Ayuso, sobre la investigación a su pareja: “Mientras esté legal, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado este miércoles como víctima de una operación de desestabilización política pergeñada por el PSOE para tapar el escándalo del caso Koldo y la tramitación de la ley de amnistía. Tras conocerse que la Fiscalía acusa a su pareja, Alberto González Amador, de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, la política conservadora ha defendido que el comisionista es víctima de una “inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”; ha asegurado que el consultor está siendo “asediado” por “todos los poderes del Estado” solo por ser su novio y ha negado que empleara facturas falsas o sociedades pantalla para no tributar 351.000 euros entre 2020 y 2021, como afirman los investigadores. Así, solo horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera su dimisión, Díaz Ayuso ha aplicado la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y ha llegado a afirmar que es Hacienda quien debe 600.000 euros a su pareja (cifra que se correspondería a la multa, ya pagada, por los hechos investigados, que abarcarían de 2018-2022).

“Si, después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprar una casa, un coche o siete, mientras esté legal, mientras esté todo en a, mientras esté ante notario, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”, ha sentenciado Díaz Ayuso sobre el piso de lujo y el bólido de alta gama que compró González mientras su empresa, Maxwell Cremona, multiplicaba por seis sus ventas gracias a su labor como comisionista en la venta de mascarillas, guantes o gafas de protección durante lo peor de la pandemia. “Mi responsabilidad estaría si el dinero de la Comunidad, el de los contribuyentes, o mi cargo, se hubieran usado para conseguir algo de eso, que es lo que está sucediendo en Moncloa”, ha seguido. “Buscan desestabilizarme a través de mi destrucción personal”, ha asegurado. “Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar”.

Todo ha ocurrido en Leganés, hasta donde Díaz Ayuso se ha desplazado para presidir un Consejo de Gobierno extraordinario. Para cuando la presidenta regional llega al Ayuntamiento de la localidad, los teléfonos de sus asesores llevan horas sonando sin parar. Primero, porque se ha conocido que su pareja facturó más de un millón a una empresa que se enriqueció con mascarillas de China. Y segundo, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para reclamarle al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la baronesa por la polémica.

―Aunque le cueste el puesto como a Casado, apostilla Sánchez.

Pero no es Sánchez el único que se acuerda del expresidente del PP. Igual que en 2022, cuando Casado cuestionó que una empresa que había contratado con la Comunidad le hubiera pagado una comisión de 234.000 euros al hermano de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso protagoniza este miércoles una dura intervención para intentar defender la inocencia y el honor de su pareja.

“Aquí no hay un caso político, hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros”, ha acusado Ayuso. “Lo más sospechoso, lo más turbio, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político. Y por una cosa: por tener una relación sentimental”, ha añadido.

¿A qué se deben esos 600.000 euros? Un colaborador de la presidenta explica que González Amador pagó en 2022 esa cifra en concepto de multa por los hechos que ahora ha denunciado la Fiscalía a instancias de Hacienda, que detectó unas presuntas facturas falsas. Estas fueron emitidas por Maxwell Cremona, la empresa de la pareja de Díaz Ayuso, “con la única finalidad de reducir la tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”. Al superar la cantidad de lo presuntamente defraudado, los 120.000 euros, se abre la vía penal, además de la administrativa.

“Él pagó de más cuando abonó la multa en julio de 2022″, explica este interlocutor, sin dar más detalles. “No es verdad que Hacienda le pida eso: ya lo pagó”, añade, en referencia a los 351.000 euros en los que cifra la denuncia el presunto fraude. Un delito que niegan el investigado y la presidenta regional.

“Si soy culpable de algo es de tener una relación con un ciudadano anónimo”, ha dicho Díaz Ayuso durante su comparecencia. “No hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid”, ha recalcado. Y ha ironizado: “La próxima vez que salga con alguien, le pediré el currículum, el certificado de Hacienda y el certificado de vacunación”.

Estas explicaciones no convencen a la oposición. Por ello, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha registrado una comisión de investigación en la Cámara madrileña para tratar los contratos de la empresa del novio de la presidenta, mientras que el PSOE pedirá todos los documentos que relacionen a la Comunidad con el grupo Quirón, “el principal cliente de la pareja de Ayuso”.

En concreto, la nueva comisión que ha registrado la formación de Bergerot se centra en las “comisiones del hermano y del novio”, según ha explicado la portavoz en declaraciones en la Asamblea. La mayoría absoluta del PP impedirá con toda seguridad que comience la investigación.

“No vamos a participar en el intento de convertir la Asamblea de Madrid en una Cámara que haga juicios políticos a personas particulares en su relación con la Agencia Tributaria”, ha dicho el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache. “Solo faltaría que la Asamblea de Madrid se dedicara a investigar a particulares”.

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