Un grupo de letrados acusa al Colegio de Abogados de Madrid de “defender los intereses políticos” de Ayuso

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha denunciado que la cúpula del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), encabezada por el decano Eugenio Ribón, actúa en “defensa de intereses políticos y personales” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. Este grupo de letrados atribuye a Ribón una “sobreactuación” ajena “a los intereses profesionales” del colectivo, después de que el decano anunciase el lunes que acudirían a los tribunales para impulsar la vía penal por la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid, que el jueves emitió un comunicado para desmentir los datos tergiversados y las acusaciones que el equipo de Ayuso estaba vertiendo contra el ministerio público a raíz del procedimiento abierto contra su pareja, Alberto González Amador, por supuesto fraude fiscal y falsedad documental.

Este miércoles, Ribón se ha desplazado hasta los madrileños juzgados de la plaza de Castilla, donde ha presentado una denuncia por un presunto delito de revelación de secretos. Según el ICAM, al emitir esa nota de prensa, el ministerio público incumplió su deber de “sigilo y discreción”; pese a que la Fiscalía General del Estado argumenta que no se revelaron datos del procedimiento (pues estos ya habían sido “conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración” del Gobierno de Ayuso) y que solo se hizo referencia a “aquellos aspectos (conocidos anticipadamente) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid”.

El equipo de Ayuso lleva días lanzando mentiras y tergiversaciones contra la Fiscalía y periodistas. Este miércoles, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido que propagó un bulo sobre dos reporteros de EL PAÍS que investigaban el caso que cerca a la pareja de la política del PP. Rodríguez también difundió sus nombres y sus fotos, que fueron divulgados por varios medios de comunicación, que no contrastaron las falsas acusaciones de acoso vertidas por el hombre de confianza de la presidenta.

Una operación similar se produjo la noche del miércoles de la pasada semana. El Mundo publicó que, horas después del darse a conocer la denuncia contra González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda, la Fiscalía le ofreció un pacto por correo electrónico. Esa era realmente la versión tergiversada que el equipo de Ayuso estaba difundiendo, con la que buscaba poner en cuestión la actuación del ministerio público. El equipo del PP facilitó, incluso, el contenido de un correo electrónico del fiscal, además de afirmar que este había retirado después el ofrecimiento por “órdenes de arriba”. Así lo repitió también Miguel Ángel Rodríguez, en su cuenta de la red social X (antes Twitter): “Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por e-mail un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.

Esa versión, sin embargo, daba una imagen distorsionada de la realidad. El correo electrónico facilitado por el equipo de Ayuso era el último de una cadena de comunicaciones entre ambas partes, que había comenzado el 2 de febrero el abogado de la pareja de Ayuso para buscar, precisamente, un acuerdo con la Fiscalía. Al filo de la medianoche del miércoles al jueves, la Cadena SER ya publicó el contenido de ese primer correo electrónico del letrado de González Amador, donde además se admitían los dos delitos de fraude fiscal. “Ciertamente, se han cometido”, decía el abogado en el correo del 2 de febrero, enviado a la cuenta de correo electrónico genérica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y que incluía una propuesta adjunta de ocho páginas (esta última no ha salido a la luz).

Avalancha de peticiones de información

El jueves, ante la avalancha de peticiones de información y después de que varios medios (incluido EL PAÍS) publicaran el e-mail del abogado de la pareja de Ayuso, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa. En la denuncia presentada este miércoles, el ICAM pide investigar la difusión de ese comunicado del ministerio público y la filtración del correo electrónico del 2 de febrero, que desmentía la versión de la Comunidad; pero no pide indagar sobre la filtración previa del correo del fiscal, que difundió el equipo de Isabel Díaz Ayuso.

“Consideramos que la actuación de la Fiscalía es, en cualquier caso, reprobable, aunque pretenda justificarse como respuesta a anteriores informaciones que estaban siendo difundidas. Ahora bien, es evidente que la sobreactuación de la junta de gobierno del ICAM, y en especial de su decano, no obedece a la necesidad de defender intereses profesionales colectivos, sino a la defensa de intereses políticos y personales en un asunto muy concreto”, critica ALA. Y explica que el propio abogado de la pareja de Ayuso no ha pedido al Colegio que intervenga en su ayuda. “La declaración institucional y el despliegue de medios técnicos y humanos del ICAM no tiene precedentes”, incide la asociación de abogados. Ribón se ha fotografiado y grabado vídeos este miércoles durante la presentación de la denuncia en los juzgados.

Durante las últimas elecciones a decano del colegio de abogados, la candidata de ALA, Ángeles Chinarro, obtuvo 1.152 votos. Ribón ganó esos comicios con el apoyo de 3.680 colegiados.