El decano de los abogados de Madrid, sobre el ‘caso Ayuso’: “Es reprobable cualquier filtración, pero el que pudo cometer el ilícito es la Fiscalía”

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha irrumpido de lleno en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta institución ha denunciado a la Fiscalía por emitir un comunicado que desmentía los datos tergiversados y las falsedades que el equipo de Ayuso estaba vertiendo contra el ministerio público a raíz del procedimiento abierto contra su pareja, Alberto González Amador, por supuesto fraude fiscal y falsedad documental. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, defiende su actuación.

Pregunta. ¿Por qué decidieron acudir a la vía penal contra la Fiscalía?

Respuesta. El comunicado público de la Fiscalía es un hecho sin precedentes, es algo absolutamente insólito. Entendimos que hay un quebrantamiento del principio de confianza, del secreto de las comunicaciones entre las partes, entre el abogado y el fiscal. Supone dinamitar el protocolo de conformidad en los términos de reserva. Reventar el secreto de las comunicaciones es atacar a la esencia del derecho de defensa y diluir el principio de la tutela judicial efectiva. Por tanto, ante un hecho de extraordinaria gravedad, teníamos que tener una respuesta a la altura para depurar las responsabilidades de este caso y asegurar que se establezcan los mecanismos de refuerzo necesarios para que no vuelva a suceder.

P. ¿De quién partió la idea? ¿Cómo se gestó la iniciativa?

R. Cuando se tuvo conocimiento de ello, lo primero que yo hago es ponerme en contacto con la propia fiscal jefe [de Madrid] para asegurarme que no era fake [falso], porque nos resultaba tan absolutamente insólito que lo primero era contrastar que era cierto. Una vez que lo confirmamos, se generó una alarma importantísima, no solo en la junta de gobierno [del ICAM], sino entre los restantes compañeros. Se celebra una reunión de urgencia y, en ella, se adoptaron las primeras decisiones.

P. ¿Hablaron con el abogado afectado o con el particular al que defendía, [Alberto González Amador, novio de Ayuso]?

R. Como junta de gobierno, no descendemos al caso concreto. Eso forma ya parte de un supuesto particular, de la estrategia de defensa que pueda tener el afectado concreto. La obligación que tiene el colegio es velar por el secreto de las comunicaciones, el deber de confidencialidad de las partes y el derecho de defensa en términos generales, porque trasciende de un caso concreto. A nosotros lo que nos preocupa es que un compañero, que esté en el marco de una eventual conformidad y esté manteniendo conversaciones con el fiscal, pueda verse sorprendido porque esas conversaciones salen con posterioridad a la luz.

P. El equipo de Ayuso filtró antes un correo tergiversado para acusar a la Fiscalía de que estaba ofreciendo un pacto, cuando era al revés. ¿Eso condiciona el caso? Porque la Fiscalía alega que sale a defenderse de una tergiversación y de una mentira.

R. Filtraciones a los medios de comunicación, por desgracia, existen desde hace muchísimos años. Esto no es ninguna novedad. Y sobre eso el colegio no se pronuncia porque no tiene ningún tipo de competencia sobre el medio, que ejerce su labor de difusión de información. La particularidad de este caso y lo absolutamente novedoso es que, frente a ello, se emite un comunicado oficial que detalla esas conversaciones con entrecomillados, con la hora en que se produce el correo electrónico... Y se dan toda suerte de pormenores. A ese comunicado es al que reacciona el colegio.

P. ¿Circunscriben su denuncia solo a ese comunicado? ¿No la amplían a la filtración del correo del 2 de febrero [del abogado de González Amador, que desmentía la versión del equipo de Ayuso]?

R. La denuncia se refiere al comunicado de la Fiscalía. Ese es su contenido. Lo que se le imputa es una infidelidad en la custodia de documentos. La Fiscalía está sujeta por su propio estatuto orgánico a mantener un sigilo, una reserva y un deber de confidencialidad sobre aquellos hechos que hubiera podido conocer en el marco de sus actuaciones. Y esa es la ruptura que se produce.

P. La Fiscalía alega que no revelaron nada que no se supiera antes por la prensa. ¿Qué le parece esa explicación?

R. Ese es un punto clave. Un rol es el que tiene el medio de comunicación y otro es el que tiene la Fiscalía como institución. La Fiscalía no puede descender a hacer público el contenido concreto de las comunicaciones, con independencia de que se haya podido conocer por un medio de comunicación.

P. ¿Y no le preocupa que el Gobierno de Ayuso filtrara antes un email de esas conversaciones y las sacara a la luz?

R. El colegio no puede entrar en el filtrado que haga una de las partes a medios de comunicación porque no le compete. El colegio tiene que manifestarse sobre el comunicado que emite la Fiscalía. Con independencia de eso, es absolutamente reprobable cualquier filtración que salga fuera de lo que debe ser la reserva entre las partes. Pero, en este caso, el que cometió o pudo cometer el ilícito es la Fiscalía: la autoridad que, en razón del conocimiento de los hechos que tiene por el ejercicio de su cargo, hace ese comunicado.

P. ¿Le preocupa que se pueda percibir que el ICAM se posiciona políticamente a favor de la Comunidad de Madrid o de un determinado partido?

R. La abogacía defiende el derecho de defensa como piedra angular de nuestra tutela judicial efectiva. Esta misma manifestación se habría producido si estuviéramos ante el caso de la mujer del presidente, de un ciudadano anónimo o de Paco el Chatarrero...

P. La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) le atribuye una “sobreactuación” para “defender los intereses” de un determinado Gobierno.

R. El órgano rector para pronunciarse en esta materia es la Junta de Gobierno, que es la que ha resultado democráticamente elegida. Dentro de un colectivo de 75.000 compañeros, puede haber diversidad de opiniones. Pero resulta paradójico que, en el primer párrafo [de una nota emitida por ALA], esta asociación se refiera a un comportamiento inadmisible de la Fiscalía y después hable de sobreactuación. Si el colegio no reacciona ante un supuesto de tal magnitud, no tendría razón de ser el propio colegio y lo que merecería es el reproche del resto de los compañeros.

P. El actual secretario general del ICAM, Luis Banciella, fue anteriormente abogado general de la Comunidad de Madrid. ¿Ha participado de alguna forma en la decisión de denunciar?

R. Absolutamente nada. El colegio tiene una estructura orgánica muy diferenciada entre los servicios jurídicos y la secretaría general. Este tema únicamente afecta a los servicios jurídicos y junta de gobierno; y, por tanto, es totalmente ajeno a la secretaría general.

P. ¿Cómo fue la reunión con la Fiscalía General del Estado?

R. Salí decepcionado. Lo que esperábamos era, en primer lugar, una explicación coherente de lo que había sucedido; en segundo término, una disculpa y un compromiso de la propia Fiscalía de investigar y depurar las responsabilidades; y en tercer término, el propósito de modificar el sistema actual de los protocolos de conformidad para que esto no pudiera repetirse. Frente a ello, nos encontramos una reunión en la que se expresaba cierta victimización por parte de la Fiscalía, que trataba de justificar el comunicado y el quebrantamiento de ese principio de confidencialidad.

P. Antes de esa reunión, ¿ya habían pensado acudir a la vía penal?

R. No, era un momento muy incipiente y ni siquiera teníamos todos los datos. Es un caso que requiere mucha prudencia.

P. ¿Por qué no firmaron el comunicado conjunto que se ofreció?

R. Porque, para empezar, partía de la base de la victimización de la propia Fiscalía, que legitimaba la existencia del comunicado. Y nosotros no podemos asumir la validez de ese comunicado. Cualquier comunicado que partiera de esa premisa ya era de por sí inasumible.

P. ¿Qué le parece que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ataque a periodistas y difunda bulos sobre ellos?

R. Acijur (Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos) ya hizo un pronunciamiento [que condenaba el “intolerable ataque al derecho a la información”]. Y, en cuanto lo leí, yo lo retuiteé y apoyé. Es un absoluto disparate y una pérdida de rumbo.

P. El ICAM ha tenido un posicionamiento muy activo en contra de la ley de amnistía. ¿No le preocupa que eso ahonde en las acusaciones de que adopta un posicionamiento político?

R. El ICAM no tiene posicionamiento político alguno. Es una institución neutral y apolítica. Pero sí está condicionado por los fines a los que está sometido. Y, en el artículo 3 de nuestros estatutos, juramos o prometimos la defensa de la Constitución, de nuestro Estado de derecho y de los derechos humanos. Y, en ese contexto, lo que defiende el ICAM es el Estado de derecho. Lo que expresa el colegio es su preocupación por el mantenimiento de la separación de poderes, por la referencia al lawfare, por la creación de comisiones parlamentarias que revisen la actuación jurisdiccional...