibieza por pactar con el PSOE el reparto de comisiones del Congreso y por la reunión entre Sánchez y Feijóo, contraprogramó este miércoles registrando otra enmienda distinta a la totalidad de la ley de amnistía. “Los de Génova se cogen de las manos con ultras de todo tipo”, escribió este jueves Abascal en X (antigua Twitter). “Y hace no mucho le han dado la presidencia de comisiones a partidos golpistas como Junts o Esquerra, mientras mienten a sus electores diciendo que los querrían ilegalizar. Digo mienten porque votaron siempre en contra de nuestras propuestas para hacerlo”, añadió. El texto alternativo de los ultras es más radical aún y propone castigar también a quienes negocien con condenados o procesados por delitos contra la Constitución, orden público, traición, independencia del Estado, paz o la defensa nacional. Lo que englobaría al propio PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tellado sorprendió el miércoles a la prensa anunciando una enmienda que incluye la disolución de partidos en lugar de recuperar sin más el derogado delito de sedición y el endurecimiento del delito de malversación, como así prometieron los populares en la campaña del 23-J. El portavoz parlamentario explicó este jueves que su delito de deslealtad constitucional es más “amplio” que el de sedición y se enredó al afirmar que no han “inventado nada”, pues “la responsabilidad penal de los partidos políticos no es nada nuevo”, puesto que ya figura en el ordenamiento jurídico. Pero su propuesta extralimita los márgenes.

Respecto a la proximidad con iniciativas previas de los ultras, Tellado trató de desmarcarse. “Vox se refería a la ley de partidos y nosotros estamos hablando de tipificar un delito dentro del Código Penal. Es evidente que en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier persona jurídica por los actos ilegales que comete. Y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y siempre hemos defendido”, alegó el portavoz desde el Congreso. Un par de horas después, tras salir despavorido del Ayuntamiento madrileño y antes de acceder a un bar cercano con los suyos, el reprobado Ortega-Smith desdeñó la propuesta del PP, en declaraciones a EL PAÍS: “Menuda hipocresía. Son unos judas, dicen una cosa y hacen la contraria, son unos falsos”.

La controvertida iniciativa popular, acorde a los postulados de Vox y cuestionada de plano por expertos en Derecho Constitucional, afectaría, entre otros, a partidos como Junts per Catalunya. Esto es, a la misma formación con cuyos altos dirigentes se reunió en agosto el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una cita revelada esta semana. Pero es que, además, el vicesecretario popular Esteban González Pons calificó en verano a los de Carles de Puigdemont de partido “cuya tradición y legalidad no están en duda”.

En aquel momento, Feijóo estaba digiriendo la victoria insuficiente del 23-J y Junts tenía la llave de La Moncloa. De ahí que el PP se abriera a “hablar” con los de Puigdemont tras tildarles de “golpistas” reiteradamente. Pero los bandazos de los populares sobre si considerar o no a Junts como un interlocutor válido tensionaron sus lazos con Vox, con quienes iban sellando uno tras otro cuatro gobiernos autonómicos y tras haber pactado 140 ayuntamientos. “Vox no estará en ninguna ecuación en la que estén los independentistas”, advirtió entonces Ignacio Garriga, secretario general de los ultras, apenas unos días antes de que Sirera quedase en un hotel de Barcelona con dos dirigentes del círculo de Puigdemont.

El debate fallido de investidura de Feijóo recibió el voto favor de Vox, pero el líder del PSOE, Pedro Sánchez, logró aglutinar una mayoría parlamentaria ya con la amnistía sobre la mesa. Una semana después, el Senado tumbó una moción de Vox para instar al Gobierno a ilegalizar a ERC y Junts. El PP también votó en contra. La misma posición que había adoptado en febrero del año pasado, en el Congreso, cuando el partido de Abascal solicitó “consultar a los españoles si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía”. Los populares se opusieron apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional. El diputado del PP José Bermúdez de Castro Fernández contrarrestó los ataques de Vox, desde la tribuna, así: “Yo tuve el honor de ser ponente de la ley de partidos en el año 2002, una ley que otorgó a los partidos el mayor espacio posible de libertad, siguiendo el espíritu integrador del constituyente, estableciendo que en España se podía defender cualquier idea, pero no por cualquier método: solo a través del método democrático”.