El fiscal general defiende su derecho a informar para desmontar las acusaciones del Gobierno de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido este lunes una carta al Consejo General de la Abogacía Española en la que defiende la actuación del ministerio público en la investigación por presuntos delitos fiscales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García Ortiz asegura que la Fiscalía “ha salvaguardado” su “deber de reserva” porque, en la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre los contactos entre el ministerio público y el abogado de González Amador, solo se comunicaron “aquellos aspectos […] que resultaron indispensables para alejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales” de Madrid. García Ortiz recuerda que la existencia del pacto se había dado a conocer “anticipadamente” a la opinión pública por una “indeseable filtración”, en referencia al mensaje publicado el miércoles en la red social X por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Este último reveló que la Fiscalía había contactado con la defensa de González Amador para comunicarle que ya había presentado la denuncia contra su cliente y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena que le correspondía.

La carta del fiscal general está dirigida a la presidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega, en contestación a un comunicado acordado el viernes por el pleno de este órgano bajo el título de Declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad. En ese texto, la Abogacía censuró “la difusión de contenido concreto de las comunicaciones” entre el fiscal y el abogado de un investigado por suponer “una vulneración de la garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre las partes”, y exigió que se investigue para determinar quién es el autor de la filtración e “iniciar acciones penales o disciplinarias”.

La Abogacía no señalaba abiertamente a la Fiscalía, pero sí de manera velada: “Es legítimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación. Sin embargo, para este Consejo dichas comunicaciones no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto”, recogía la declaración, que omite cualquier referencia al mensaje difundido por el jefe de gabinete de Ayuso.

El Consejo de la Abogacía reclamaba también en su escrito la “inmediata constitución” de una comisión mixta entre este órgano y la Fiscalía General del Estado para revisar y actualizar el protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito entre ambos. En la carta remitida este lunes, García Ortiz anuncia que dará instrucciones “de manera inmediata” para poner en marcha esa comisión. También se revisarán, señala el fiscal, los sistemas de seguridad para garantizar que no se produzcan filtraciones de datos y archivos que se encuentren bajo la custodia de la Fiscalía. “Sin duda, será la implementación de nuevas y avanzadas herramientas informáticas la que nos permitirá con solvencia y rigor seguir la trazabilidad de cualquier documentación, así como garantizar la protección de datos reservados”, señala García Ortiz.

El fiscal general se reunió el viernes con la presidenta de la Abogacía y con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, después de que esta institución difundiera el comunicado en el que acusaba directamente a la Fiscalía Provincial de Madrid de haber cometido una “revelación de secretos” de “extrema gravedad” en el caso del novio de Ayuso. El colegio de abogados amenazaba con tomar medidas. García Ortiz constata en la carta enviada a Ortega que en la reunión “se pusieron de manifiesto dos interpretaciones aparentemente antagónicas” sobre lo sucedido con los contactos entre el ministerio público y el abogado de González Amador. “No quiero ahondar en ellas, pero sí resaltar que, pese a los puntos de vista divergentes y a la terminante tutela de los intereses de ambas instituciones por parte de quienes las dirigimos, también hubo un espacio para mirar al futuro y encontrar soluciones de consenso a cuantas complicaciones hayan podido generarse”, señala el fiscal.

García Ortiz añade en su escrito que resulta “incontrovertidamente alejado de la verdad” que el objetivo de la Fiscalía pueda ser interferir “en las sagradas relaciones abogado-cliente”, y más aún revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al ministerio fiscal. “La concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024, y dirigida a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública”, señala el fiscal general.