La pareja de Ayuso facturó más de un millón a una empresa que se enriqueció con mascarillas de China

El 5 de mayo de 2020, Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó 1.009.527,02 euros a la compañía FCS Select Products S. L., una organización con sede en Barcelona y contactos en China que empezó a importar mascarillas en lo peor de la pandemia pese a dedicarse al sector de las bebidas energéticas. La factura, a la que accedió EL PAÍS, forma parte de la denuncia contra el empresario por presuntamente defraudar 350.951 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y se emitió bajo el concepto de “comercialización de clientes”. Una referencia a su labor de mediación entre vendedor y comprador del material sanitario importado: en otras palabras, una comisión. A esa factura se añadiría una segunda de más de un millón de euros fechada el 5 de agosto de 2020 con el mismo concepto, según eldiario.es, lo que se correspondería con una comisión que disparó los ingresos procedentes de FCS a unos dos millones. Casi dos años después, el PP de Madrid, que preside Díaz Ayuso, denunció a FCS Select ante la Fiscalía Anticorrupción por sus contratos con la Administración central, que superaron los 263 millones.

La vinculación con FCS fue clave para la repentina buena marcha de los negocios de Maxwell, la empresa de la pareja de Díaz Ayuso. Entre 2019 y 2020, la empresa multiplicó por seis las ventas mientras el mundo luchaba contra el coronavirus. Así, Maxwell Cremona pasó de ingresar 357.773 euros en 2019 a realizar ventas por 2,3 millones en 2020, y 1,3 millones en 2021. “Vendía material sanitario”, afirma sobre González una fuente conocedora de cómo funcionaba durante la pandemia el mercado de la salud, en el que el intermediario empezó a trabajar en enero para conseguir mascarillas o guantes antes de que se declarara la pandemia mundial.

En 2020, la parte del león a su negocio la aportó FCS Select Products S. L., que a su vez recibió más de 263 millones de euros del Gobierno central para que proporcionara 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, 10 millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. Contactada por este diario, la compañía declinó hacer declaraciones. Tampoco las hizo cuando el PP denunció los contratos firmados con el Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa como ministro, al considerar que habían sido dados a dedo, sin publicidad, pese a que no tenía empleados, y aunque uno de los administradores solidarios de la empresa, Mayra D. C., se había declarado culpable de estafa agravada en febrero de 2016 tras llegar a un pacto con la Fiscalía, según publicó El Confidencial.

En 2021, el principal cliente de la empresa de la pareja de Díaz Ayuso, según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, fue el grupo Quirón Salud. Este transatlántico de la sanidad gestiona cuatro hospitales de la red pública de Madrid, proporcionó todo tipo de servicios durante la pandemia, y en solo seis meses de 2022 recibió más de 1.200 millones del Gobierno de Díaz Ayuso para saldar deudas pendientes desde hacía casi un decenio.

“Alberto González lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”, afirma un portavoz de Quirón, que declina precisar por qué servicios facturó el consultor al conglomerado. “González Amador se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003, y QuironPrevención asumió y continuó este y otros servicios cuando adquirió esta mutua en el 2015; y hasta la actualidad”, añade, recalcando que González no trabajó en el periodo investigado para Quirón Salud, pese a que así lo recoja la denuncia. Y subraya: “Todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”.

Quirón Prevención tuvo una intensa actividad durante lo peor de la pandemia. Ofreció desde servicios de rastreadores de contagiados a la Comunidad de Madrid a exámenes médicos al Ministerio de Defensa, pasando por la elaboración de sellos que garantizaban la ausencia de covid en empresas y escuelas, la gestión de PCRs, la dotación de sanitarios para hacer test de antígenos en hoteles habilitados por la Comunidad de Madrid, o servicios externos de prevención de riesgos laborales relacionados con el virus en múltiples compañías privadas y empresas públicas que adaptaron sus instalaciones siguiendo sus protocolos.

Así, la empresa debió nutrirse de material sanitario (mascarillas) y pruebas para detectar el virus, pues elaboró protocolos de gestión de la salud de los asistentes a eventos como la regata The Ocean Road, manteniendo su actividad comercial en 25 países y sus oficinas en países como Perú, Ecuador, Colombia o México.

Pese a la polémica, la Comunidad de Madrid se limitó este martes a declararse ajena a un asunto que no implica a un cargo público, pese a que la presidenta regional fuera la pareja de González ya en el momento en el que se cometieron las presuntas irregularidades denunciadas. El comisionista está acusado de dos delitos de fraude fiscal y un tercero por falsedad documental.

“Ahora tocaba el novio, es parte de lo que llevo sufriendo cinco años”, dijo este martes la propia Díaz Ayuso, en referencia a las polémicas sobre el caso Avalmadrid (un aval de 400.000 euros nunca devuelto al completo por una empresa participada por su padre) y el caso Tomás Díaz Ayuso (la comisión de 234.000 euros cobrada por el hermano de la presidenta por traer mascarillas para cubrir el contrato de una empresa con Madrid). Y ha añadido: “(...) Esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid”.

En este caso, la denuncia de la Fiscalía se centra en describir las supuestas facturas falsas para deducir gastos y no especifica en qué consistieron las ventas de Maxwell, una sociedad sin empleados creada por González en Madrid en 2016 y cuyo objeto social es la consultoría energética. Según la denuncia, parte de las ventas también fueron realizadas por otra sociedad de González sin empleados, Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL. Esta empresa fue constituida en 2008 para la distribución de productos de cosmética, pero cambió su objeto social para dedicarse al suministro de productos sanitarios y de parafarmacia.

“Se ha detectado que dicha sociedad [Maxwell], con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”, se lee en la denuncia.

Las empresas que presuntamente asistieron a Maxwell para rebajar la cuota tributaria se dedican a actividades variadas y ninguna en apariencia tiene conexiones con el sector sanitario. Se trata de cinco radicadas en Sevilla —Púrpura Star (productos fotovoltaicos), Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo (actividades auxiliares a fondos de pensiones), Desarrollo Social de CEE el Manantial (educación, limpieza y jardinería), Bianconera de Servicios Profesionales (actividades inmobiliarias) Bianconera Spa SL (impresión de periódicos y otras actividades manufactureras)— una compañía con sede en Costa Rica, Gayani Ltd, y otra en México, MKE Manufacturing SA de CV. En total, estas compañías habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros, según la investigación.

González había sido descrito previamente en reportes de prensa como un técnico sanitario, sin más detalles. Antes de la pandemia, aparece en el Registro Mercantil como administrador de microempresas. Además de las antes mencionadas, en 2009 constituyó Massias & Kuhne, dedicada a la asesoría empresarial y extinguida en 2016. También figura como apoderado desde 2015 de la mutua Fraternidad Muprespa, una gran compañía con más de 1.000 empleados y 85 centros dedicada a la prevención de riesgos laborales, que acabó integrada en el grupo Quirón, que luego constituiría la marca Quirón Prevención.

Después de los hechos investigados, en abril de 2022, González montó una nueva sociedad, dedicada al hospedaje turístico y llamada October Twelve Accomodation SL.

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