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La junta de fiscales del Supremo aprecia indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont

El órgano rechaza el informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que solo veía desórdenes públicos en las protestas contra la sentencia del ‘procés’. La discrepancia la resolverá la teniente fiscal del tribunal

Carles Puigdemont
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas, el pasado noviembre.OLIVIER MATTHYS (EFE)
J. J. Gálvez

La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que este martes debatía el caso Tsunami Democràtic, ha apreciado por 12 votos a 3 que existen indicios de un delito de terrorismo en los disturbios que se produjeron en Cataluña en 2019 tras la sentencia del procés. Además, por 11 votos a 4, la junta ve indicios para imputar en el caso al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido desde 2017 y uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía pactada por el Gobierno y los partidos independentistas. Tras una reunión que se ha prolongado durante más de cuatro horas, la junta de fiscales ha rechazado la ponencia inicial elaborada por el fiscal Álvaro Redondo, que iba en sentido contrario: descartaba el delito de terrorismo y la imputación de Carles Puigdemont. Redondo, fiscal del sector conservador, consideraba que, como mucho, se produjeron desórdenes públicos en las movilizaciones impulsadas en 2019 por Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia que condenó a 12 dirigentes del procés.

Según fuentes fiscales, tras un largo debate, el resultado ha sido aplastante en contra de la tesis de Redondo. En sus intervenciones, no obstante, se han manifestado en términos opuestos los dos jefes de la junta de fiscales (Fidel Cadena ha votado a favor de imputar terrorismo y Joaquín Sánchez-Covisa en contra). Y esa discrepancia tendrá que resolverla ahora, con un nuevo informe, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que fue nombrada por la progresista Dolores Delgado, anterior fiscal general del Estado. En todo caso, ese informe final que elevará la Fiscalía no es vinculante para el tribunal, que tiene la última palabra.

Así lo ha explicado este martes la Fiscalía General del Estado en un breve comunicado: “Ante las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la junta, y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo Penal, ambos han elevado estas discrepancias a su superior jerárquica, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que será quien resuelva”. Según fuentes fiscales, Sánchez Conde puede asumir en ese informe el criterio de la mayoría de la junta o bien, por ejemplo, rechazar la postura mayoritaria al considerar que el principio de unidad de acción del ministerio público impide contradecir el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no vio delito de terrorismo ni implicación de Puigdemont.

El informe exculpatorio del fiscal Álvaro Redondo mantenía esa línea fijada por Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y también perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales, que descarta igualmente el terrorismo y defiende enviar la causa a los juzgados de Cataluña. Todo ello en contra del criterio del juez instructor, Manuel García-Castellón, que remitió a mediados de noviembre una exposición razonada al Supremo para que este decidiera si asume el caso al haber dos aforados: Puigdemont, que es eurodiputado, y Rubén Wagensberg, miembro de la mesa del Parlamento catalán. Con la decisión de este martes, el magistrado García-Castellón recibe el respaldo de la junta de fiscales.

El caso Tsunami se abrió en 2019 en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo. Tras cuatro años de pesquisas (la mayor parte del tiempo, bajo secreto de sumario), García-Castellón emitió el pasado 6 de noviembre un auto para impulsar la imputación, entre otros, de Puigdemont (líder de Junts), Wagensberg y Marta Rovira, secretaria general de ERC. Esta resolución estalló en plenas negociaciones sobre la ley de amnistía, clave para que Pedro Sánchez obtuviera el apoyo de Junts a su investidura como presidente del Gobierno. Y, desde ese momento, el caso Tsunami ha protagonizado buena parte del debate político y jurídico en España.

El debate sobre terrorismo

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La batalla sobre si los hechos investigados se pueden considerar terrorismo —un delito que no estaría cubierto por la amnistía en todos los supuestos— lo ha marcado todo. El fiscal Miguel Ángel Carballo recurrió el dictamen del magistrado ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, al no ver indicios para mantener ese delito ni pruebas suficientes para implicar al expresident. García-Castellón, sin esperar a que este órgano resolviese las alegaciones del ministerio público, se dirigió al Tribunal Supremo para que asumiera la causa. Y, a continuación, el alto tribunal pidió a la Fiscalía del Supremo que se pronunciara sobre si debe hacerlo.

La Fiscalía del Supremo encargó el caso por turno de reparto a Álvaro Redondo, que elaboró un dictamen donde mantiene la línea de su compañero Carballo y descarta que haya indicios de terrorismo. Después de publicar El Mundo que Redondo había hecho un primer informe en sentido contrario —apostando por investigar a Puigdemont por terrorismo— y luego lo había cambiado tras reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el propio Redondo emitió el lunes un comunicado para desmentirlo. El fiscal ponente aseguró que no había recibido ninguna presión por parte de García Ortiz, y que lo que había ocurrido es que él había cambiado de criterio tras analizar la causa a fondo. Ese segundo y definitivo informe de Redondo que descarta terrorismo en el caso Tsunami es el que ha debatido, votado y finalmente rechazado este martes la junta de fiscales de lo Penal del Supremo.

Respeto y postura no “definitiva”

Tras conocerse esta decisión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado el “respeto” del Ejecutivo a la votación de la junta de fiscales, pero ha recordado que esta postura no es “definitiva”. “Nuestro respeto a los criterios jurídicos que se han expuesto, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de este país”. En idéntica línea se ha pronunciado Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia: “Lo que ha pasado en la junta de fiscales es [una muestra de] normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Piden la ponencia de un fiscal y ha habido un debate jurídico. Estado de Derecho, normalidad democrática y normalidad institucional”.

La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha manifestado su satisfacción por el resultado del acuerdo de los fiscales del Supremo: “Yo creo que hay que valorar la imparcialidad de la junta de fiscales, que no se somete a ningún tipo de presión por parte del presidente del Gobierno, que la pasada semana calificaba, como si él fuera juez y parte. Ni tampoco asumen presiones por parte de la Fiscalía General del Estado”. La dirigente del PP ha criticado también las palabras de Alegría: “Esa advertencia, recordando a los fiscales quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución. Por tanto, lo que exigimos al Gobierno es que respete las resoluciones y que no les presione como ha hecho [este martes], recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se calificará”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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