El exministro Fernández Díaz intenta anular los audios de Villarejo para tumbar el ‘caso Kitchen’

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha movido ficha para tratar de anular los indicios que lo cercan por su presunta implicación en el caso Kitchen, la operación urdida supuestamente en 2013 en el seno de ese ministerio y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de robarle documentación sensible que pudiera perjudicar al partido. En el escrito de defensa enviado el 13 de marzo por su abogado a la Audiencia Nacional, Fernández Díaz pide invalidar las grabaciones intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que prueban una parte de la trama.

El abogado del exdirigente del PP quiere que el tribunal, que debe juzgarlo junto a otra decena de ex altos cargos de Interior y de la Policía, no tenga en cuenta los audios hallados en los registros practicados en casa de Villarejo, donde el antiguo agente acumulaba una ingente cantidad de grabaciones. En estas se escucha, por ejemplo, cómo el comisario conversa con Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien la red corrupta captó como confidente. La defensa también resta todo valor a los mensajes de móvil que Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antigua mano derecha del ministro, llevó a un notario, y que evidencian supuestamente que Fernández Díaz estaba al tanto de la Operación Kitchen.

En la sentencia del primer juicio contra Villarejo, que el pasado julio condenó al comisario a 19 años de prisión por otros casos de espionaje por encargo de particulares y empresas, la Audiencia Nacional ya aceptó la validez como prueba de los audios intervenidos. “Tales conversaciones aparecen como un eficaz medio probatorio a tener presente en conjunción con otros”, dijo entonces el tribunal.

Fernández Díaz se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de cárcel por su supuesta participación en la operación parapolicial. Al igual que el juez instructor, Manuel García-Castellón, el ministerio público sostiene que el político estaba al tanto del espionaje a Bárcenas. Es más, el magistrado sitúa al exministro en la cúspide de la trama: “En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Fernández Díaz instó a Francisco Martínez, [secretario de Estado Seguridad] a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas, con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial [que investigaba el caso Gürtel, sobre la red corrupta liderada por Francisco Correa y que anidó en el seno del PP]”.

Sin embargo, en el escrito de defensa de Fernández Díaz, al que ha tenido acceso EL PAÍS, su abogado mantiene que todas estas acusaciones son “aseveraciones y conjeturas que derivan de una interpretación interesada, sesgada y voluntarista de los hechos”. El exministro repite que no conocía la existencia de la Operación Kitchen y que, además, él no podría tener ningún “interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información” del caso Gürtel, ya que “no se ha relacionado nunca su nombre con este asunto”. “A Fernández Díaz no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial sobre los papeles de Bárcenas”, dice su letrado.

La tesis del exmandatario de Interior gira en torno a la idea de que el PP era realmente, según las acusaciones, el gran beneficiario de la trama y que él no se encontraba al mando de la formación conservadora. En este sentido, la Fiscalía ya señaló en su día a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, como otra de las presuntas cabecillas. Sin embargo, el juez García-Castellón lo descartó y circunscribió toda la responsabilidad al ministerio. “Ningún sentido tiene haber encapsulado los hechos en el entorno de Interior y haber rechazado la vía de la investigación judicial hacia el origen del problema”, critica el abogado de Fernández Díaz en su escrito de defensa, donde remacha: “El cierre en falso de la investigación, limitándose al entorno de Interior y obviándose numerosos elementos e indicios obrantes en la causa que apuntaban hacia otras personas de instancias ajenas a dicho ministerio, es ajeno a toda lógica”.