Intimidación a periodistas de EL PAÍS por el caso de la pareja de Ayuso

La Comunidad de Madrid envió este martes a los medios de comunicación una información falsa con la intención de intimidar a periodistas de EL PAÍS difundiendo sus nombres y su imagen, tras una identificación rutinaria de la policía encargada de la seguridad de la presidenta. La Comunidad acusaba a dos periodistas de EL PAÍS que trabajaban en la calle buscando información de acosar a vecinos del inmueble donde vive Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid difundió la identidad y una fotografía de los dos informadores este martes, e insinuó falsamente una conducta delictiva de estos, con la finalidad de intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador. Los dos reporteros fueron identificados por un policía cuando trataban de verificar los indicios sobre una supuesta obra ilegal en la residencia donde viven González Amador y la dirigente madrileña.

Esos datos personales fueron comunicados al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid y luego fueron difundidos por el equipo de Ayuso a los medios de comunicación, que han distorsionado los hechos, sin verificación alguna, acusando falsamente a los reporteros de acoso a menores. Los datos de cualquier persona identificada por las fuerzas de seguridad son confidenciales y, por tanto, no pueden ser facilitados a terceros ni, por supuesto, divulgados a la prensa.

El equipo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también ha difundido que “periodistas encapuchados” de eldiario.es intentaron asaltar la vivienda, una acusación que ha desmentido este medio.

Los dos periodistas de EL PAÍS buscaban averiguar si la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, realizó una supuesta obra ilegal en su vivienda, adquirida hace dos años, tras haber cometido un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. González Amador y Díaz Ayuso residen en ese inmueble desde el año pasado, como confirmó la semana pasada la dirigente madrileña. Las sospechas sobre la presunta obra ilegal nacieron la semana pasada, cuando eldiario.es publicó que González Amador tiene en propiedad un piso en la sexta planta del edificio y su abogado es dueño de la vivienda que está justo encima, en la planta séptima. Esto sugiere que las dos propiedades podrían estar unidas en un dúplex, para lo que es necesario una obra con licencia.

Al consultar la base de datos pública de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, Conex, este periódico comprobó que solo figuraba para esas propiedades una declaración responsable de González Amador, del 4 de agosto de 2022, para realizar unas obras en la planta sexta. Dos meses después, el Ayuntamiento declaró ineficaz ese documento, una resolución que aparece en Conex. Como no consta en esa base de datos una licencia posterior, este periódico trataba de verificar si la reforma se llevó a cabo sin permiso.

Para comprobar esta hipótesis, este periódico solicitó el jueves por transparencia al Ayuntamiento de Madrid “todas las licencias y declaraciones responsables, así como posibles incoaciones, resoluciones y expedientes sancionadores abiertos en la dirección” donde residen González Amador y la presidenta.

Desde entonces no se ha recibido respuesta del Ayuntamiento y han aparecido varias informaciones sobre las posibles irregularidades, aunque ninguna confirma de manera definitiva si se había realizado la obra. Por esto, los periodistas de EL PAÍS se dirigieron a la zona en la tarde del martes para hacer la averiguación sencilla de hablar con vecinos o comerciantes que supieran si, recientemente, habían observado señales de una reforma en ese edificio.

Hablaron con varios vecinos que salieron del edificio entre las 19.00 y las 19.45. Cuando ya se disponían a abandonar la zona, un hombre de unos 50 años, vestido de paisano, se acercó a los dos periodistas y se identificó como policía nacional mostrando una placa. En una conversación cordial, les pidió que se identificaran y estos les entregaron sus credenciales profesionales y DNI. El agente se retiró a unos metros hacia un vehículo y tomó nota de los datos personales. Dos hombres también de paisano que no se identificaron observaron la escena a pocos metros. Tras esto, el agente volvió con la documentación y los dos reporteros se retiraron.

Una hora después, el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los informadores de EL PAÍS y los siguientes párrafos: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.

El agente que identificó a los dos periodistas pertenece al equipo de contravigilancia del servicio de seguridad de la presidenta madrileña que, como marcan los protocolos policiales, informó de la incidencia al jefe de escoltas. Este la facilitó al director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

La información de la identidad de los dos periodistas, que a las dos horas escasas de haber sido obtenida estaba ya en algunos medios de comunicación, partió de la Comunidad de Madrid. Pese a que ha asegurado que consta una denuncia contra los reporteros, no existía ninguna en la noche del martes, según ha confirmado este diario.

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