Los fiscales del Supremo se reúnen para estudiar el ‘caso Tsunami’ en plenas maniobras para boicotear la ley de amnistía

La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo prevista para este martes, durante la que se estudiará el caso Tsunami Democràtic, se celebrará en medio de una gran tensión. Mientras la derecha política ha multiplicado sus maniobras para tratar de boicotear la ley de amnistía —que beneficiaría al expresident Carles Puigdemont, investigado en ese sumario—, la tormenta ha estallado también en el ministerio público. Álvaro Redondo, el fiscal encargado de defender en el alto tribunal la propuesta que descarta la imputación del político catalán por terrorismo, tuvo que emitir este lunes un inaudito comunicado para desmentir que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le hubiera dado “instrucciones” o “sugerencias” para defender esta postura. Lo hizo después de que el PP insinuase que la cúpula fiscal lo presionó, basándose en informaciones publicadas, que han sido negadas por Redondo y la Fiscalía General del Estado.

Todo estalló en la noche del domingo, cuando trascendió que Álvaro Redondo no apreciaba un delito de terrorismo en el caso Tsunami (solo desórdenes públicos) y se oponía a imputar a Puigdemont, en contra de la petición enviada al Supremo por el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de estas pesquisas en la Audiencia Nacional. La postura de Redondo —perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales y que, solo en la segunda mitad de 2023, ha publicado hasta cuatro artículos en La Razón donde califica como “inconstitucional” una amnistía— coincide con la de Miguel Ángel Carballo, el fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y miembro también del mismo colectivo conservador, quien ya se había pronunciado en contra de la implicación del expresident ante la falta de indicios.

La opinión de Redondo tiene su trascendencia. Es el fiscal del Supremo designado por reparto para estudiar el caso. Su posición, que no es vinculante, se llevará este martes a la junta de fiscales, donde debe debatirse si se mantiene y es, por tanto, la respuesta que se da a la Sala de lo Penal del alto tribunal. Esta había pedido al ministerio público que se pronunciase sobre si debía asumir la causa contra Puigdemont y si apreciaba terrorismo.

De esta forma, al poco de conocerse la posición de Redondo en la noche del domingo, el periódico El Mundo publicó: “El fiscal del Supremo vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general”. Según dijo este diario, Redondo había elaborado un primer informe donde mantenía que el alto tribunal debía asumir la acusación por terrorismo, y “cambió de criterio tras reunirse con” García Ortiz, lo que se habría traducido en el informe final que se llevará a la junta (y que descarta este delito). La Fiscalía General del Estado y el propio Redondo niegan esta sucesión de hechos y cualquier tipo de “indicación” o “sugerencia” de la cúpula al autor del documento. En su nota, el fiscal del Supremo desmiente que el fiscal general le diera instrucciones en el caso Tsunami: es más, afirma que su ponencia estaba hecha antes de verse con el máximo representante del ministerio público, y añade que así consta en su “sistema informático”.

La reunión y los borradores

En su comunicado de este lunes, Álvaro Redondo explica que el martes 23 de enero se le encargó, “por estricto turno regular de reparto”, estudiar el caso Tsunami. Al día siguiente (24 de enero), redactó “un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal”. Según algunas fuentes fiscales, se trataba solo de un primer borrador sobre el que trabajar, que contemplaba que el Supremo asumiera la causa, al basarse en la exposición razonada de García-Castellón, faltando aún por estudiar el resto de factores a valorar. Sin embargo, según la tesis de estas mismas fuentes, Álvaro Redondo compartió ese borrador con un compañero, quien habría admitido supuestamente que también se lo envió a otros tres fiscales del Supremo. Esa posición embrionaria habría sido la filtrada en la noche del domingo.

Pero antes y durante “varios días”, según prosigue Redondo en su comunicado difundido a los medios, procedió a un “profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados en la exposición de más de cien folios [del juez instructor], así como de la doctrina del Tribunal Supremo”. Y entonces elaboró ya el borrador de la ponencia que va a presentar a la junta de fiscales este martes, que descarta el terrorismo y la imputación de Puigdemont. Según afirma el fiscal, este documento estaba confeccionado antes de la reunión que tuvo con García Ortiz el 30 de enero, y esa fue la única postura que le trasladó: “El fiscal general se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción. [...] Tengo 68 años, 46 de los cuales he estado al servicio del Derecho. Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar presión alguna de nadie”, se defiende Redondo en su nota.

Redondo añade que el mismo 30 de enero, “antes de las 10.00″, informó a algunos compañeros —“con ocasión de la junta semanal ordinaria de la sección penal de la Fiscalía del Supremo, en la que estoy integrado desde hace 20 años”— de que su opinión jurídica definitiva “no coincidía con la del magistrado instructor de la Audiencia Nacional”. Entonces faltaba una semana para la junta de fiscales que se celebrará este martes, donde la cúpula fiscal cree que la mayoría de los integrantes puede votar en contra del dictamen de Redondo. Una parte importante de los fiscales del Supremo se encuentra enfrentada al fiscal general: 19 de ellos, por ejemplo, arremetieron contra García Ortiz por “ignorar deliberadamente” las acusaciones de lawfare (guerra judicial) sobre la actuación de los cuatro fiscales que llevaron la causa del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno).

Carga contra la Fiscalía

El PP ha aprovechado todo esto para cargar contra la Fiscalía General del Estado y el Gobierno. Así insistía este lunes Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, horas después de haberse difundido ya el comunicado de desmentido del fiscal Álvaro Redondo: “Hemos conocido que ha habido dos informes que afectan a Puigdemont que tienen que ver con terrorismo y que, entre ambos informes contradictorios, ha ocurrido una conversación o reunión con el fiscal general del Estado. Pedimos información y que comparezca [García Ortiz] para explicar sobre qué se habló y qué ha tenido que ver en ese cambio de posición. En una causa que curiosamente afecta a Puigdemont, el socio del que depende Pedro Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno”. “La Fiscalía no puede estar al servicio de un Pedro Sánchez convertido en juez para amnistiar a sus socios”, remachaba la dirigente conservadora en sus redes sociales.