Registros en la Federación de Fútbol y la casa de Rubiales por supuestas irregularidades en los contratos de la Supercopa en Arabia
La Guardia Civil ha entrado en el domicilio granadino del expresidente, que no está en España, pero se encuentra entre los investigados. González Cueto, la mano derecha del exmandatario, es uno de los detenidos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el marco de una causa sobre supuestas irregularidades en contratos gestados en los últimos cinco años, algunos de ellos vinculados con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, según detallan varias fuentes cercanas a las pesquisas. Los agentes del instituto armado, que también mantienen bajo sospecha contratos sobre eventos celebrados en China y unas obras en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, han arrestado a siete personas (cinco en Madrid y dos en Granada) y, según confirman fuentes policiales y jurídicas, han entrado en la casa de Granada del expresidente de la federación, Luis Rubiales. El exmandatario de la RFEF no se encuentra entre los detenidos, ya que está actualmente fuera de España, pero sí es una de las personas investigadas en esta operación, según cuentan estas fuentes.
Según fuentes de la investigación, el instituto armado contaba con autorización para el registro de una decena de domicilios, además de la sede de la RFEF, y para ejecutar varios requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas. Desde un principio, los investigadores preveían cerrar la operación este miércoles con siete detenidos, a los que se suman otros cinco investigados que no han sido arrestados y otras dos personas bajo sospecha que se encuentran fuera de España y que, según contemplan, podrían quedar bajo custodia policial a su vuelta (el propio Rubiales y el exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo del exdirectivo).
Fuentes policiales confirman que entre los arrestados se encuentran Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF y antiguo hombre de confianza de Rubiales; Pedro González Segura, director de servicios jurídicos, y José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF. Ramón Caravaca, socio del despacho de González Cueto, se encuentra entre los investigados no detenidos, según estas mismas fuentes. En la causa se investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. El presidente interino de la federación, Pedro Rocha, no está entre los investigados.
La bautizada como Operación Brody está dirigida por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, quien la abrió en 2022 y, desde entonces, trabaja en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. En el despliegue de este miércoles, además de la Guardia Civil, participa la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Según fuentes de las pesquisas, los agentes han irrumpido en la sede de la RFEF de Las Rozas (Madrid), donde se busca documentación en los departamentos de Administración, Recursos Humanos y Jurídico. La magistrada ha autorizado los registros después de que se haya eludido durante meses los requerimientos para facilitar documentación que se habían hecho, según añaden fuentes jurídicas. Sin embargo, este miércoles la federación emitía un comunicado en el que aseguraba su disposición a ofrecer “toda la colaboración” e insistía en “llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha”.
Fuentes cercanas a las pesquisas detallan que la Guardia Civil ha procedido al volcado de los correos electrónicos con los que los presuntos implicados intercambiaban mensajes sobre los contratos firmados de la época de Rubiales, que accedió a la presidencia en 2018. Entre ellos están los relacionados con la celebración de la Supercopa de España ―competición que enfrenta a los dos finalistas de la Copa del Rey y a los dos primeros clasificados de la Liga― en Arabia Saudí, que se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación y la empresa Kosmos, de la que es fundador y presidente Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona. El contrato contempla disputarla en este país hasta su edición del próximo año.
La RFEF ha emitido un comunicado en la tarde de este miércoles: “Se ofrecido hoy toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la justicia, tras el registro de su sede. La RFEF ha apostado por una absoluta transparencia en la institución que dirige el fútbol en España. En este sentido, considera que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha. La Federación muestra su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el día de hoy y aboga por ofrecer toda la transparencia posible, haciendo honor a los valores que representa el fútbol y que deben defender sus dirigentes, debiendo ser un ejemplo para la sociedad”.
La querella inicial
El origen de la causa es la querella que presentó en mayo de 2022 Miguel Galán, dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), en nombre de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. En aquella denuncia, Galán se querellaba tanto contra Rubiales como contra Piqué por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. En el texto, el directivo de Cenafe acusaba al primero de cuatro supuestas irregularidades, entre ellas las referidas al contrato para la celebración de la Supercopa.
Además, la querella ponía el foco en otros tres gastos. En primer lugar, la presunta contratación por parte de la RFEF de una agencia de detectives a través de una empresa pantalla para espiar durante varios días en octubre de 2019 a David Aganzo, presidente de la AFE, el principal sindicato de futbolistas y con el que se encontraba enfrentado Rubiales. La querella, que recogía informaciones periodísticas, cuantificaba el gasto de aquellos supuestos seguimientos en 11.764 euros. También acusaba al expresidente de la federación de haber percibido, presuntamente de modo irregular, 3.100 euros mensuales durante nueve meses para alquilar un piso de lujo de 125 metros cuadrados en el centro de Madrid, así como de pagar con dinero de la federación un viaje de placer de seis días a Nueva York en octubre de 2018 con su pareja sentimental.
La caída de Rubiales
Luis Rubiales, que se encuentra inhabilitado por la FIFA por un plazo de tres años, salió de la cúpula de la RFEF el pasado septiembre. Abandonó la presidencia después de aferrarse durante días al cargo pese al escándalo que lo cercaba por darle un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial femenino. Por esos hechos, la Audiencia Nacional le abrió una investigación y, después de varios meses de instrucción, el magistrado Francisco de Jorge concluyó que existen “sólidos indicios” de que el beso “no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva” del entonces máximo directivo del fútbol español. La querella de la Fiscalía imputaba a Rubiales un presunto delito de agresión sexual y otro de coacciones, debido a las maniobras urdidas posteriormente en el seno del organismo para intentar que la deportista compareciera en público para avalar la actuación del presidente.
La salida de Rubiales de la federación, que arrastró a otros consigo, provocó una serie de cambios y dejó como presidente interino a uno de sus hombres de confianza, Pedro Rocha, que debía convocar elecciones. Así le apremió el Consejo Superior de Deportes (CSD), que se pronunció hace solo unos días y tras informe del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD). El CSD invita a celebrar dos procesos electorales en los próximos meses para elegir presidente y renovar a la asamblea. En ese sentido, Rocha, que no está ni detenido ni investigado, tenía previsto disolver la junta gestora a las cuatro de la tarde de este miércoles y convocar las elecciones, pero se ha suspendido la reunión de la junta gestora con la entrada de la UCO a la federación.
“Hemos entrenado tan normal”
Los registros han coincidido con la presencia de la selección absoluta en la residencia de la Ciudad del Fútbol. Pero han tardado en enterarse, como ha contado el portero del Arsenal David Raya: “Nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal… Yo no me he dado cuenta de lo que estaba pasando”, ha dicho en una rueda de prensa ofrecida mientras los agentes seguían en el edificio de oficinas.
La actividad alrededor de la selección de Luis de la Fuente seguía con normalidad aparente mientras la Guardia Civil revisaba documentos. La prensa entró a las instalaciones de la federación como cualquier otro día, aunque supervisados por un contingente de efectivos de seguridad privada algo mayor que en otras ocasiones. Supervisaban que no se produjeran desvíos de personal hacia el edificio de oficinas, avisaban por radio de las personas que pasaban por cada punto para que no faltaran en el siguiente y se esmeraban en que se abandonaran las instalaciones cuando acababan las actividades de prensa. “No se puede grabar vídeo. Si ya ha acabado, tiene que salir”, decían.
Entre el grupo de futbolistas, la mañana transcurrió por el curso normal de desayuno, preparativos, entrenamiento, ducha y atención a medios. El único rastro de la actividad ordenada por el juzgado, que incluía la previsión de siete detenciones, fueron las bromas de algún jugador con el personal federativo: “Come algo ahora, no vaya a ser…”. Entre los empleados que se ocupaban del equipo circulaba poca información de lo que sucedía en los despachos. Desde la distancia, se divisaba a una decena de trabajadores en la terraza de la cafetería, al aire de una soleada mañana primaveral.
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