El PP propone la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal

El PP ha contraatacado formalmente a la ley de amnistía desde el Congreso al registrar en la tarde de este miércoles su enmienda a la totalidad, un texto alternativo que rechaza en su exposición de motivos todo el contenido de la iniciativa socialista. En el documento, los populares proponen la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal mediante la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de “deslealtad constitucional”. Esta propuesta de tipificación, condenada al fracaso parlamentario, plantea castigar “aquellas autoridades que promuevan la inobservancia de las leyes o incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad” del país. Así lo ha explicado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la formación. “Proponemos el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia (...) Tipificando las declaraciones de independencia y los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de asociaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos”, ha añadido el dirigente popular. Vox ha presentado otra enmienda a la totalidad a la norma, en la que introducen el mismo delito que el enunciado por los populares y otro que “castigue a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”.

En el caso del PP, la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal y la suspensión de sus actividades obedece a la eliminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de “instrumentos jurídicos” que antes permitían perseguir estas acciones. En concreto, Tellado ha citado la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación impulsados por la coalición en otoño de 2022 y ratificados después por el Congreso. Y, en esa línea, la enmienda registrada recupera de los artículos 544 al 547 del Código Penal, anteriormente enmarcados en el capítulo sobre la sedición. Aunque el PP los enmarca dentro del título de los delitos contra la Constitución en lugar de contra el orden público. Y sugieren penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años cuando se refiera declaraciones de independencia y de uno a cinco años de cárcel e inhabilitación especial de uno a cinco años para las consultas. Es el artículo 547 el que impone además la disolución de “la persona jurídica” que sea responsable de cualquiera de los delitos previos.

En 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy activó desde las Cortes el artículo 155 de la Constitución para vaciar de poder a la Generalitat tras el referéndum ilegal del 1-0 y la declaración unilateral de independencia. El PSOE apoyó dicha medida. La propuesta de disolver partidos, que en este caso se referiría a Junts y ERC, supone una vía no utilizada entonces. Desde el PP consideran que en aquel momento no fue necesario y sí ahora por la falta de “consenso político” para luchar contra esas prácticas que se da en la actualidad, arguye la ejecutiva popular. En cualquier caso, la mayoría parlamentaria que aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía el pasado 12 de diciembre, por 178 votos, podrá tumbar la enmienda total del PP. El debate está previsto para el próximo día 9, después de que el Congreso aprobara enero como mes hábil, a diferencia de lo que suele ocurrir. “Un pleno extraordinario con cierta nocturnidad y con un calendario perverso ideado desde Moncloa, impuesto a la presidenta Armengol”, ha dicho al respecto Tellado.

La posición del PP con esta enmienda choca con la mantenida por los populares en el pleno celebrado en el Senado el pasado 21 de noviembre. Ese día, Vox impulsó una moción en la Cámara alta con la que pretendía instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de ERC y Junts, a los que se refirió como “ultraderecha supremacista”. La moción del partido de Santiago Abascal se encontró con 257 votos en contra, también los de PP, frente a los únicos tres de sus senadores. La popular María Yolanda Ibarrola la rechazó con contundencia desde la tribuna: “La traen a sabiendas de que esta demanda no prosperaría en el Tribunal Supremo. La disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia”. Vox también ha registrado en el Congreso su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía.

Relación con Junts

La propuesta tampoco casa con declaraciones de dirigentes del Partido Popular vertidas durante los últimos meses. Tras las elecciones del 23-J, el PP se abrió a “hablar” con Junts ante la mayoría insuficiente de Feijóo para ser investido pese a haber ganado los comicios. Sin embargo, dentro del partido hubo discrepancias encontradas sobre si esa relación con la formación de Puigdemont era coherente con sus planteamientos. Así, sobre todo en agosto, los populares fueron dando bandazos en boca de sus dirigentes sobre si Junts era un interlocutor válido o no. “Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, llegó a decir el vicesecretario Esteban González Pons después de que el PP los hubiera tachado reiteradamente de “golpistas”. Y a diferencia de lo que implica su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía.

La estrategia de confrontación total contra la ley de amnistía por parte del PP no acabará con la enmienda presentada. Tellado ha indicado que “el objetivo es frenar y revertir el daño que socialistas e independentistas están haciendo a las instituciones” del país y supone “el punto de partido de una actividad social y legal”. Pero, de momento, la propuesta seguirá su tramitación salvo sobresaltos con los 178 votos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y BNG.

Vox propone un delito por “negociar” con procesados y condenados judicialmente

El otro gran partido de la derecha, Vox, ha presentado este miércoles otra enmienda a la totalidad de la iniciativa del PSOE, en cuyos motivos propone incluir el delito de “negociar con personas condenadas judicialmente, o procesadas o sustraídas a la acción de la justicia (...) los asuntos que son objeto de competencia de las Cortes Generales”. Precisa que para que se aplique ese nuevo delito los condenados, procesados o prófugos tendrán que serlo por los delitos tipificados en el Código Penal en los títulos XXI (delitos contra la Constitución, que incluye los de rebelión, contra la Corona y contra las instituciones del Estado, entre otros), XXII (delitos contra el orden público, como los de sedición, atentado contra la autoridad, de desórdenes públicos, etcétera), y XXIII (de tradición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional).

Vox propone también que se modifique el Código Penal y la Ley Orgánica 2/1980 sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum para “prohibir expresamente” el uso del referéndum con fines contrario a la unidad de España, al entender que no existe en el ordenamiento jurídico español “ninguna modalidad que permita a ningún sujeto, región, ni siquiera al mismo pueblo español, realizar una consulta semejante sobre materias que afecten a la propia existencia de la nación”. Y especifica que se incluya la pérdida de la nacionalidad española no de origen como una de las penas privativas de derechos en el Código Penal.

El partido ultra propone también crear un tipo agravado de los delitos tipificados en el artículo 584 del Código Penal (uso de información clasificada para favorecer a una potencia extranjera) y 593 (mantener relaciones de inteligencia con Gobiernos y otras instituciones extranjeras) para cuando sean cometidos por miembros de cualquier gobierno. Y, por último, pide una modificación de la ley de partidos políticos para prohibir y disolver los partidos independentistas, al incluir un nuevo límite legal que obligue al “respeto a la unidad y la soberanía de España”.

“El actual Gobierno de España ha impulsado, oficialmente o de hecho, normas que atentan directamente contra los principios constitucionales y el Estado de derecho, y también contra las más elementales normas de procedimiento legislativo en un sistema democrático”, señala la formación en la exposición de motivos de su enmienda. “Se ha llegado a promover una proposición de ley para amnistiar a los delincuentes que perpetraron un golpe contra el orden constitucional, la unidad nacional y la convivencia de los españoles desde las instituciones regionales de Cataluña, a cambio de los votos de los representantes parlamentarios en la investidura del presidente del Gobierno”, prosigue.

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