El PP impone su mayoría en el Senado para dilatar lo máximo posible la amnistía: dos meses

La tramitación de la futura proposición de ley de amnistía, una vez llegue al Senado desde el Congreso, podrá demorarse hasta dos meses en lugar de 20 días si el Gobierno quisiera intentar la vía de mayor urgencia. El Partido Popular ha encontrado e impuesto la fórmula para bloquear lo máximo posible la aprobación definitiva de la norma, que en cualquier caso deberán ratificar en último término los diputados en la Cámara baja. Gracias a su mayoría absoluta en el Senado, los populares reformarán un artículo de su Reglamento para lograr que cualquier proposición de ley de los grupos parlamentarios que entre en la Cámara alta tenga que ser discutida en dos meses, aunque sea calificada de urgencia como algunos proyectos de ley remitidos por el Gobierno.

Como avanzó este periódico, el PP estaba estudiando la manera de torpedear en el Senado la norma legal que se presume sobre la amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña, clave para el intento de investidura de Pedro Sánchez, valiéndose de su control de los tiempos, una vez salga el texto legal del Congreso y llegue a la Cámara alta. La primera grieta que han encontrado los populares de Alberto Núñez Feijóo para maniobrar contra ese proyecto de ley es el artículo 133 del Reglamento. El PP modificará ese precepto para que el Senado pueda rechazar el procedimiento de urgencia, cuyo plazo es de 20 días, de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

La futura medida de gracia a los encausados por el procés será una proposición de ley orgánica, que el PSOE quiere firmar conjuntamente con sus partidos posibles aliados para la investidura, pero aún no se ha decidido si se tramitará o no por un procedimiento de urgencia y por la vía de la lectura única. En principio, esa no era su intención ante una propuesta de esta relevancia, que además es seguro que luego estudiará al detalle el Tribunal Constitucional ante posibles recursos. En caso de que sí se quisiera optar por ese trámite exprés, para acortar los plazos, el Ejecutivo se toparía irremediablemente con el muro que el Partido Popular levantará próximamente en el Senado.

El plan del PP contempla que cuando la ley llegue al Senado, la mayoría absoluta de los populares rechace su carácter de urgencia, y después plantearán y sacarán adelante una enmienda a su totalidad que podría demorar su ratificación al menos dos meses. Luego volvería al Congreso, donde se sometería a una última votación, que podría levantar esa enmienda del Senado por mayoría simple, como se espera según las matemáticas parlamentarias actuales.

El cambio que persigue el PP introducirá, en el artículo 133 del Reglamento del Senado, que “en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores”, según indica el escrito presentado este jueves por el grupo parlamentario popular ante la Cámara. Atendiendo al calendario, y a que enero es un mes inhábil en el Senado, la tramitación definitiva de la ley podría extenderse más allá de febrero.

Los populares retorcerán y modificarán así el Reglamento para ralentizar lo máximo posible la ley, y dentro del marco del artículo 90 de la Constitución, que regula la tramitación por el Senado de “los proyectos de ley” ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso. En el PP sostienen que con la expresión “los proyectos” la Constitución se refiere solo a los proyectos de ley del Gobierno (que además son más lentos porque tienen que pasar por una serie de órganos consultivos) y no a las proposiciones de los grupos. “El artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos, pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual, sino fruto de la voluntad de los constituyentes. Porque, aunque en el informe de la ponencia constitucional del 5 de enero de 1978 se empleaba en el primer apartado del artículo la expresión ‘proyecto o proposición de ley’, esta fue después sustituida por la que finalmente se aprobó, esto es, ‘proyecto de ley ordinaria u orgánica”, especifican en el PP.

Una interpretación que choca, según ha publicado InfoLibre, con la que hace dos décadas hizo el propio Tribunal Constitucional de este mismo artículo y que se recogió en la sentencia 97/2002, en la que se analizaba una ley de 1995 por la que se declaraba reserva natural las Salinas de Ibiza (Ses Salines), las islas de Freus y las salinas de Formentera. Una norma que recurrió el Gobierno y el Parlamento de Baleares, entonces en manos del PP. En aquel pleito se analizó el papel del Senado y los magistrados concluyeron que en lo concerniente a los plazos de urgencia eran aplicables tanto para los proyectos como para las proposiciones de ley.

El PP ya advirtió, tras las elecciones generales del 23-J —en las que Alberto Núñez Feijóo fue la lista más votada, pero sin posibilidad para gobernar—, que usaría su mayoría absoluta en la Cámara alta como fortín para obstaculizar la tramitación de las leyes y activar comisiones de investigación. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, lo confirmó este jueves en Antena 3: “El grupo parlamentario popular no va a facilitar la tramitación de esa ley porque lo que consideramos hoy, y lo considerábamos ayer las dos principales formaciones políticas, es que eso produciría tener españoles de primera y de segunda”.