El exministro Jorge Fernández Díaz pide que se siente al PP como acusado en Kitchen

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy (PP), se ha unido a su antigua mano derecha, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y ha solicitado este lunes que se siente en el banquillo al propio PP como “responsable” subsidiario a “título lucrativo” en el futuro juicio sobre el caso Kitchen, la operación de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas, a quien presuntamente le robaron documentación sensible sobre altos cargos de la formación para boicotear las causas de corrupción que cercaban al partido. La defensa de Jorge Fernández Díaz señala que la formación conservadora, según los escritos de acusación, habría sido la presunta “beneficiaria” de la trama; y debería, por tanto, responder también por ella.

A través de un escrito enviado este lunes a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa de Fernández Díaz respalda el recurso presentado en octubre por los abogados de Martínez, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que alegaron que no tenía sentido dejar fuera del banquillo al PP; ya que, según la tesis de las acusaciones, los procesados “decidieron espiar a Bárcenas y sustraerle información delicada” para favorecer al PP, y el gran beneficiario se quedaría entonces fuera del procedimiento (como así lo decidió el juez instructor Manuel García-Castellón al dictar el auto de apertura de juicio oral).

Ahora, el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandrí, incide en esa misma tesis: “Del propio relato fáctico de los escritos de acusación, se desprende que el origen y epicentro de los hechos presuntamente delictivos fue el espionaje y la sustracción a la familia Bárcenas de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados”, reza el escrito enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que añade: “Siendo así y solicitándose una condena en vía de responsabilidad civil, que se acoge y refleja en el propio auto de apertura, resulta obvio, coherente y necesario incluir al PP como partícipe a título lucrativo”.

El PSOE, personado como acusación popular, ya se pronunció en ese sentido. En su escrito de acusación, los socialistas planteaban sentar al PP como persona jurídica en el banquillo para que responda, entre otros aspectos, por todo el dinero de los fondos reservados que se gastó en la operación. “No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia puesta en marcha por la dirección nacional del PP para defenderse de la acción de la justicia que investigaba Gürtel y sus diferentes ramificaciones territoriales”, esgrimieron los socialistas.

Sin embargo, al dictar el auto de apertura de juicio oral, García-Castellón rechazó esa posibilidad. El magistrado descartó esta exigencia al considerar que se introducía “ex novo”. Según argumentó el magistrado en su resolución, “hasta” ese “momento”, no se había “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, “resultaba extemporánea”, teniendo en cuenta que se realizaba además “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”.

La Operación Kitchen, desplegada sin control judicial, se activó en 2013 en el seno del Ministerio del Interior, cuando el PP se encontraba acorralado por las investigaciones sobre el caso Gürtel, la trama de corrupción en torno a las empresas de Francisco Correa que anidó en el partido conservador y que los tribunales han considerado probada en multitud de dictámenes. Según el juez instructor García-Castellón, el objetivo era robar a Bárcenas la documentación comprometedora que pudiera guardar todavía. Por entonces, EL PAÍS ya había publicado los papeles de Bárcenas y el extesorero se disponía a tirar de la manta en la Audiencia Nacional contra su propio partido.

Según el sumario, detrás de aquella operación se encontraba la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Y el juez instructor, con el respaldo de la Sala de lo Penal, descartó en julio 2021 ir más allá y apuntar a las entrañas del PP. Entonces, con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, desimputó a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general de los populares, y circunscribió toda responsabilidad de Kitchen al departamento encabezado por Fernández Díaz.

García-Castellón ha sentando en el banquillo por Kitchen a Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez; al ex director adjunto de la Policía, Eugenio Pino; a cinco comisarios (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo); a los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien se captó como confidente. La Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para el exministro.