El Colegio de Abogados de Madrid anuncia que denunciará a la Fiscalía por su actuación en el caso contra la pareja de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado este lunes que presentará una denuncia en los tribunales por la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado jueves, cuando el ministerio público emitió un comunicado para desmentir los datos tergiversados y las acusaciones que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), estaba vertiendo contra este órgano a raíz del procedimiento abierto contra su pareja (Alberto González Amador) por supuesto fraude fiscal y falsedad documental. El ICAM ha afirmado que pretende así depurar “posibles responsabilidades penales” por la supuesta revelación de conversaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de la jefa del Gobierno autonómico.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya remitió este lunes una carta al Consejo General de la Abogacía Española para defender la actuación del ministerio público. Según explica García Ortiz en esta misiva, el comunicado del jueves no reveló datos del procedimiento (pues estos ya habían sido “conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración” del Gobierno de Ayuso), sino que solo hizo referencia a “aquellos aspectos (conocidos anticipadamente) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid”. “Cuya profesionalidad y honorabilidad debo proteger y defender ante todo”, incide el fiscal general.

Todo comenzó en la noche del pasado miércoles. El Mundo publicó que, horas después del darse a conocer la denuncia contra González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda, la Fiscalía le ofreció un pacto por correo electrónico. Esa era realmente la versión tergiversada que el equipo de Ayuso estaba difundiendo entre periodistas de diferentes medios, con la que buscaba poner en cuestión la actuación del ministerio público, contra el que la propia presidenta ya había cargado con anterioridad. La dirigente popular se había presentado como víctima de un complot de “todos los poderes del Estado”.

En la noche del miércoles, el Gobierno de Ayuso aseguró a varios periodistas que el fiscal Julián Salto había ofrecido a González Amador un pacto tras darse a conocer la denuncia. El equipo del PP facilitó, incluso, el contenido de un correo electrónico del fiscal, además de afirmar que este había retirado después el ofrecimiento por “órdenes de arriba”. Así lo repitió también al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su cuenta de la red social X (antes Twitter): “Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.

Esa versión, sin embargo, daba una imagen distorsionada de la realidad. El correo electrónico facilitado por el equipo de Ayuso era el último de una cadena de comunicaciones entre ambas partes, que había comenzado el 2 de febrero el abogado de la pareja de Ayuso para buscar, precisamente, un acuerdo con la Fiscalía. Al filo de la medianoche del miércoles al jueves, la Cadena SER ya publicó el contenido de ese primer email del letrado de González Amador, donde además se admitían los dos delitos de fraude fiscal. “Ciertamente se han cometido”, decía el abogado en el correo del 2 de febrero, enviado a la cuenta de email genérica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y que incluía una propuesta adjunta de ocho páginas (esta última no ha salido a la luz).

Ya el jueves, ante la avalancha de peticiones de información y después de que varios medios de comunicación (incluido EL PAÍS) publicaran el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha dicho este lunes que esa actuación del ministerio público supone una vulneración del derecho de defensa y “una ruptura del secreto profesional”: “[El comunicado] recogía datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenidos de conversaciones y reuniones”.

“La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del ministerio fiscal”, ha insistido Ribón, que ha anunciado este lunes que la junta de Gobierno del ICAM ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para la presentación de una denuncia por la actuación de la Fiscalía por supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Pese a las preguntas de los periodistas, Ribón no ha querido pronunciarse sobre la actuación del equipo de Ayuso. En su comparecencia, durante la que ha apuntado que también acudirán a la vía administrativa, el decano tampoco ha precisado qué datos concretos habría revelado la Fiscalía en su nota de prensa que no hubiesen sido ya publicados por medios de comunicación; y cómo esos supuestos datos revelados vulnerarían el derecho de defensa.