El horizonte judicial del novio de Ayuso: de un pacto con la Fiscalía a enfrentarse a penas de cárcel

La causa judicial contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de comenzar. La magistrada María Inmaculada Iglesias, responsable del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, ha abierto diligencias contra la pareja de la política del PP, al que ha imputado por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental tras analizar el contenido de la denuncia presentada contra él por la Fiscalía Provincial de Madrid. Ante González Amador se abre ahora un horizonte complejo, que incluye la posibilidad de buscar un pacto con el ministerio público —baza que ya ha tratado de jugar, confesando incluso los delitos tributarios—, aunque también tiene la opción de intentar que la instructora archive el procedimiento antes de enviarlo al banquillo, o buscar la absolución durante un futurible juicio.

¿Cuál será el primer movimiento? Una vez que se ha abierto la causa, la defensa de González Amador puede ya presentar escritos en el juzgado para comenzar a desplegar su estrategia. Habrá que ver si su abogado mueve ficha en los próximos días. Pero, desde luego, la magistrada ya ha marcado el primer hito al que deberá enfrentarse: lo ha citado a declarar como imputado —aunque, en el auto, no fija aún la fecha de la comparecencia—.

¿A qué penas se enfrenta? En el auto de imputación, la jueza atribuye a González Amador dos presuntos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los años 2020 y 2021 por los beneficios que obtuvo por intermediar en la compraventa de mascarillas en la pandemia. Estos dos delitos están vinculados a otro tercero de falsedad documental por la trama de facturas falsas urdida para conseguir ejecutar sus supuestos planes criminales.

La magistrada especifica que el novio de Ayuso se enfrenta al delito fiscal previsto en el artículo 305.1 del Código Penal, que prevé de uno a cinco años de cárcel —además de una multa— para quien defraude más de 120.000 euros en un ejercicio. Al haber cometido las presuntas irregularidades en dos años, se enfrenta a dos delitos. Y, por tanto, a dos posibles penas. Es decir, por ejemplo, si se lo considera culpable de haber defraudado en 2020 y 2021, y se le impone el máximo castigo por ambos, se enfrentaría a dos penas distintas de cinco años de prisión: 10 años de cárcel en total.

La juez añade que, para poder ejecutar el fraude fiscal, también existen indicios de que llevó a cabo un delito de falsedad documental por la trama de facturas falsas, previsto en el artículo 392.1 del Código Penal. Este precepto contempla castigos de seis meses a tres años de cárcel —además de multa— para el particular que falsifique un documento público, oficial o mercantil.

¿Puede pactar con la Fiscalía? González Amador tiene la opción de tratar de llegar a un acuerdo con la acusación. Puede hacerlo hasta el mismo momento en que empiece el juicio. Y, de hecho, no es extraño que estos pactos se cierren en el último instante, justo antes de comenzar la vista (así pasó con la cantante Shakira en 2023). Aun así, las negociaciones suelen extenderse previamente, como demuestra el ofrecimiento que hizo el abogado de la pareja de Ayuso a través del correo electrónico. Con estos tratos, las defensas buscan que se les apliquen atenuantes para conseguir una rebaja de las condenas y evitar la entrada en prisión, a cambio de admitir los delitos y el pago de importantes multas económicas.

Esa fue la carta que jugó, por ejemplo, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid. El deportista pactó en 2019 una condena de 23 meses de prisión y el pago de una multa de 19 millones de euros por cuatro delitos fiscales cometidos entre 2011 y 2014. Además, el acuerdo incluía que el castigo de prisión fuese sustituido por el abono de otra multa de 360.000 euros.

Según explican fuentes jurídicas, si el trato se alcanza durante la fase de instrucción (la que acaba de iniciar, precisamente, la magistrada que investigará el caso de González Amador), las partes le piden al juez que dicte auto de procesamiento y se le presenta el escrito de conformidad. Después se envía la causa a juicio para que el imputado verbalice que acepta el pacto ante el tribunal que lo juzga. Y ya se lo condena.

¿Se la puede jugar en el juicio? Una vez que finalice la instrucción, el juzgado puede decidir que existen suficientes indicios contra González Amador y enviarlo al banquillo de los acusados. Entonces, de no existir posibilidad de acuerdo con las acusaciones (en los casos de fraude fiscal, a la Fiscalía se suele sumar la Abogacía del Estado, como representante de Hacienda, que es la perjudicada), el novio de Ayuso se enfrentaría a la vista oral. Hay quienes deciden hacerlo. A algunos les sale bien y a otros, mal, en función de las pruebas que consten contra ellos y según cómo ejecuten su estrategia de defensa.

En el grupo de los vencedores figura, por ejemplo, el entrenador de fútbol Xabi Alonso, también exjugador del Real Madrid, que ganó a la Fiscalía y Hacienda tras negarse a pactar: en 2023, el Tribunal Supremo confirmó su absolución de los tres delitos fiscales que se le atribuían y por los que el ministerio público le pedía dos años y medio de prisión. Los magistrados concluyeron que nunca tuvo intención de defraudar ni mala fe al ceder sus derechos de imagen a una sociedad radicada en la isla de Madeira. Él siempre defendió su inocencia.

La jugada también le salió muy bien al empresario José María Aristrain, una de las grandes fortunas del país y conocido como el magnate del acero. La Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió en 2022 al descartar la tesis de la Fiscalía de que el industrial diseñó una compleja estructura societaria para evitar tributar en España por las ganancias que obtuvo de sus negocios entre 2005 y 2009, mientras fingía vivir en Suiza. El tribunal consideró que las pruebas aportadas eran “insuficientes” y que la defensa había logrado sembrar dudas sobre su supuesta culpabilidad, gracias a un enorme despliegue de peritos para cuestionar las conclusiones de los inspectores fiscales. Y, como dijeron los magistrados, “al acusado le basta con generar una duda en el tribunal” para salir absuelto.

Otros que decidieron ir a juicio han salido peor parados. El futbolista Leo Messi, por ejemplo, fue condenado en 2016 a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda en 2007, 2008 y 2009.