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Los escándalos que afectan al PP

Rajoy ve una trama de jueces, fiscales y policías

El PP se defiende atacando: recusa a Garzón, rompe conFernández Bermejo y habla de una conspiración en su contra

Los dirigentes del PP llevaban días agobiados, mirando con desesperación las terribles noticias que entraban en sus móviles corporativos, buscando como fuera una salida. Hasta que creyeron encontrarla en un fallo de imagen del supuesto enemigo. El del juez Baltasar Garzón, que durante el fin de semana compartió cacería en Jaén con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aficionado a la escopeta.

De ese gancho colgaron ayer Mariano Rajoy y toda la cúpula del PP una auténtica teoría de la conspiración en la que las acusaciones de corrupción que afectan a su partido están montadas por "una trama contra el PP" compuesta por Garzón, la fiscalía, el ministro, la policía que las ha investigado, los detenidos que airean acusaciones contra el partido, los denunciantes -algunos de ellos del PP-, los que filtran grabaciones y los medios de comunicación, como EL PAÍS, que las publican.

Nunca, ni siquiera cuando perdió las elecciones, había comparecido Rajoy con tanta gente detrás, en señal de unidad y para resaltar la gravedad del momento, una de las peores crisis del partido. Aunque ni siquiera fue idea suya. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, lo propuso en la reunión del Comité Ejecutivo, aunque dejó claro que era idea de Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana. Rajoy había previsto que compareciera Dolores de Cospedal, la secretaria general.

El PP, acosado por los escándalos que llegan a las portadas de algunos periódicos -la mitad de la prensa conservadora silencia el caso- se defendió atacando, de manera muy similar a la del PSOE en 1992, cuando estalló Filesa. Entonces, los socialistas recusaron al juez, Marino Barbero, y arremetieron contra él.

El PSOE de Felipe González hablaba en 1992 de "sumarios de interminable y heterodoxa instrucción que mantienen bajo continua sospecha de inespecificados delitos al partido". El PP de Rajoy sostuvo ayer que su partido "está en una indefensión absoluta". "Las filtraciones del sumario son un atentado frontal al Estado de derecho. Sólo hay dos dirigentes locales del PP imputados. Ambos han dimitido. Todos nuestros contratos están en el Tribunal de Cuentas. Exigimos que se levante todo el secreto del sumario. No podemos defendernos", insistió. La estrategia de atacar para defenderse también es muy similar a la que el PP utilizó en 1987, con el caso Naseiro. Entonces el juez atacado se llamaba Luis Manglano.

Pero el líder del PP, aplaudido al final por toda la cúpula de su partido, fue ayer mucho más lejos en su teoría de la conspiración cuando identificó a los protagonistas.

Primero, la fiscalía: "Nunca, ni con Suárez, Aznar o González, se hizo un uso tan partidista de la fiscalía". Luego, la policía, esto es el Ministerio del Interior. "Se detiene a militantes del PP con policías encapuchados a los que se les hace un daño irreparable, y luego son puestos en libertad. Es evidente el distinto rasero. El 100% de los casos afectan al PP. No al PSOE. Esto no casa con el Estado de derecho".

Después, el ministro de Justicia. "Pedimos su comparecencia, porque el fin de semana en el que se hicieron públicas algunas filtraciones de este sumario, se ha ido de cacería con el juez de la Audiencia Nacional que instruye este sumario. Es un acto obsceno. Liquida la calidad de la democracia, es inaceptable en la octava o novena potencia del mundo. Pediremos explicaciones al Poder Judicial. El PP rompe cualquier interlocución con Justicia mientras el señor Bermejo siga siendo el titular de ese ministerio". Rajoy estaba así, oficialmente, rompiendo también el pacto de la Justicia, firmado con Bermejo.

Y por último, y más definitivo, el juez, el mismo que enjuició a la cúpula del PSOE por el terrorismo de Estado de los GAL, al dictador chileno Pinochet, a decenas de narcotraficantes, el magistrado más conocido de España y probablemente del mundo, Baltasar Garzón. "El PP cree que el juez Garzón debe abstenerse en esta causa en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la Justicia. Y el PP, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón".

El PP, que sufre uno de los peores momentos a sólo dos semanas de las elecciones gallegas, claves para consolidar o debilitar aún más el liderazgo de Rajoy, ha decidido convertir este ataque sin matices en su única defensa ante lo que pueda llegar, consciente de que Francisco Correa y los suyos, después de 15 años trabajando codo a codo con la mitad del PP, pueden seguir soltando acusaciones de todo tipo. Y por eso, olvidados los primeros días en los que Rajoy evitaba el asunto, ahora incluso anuncia que lo llevará al Congreso para preguntarle al presidente del Gobierno. El PP trata así de darle la vuelta a la tortilla. Sólo el resultado de las elecciones demostrará el efecto de la nueva estrategia.

Lo que Rajoy no cuenta

- 'Caso Telde'. "Ayer conocimos que tres personas del PP, concejales, detenidos hace dos años en Telde [Gran Canaria] con televisiones y con policías encapuchados se les ha dejado libres sin cargos", señaló Rajoy. Lo que olvidó contar es que el juez, en el mismo auto donde archivaba las actuaciones sobre tres ex concejales, imputaba a otros siete, entre ellos el ex alcalde y la ex concejal de Obras, por tráfico de influencias, cohecho (cobro de comisiones de entre el 6% y el 20% de lo presupuestado) y prevaricación en relación con una supuesta financiación ilícita del PP.

- 'Caso del lino'. Rajoy: "En aquella ocasión se manchó el nombre de muchos dirigentes del PP y en particular el nombre de nuestra candidata número uno, Loyola de Palacio. Ese asunto al final quedó en nada". Fue De Palacio quien llevó el caso a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Europea Antifraude denunciara una trama de cazaprimas en España y reclamase la devolución de las subvenciones.

- Sólo casos del Partido Popular. Rajoy: "El 100% de los casos sólo afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". En los dos últimos años, la Fiscalía ha actuado contra los alcaldes socialistas de Estepona (Málaga), Ciempozuelos (Madrid), Seseña (Toledo), Los Alcázares (Murcia) o Bigastro (Alicante), entre otros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 2009

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