Diecinueve fiscales del Supremo arremeten contra García Ortiz por “ignorar deliberadamente” las acusaciones de ‘lawfare’

Un grupo de 19 fiscales del Tribunal Supremo ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que lo acusan de “ignorar deliberadamente” la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés ante las “injuriosas insinuaciones” de lawfare (guerra judicial o judicialización de la política) plasmadas en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En la carta, los 19 firmantes, de la treintena de la sección penal del Supremo, muestran su “decepción” por “la falta de voluntad” de García Ortiz “de salir al paso de las injuriosas insinuaciones” que, a su juicio, hace el pacto de PSOE y Junts sobre la actuación de los cuatro fiscales que llevaron la investigación del procés en el alto tribunal (Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena).

Estos cuatro fiscales enviaron un escrito la semana pasada a García Ortiz en el que le pedían que se pronunciara públicamente en defensa del ministerio público frente a las acusaciones del independentismo acerca de la supuesta persecución judicial que, aseguran, han sufrido algunos miembros de este movimiento. El fiscal general les respondió con otro escrito, enviado a toda la carrera, en el que rechazaba pronunciarse sobre ese asunto al entender que debe “mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal”. En esta respuesta basan ahora su reproche los 19 fiscales que suscriben la carta.

En su opinión, el escrito del jefe de la institución “no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés, para sí y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos”. Los firmantes cierran su carta expresando su “reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional”.

Las referencias al lawfare introducidas en el pacto político de PSOE y Junts han causado una enorme polvareda entre jueces y fiscales. La proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso solo alcanza a los hechos vinculados con el procés “directa o indirectamente”, pero el texto del acuerdo entre ambos partidos abre la puerta a que, más adelante, los beneficios puedan extenderse a causas que ahora se quedan fuera, en función de lo que determinen las comisiones de investigación en el Congreso sobre el caso Pegasus y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, cuya constitución pactaron socialistas e independentistas en agosto. El documento señala: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. El acuerdo no explica cómo ni en qué se concretarían esos cambios, pero da a entender que se trataría de extender la medida de gracia a casos en los que las comisiones de investigación destapen un supuesto uso abusivo de la justicia.

Esa referencia ha suscitado comunicados de rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, así como de la Sala de Gobierno del Supremo, de la Audiencia Nacional y de varios tribunales superiores. La Fiscalía General no se ha pronunciado y eso es lo que le reclamaron la semana pasada los fiscales de procés. García Ortiz rehusó hacerlo para “respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”.