Ayuso se erige como un nuevo ejemplo de los señalamientos del PP a fiscales y magistrados

Hace apenas un mes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, compareció en público para “exigir al Gobierno” de Pedro Sánchez (PSOE) que “respete las resoluciones” de los fiscales. La popular pidió al Ejecutivo socialista que dejase de “presionar” a los miembros del ministerio público después de que la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciase por amplia mayoría que existían indicios para investigar por delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en el llamado caso Tsunami Democràtic. Este martes, sin embargo, la cúpula del partido conservador ha guardado silencio ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha atacado a la Fiscalía de Madrid tras conocerse que esta había denunciado a su pareja por defraudar 350.951 euros a Hacienda.

El PP —que lleva meses criticando al Gobierno por cuestionar la existencia de un delito de terrorismo en la investigación del caso Tsunami y por los señalamientos de los partidos independentistas a jueces concretos— acumula un largo historial de ataques a fiscales, magistrados y policías que han puesto contra las cuerdas a la formación. Aquí, una muestra:

El señalamiento de Ayuso. La presidenta de la Comunidad ha decidido este martes colocar la diana en la figura de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. Tras conocerse que la Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de la dirigente popular (Alberto González Amador) por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, Ayuso ha puesto un tuit para señalar a la representante del ministerio público: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con [José Luis Rodríguez] Zapatero”. Lo cierto es que Rodríguez no es la fiscal que firma la denuncia contra la pareja de la jefa del Gobierno autonómico y, además, durante su mandato, la Fiscalía de Madrid se ha pronunciado en diferentes ocasiones a favor de los intereses de su Ejecutivo: por ejemplo, no vio “relevancia penal” en denuncias por las muertes por covid en las residencias.

Monago acusa a un juez de ‘lawfare’. El pasado 12 de diciembre, el senador popular José Antonio Monago cargó con datos falsos contra el magistrado José Ricardo De Prada, uno de los jueces de la Audiencia Nacional que firmó la primera condena al PP por el caso Gürtel, al que acusó de haber cometido el “mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España”. Monago afirmó que De Prada “introdujo” en el dictamen un párrafo que “fue sacado” después por el Tribunal Supremo y que “provocó la caída del Gobierno de [Mariano] Rajoy”. Sin embargo, el alto tribunal no solo nunca eliminó esa frase a la que se refería el parlamentario, sino que dio por probada la existencia de una caja b en el PP que costeó gastos electorales de la formación y que se reflejaba en los papeles de Bárcenas. Días después del ataque al juez, Monago rectificó en parte y dijo que su alusión a De Prada fue “desafortunada”.

Pons llama “cáncer” al Tribunal Constitucional. El pasado enero, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se lanzó duramente contra el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, al que calificó como “el cáncer del Estado de derecho [que hay] hoy en España”. El dirigente popular insistió en que la mayoría de magistrados del tribunal de garantías “votará siempre lo que diga Conde-Pumpido, que está en conexión política con el Gobierno”. También acusó al Constitucional de estar “contaminado políticamente” y de “interferir en el trabajo del Poder Judicial”.

Contra el investigador de la trama Gürtel. Durante años, el PP ha mantenido en el objetivo a Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, la trama de corrupción que anidó en la formación, y que le ha supuesto ya tres condenas al partido. Diferentes miembros del PP han atacado al agente en el Congreso y en los tribunales, donde el PP llegó a pedir sin éxito en 2021 a la Audiencia Nacional que lo apercibiera por “mala praxis” y por una “reprobable conducta”.

Camps contra Anticorrupción. Francisco Camps, expresidente valenciano (PP), mantiene una intensa guerra contra la Fiscalía Anticorrupción, que lo sentó en 2023 en el banquillo por su presunta implicación en Gürtel —un juicio que se encuentra pendiente de sentencia—. Camps y su abogado, que hablan de la “Fiscalía Anticorrupción del PSOE”, han acusado al ministerio de someterlo a una “persecución inmisericorde” para intentar “destruirlo”, fruto de una obsesión “psicopatológica” que “desborda” la legalidad.

“Una trama contra el PP”. Tras estallar el caso Gürtel, en febrero de 2009, Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa para denunciar la existencia de “una trama contra el PP”, en la que incluyó a jueces, fiscales y policías. “Nunca, ni con [Adolfo] Suárez, [José María] Aznar o [Felipe] González, se hizo un uso tan partidista de la Fiscalía”, dijo el entonces presidente de los populares: “Se detiene a militantes del PP con policías encapuchados a los que se les hace un daño irreparable, y luego son puestos en libertad. Es evidente el distinto rasero. El 100% de los casos afectan al PP. No al PSOE. Esto no casa con el Estado de derecho”. El caso Gürtel, que aún tiene pendientes varias ramas por juzgar, acumula actualmente cerca de 80 condenados a cárcel (entre ellos, decenas de cargos, asesores y familiares de la formación conservadora).