Esperanza Aguirre asegura que apoyó el Campus de la Justicia de Madrid porque pensaron que iba a ser a coste cero

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, ha defendido este martes en la Audiencia Nacional el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó su Gobierno y que acabó desechándose después de que la Comunidad gastara 355 millones de euros. “Todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, no sabía que había ciudades de la justicia en otras ciudades”, ha asegurado Aguirre, que ha declarado como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades detectadas en los contratos para la concesión y construcción, en el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada, quien fuera vicepresidente y consejero de Justicia de Aguirre. La expresidenta ha mantenido que prestó su apoyo al proyecto porque creyeron que no iba a generar gasto. “Pensamos: ‘no nos va a costar’; pero claro, nos costó”, ha admitido.

Prada se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional desde el 4 de marzo, acusado de liderar “un plan criminal” para conceder “irregularmente” contratos a varias empresas en el proyecto del Campus de la Justicia. El ministerio público reclama seis años de prisión para otros cinco acusados, entre ellos el comisario Andrés Gómez Gordo, exdirector de Seguridad del organismo madrileño y posterior asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo se encuentra también acusado en el caso Kitchen (la operación parapolicial urdida presuntamente en el Ministerio del Interior para robar documentación sensible a Luis Bárcenas, extesorero popular). Los otros cuatro procesados en el Campus de la Justicia son: Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras, que ocuparon, respectivamente, los puestos de director general técnico del Campus, subdirector general técnico y director financiero; y uno de los asesores, Félix José García.

La declaración de la expresidenta madrileña había sido solicitada por la defensa de Prada, que le ha preguntado por cómo se gestó el proyecto y la creación de la empresa pública Campus de la Justicia, en cuya presidencia se situó al consejero de Justicia. Aguirre, que como testigo está obligada a decir la verdad, ha explicado que ella asumió la idea de construir un Campus de la Justicia porque le explicaron que podía hacerse a coste cero. El proyecto se iba a levantar sobre unos terrenos cedidos a la Comunidad en Valdebebas, en la periferia norte de la capital, y la idea era sufragarlo con el ahorro del alquiler de varios edificios judiciales y la venta de otros que la Comunidad tenía en propiedad, aprovechando “el bum inmobiliario”. “Del primero nos dieron en subasta pública más del doble de lo que había dado la tasación que se hizo. Y pensamos, mal pensado seguramente: ‘Ancha es Castilla’, esto no nos va a costar’. Pero claro, nos costó”, ha admitido la expresidenta regional a preguntas del tribunal.

Durante su declaración, Aguirre ha insistido en que había un consenso generalizado en torno a la conveniencia de agrupar las sedes judiciales de Madrid en un Campus de la Justicia, y en ese consenso ha incluido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a quien era fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. “Al poner la primera piedra estaba todo el mundo de la justicia madrileña y nacional”, ha recordado. Sobre las supuestas irregularidades en la gestión que luego se fueron conociendo, Aguirre ha asegurado que todo se hizo con el visto bueno del interventor y el secretario del Gobierno regional, de la comisión de viceconsejeros y de auditorías que se iban haciendo en la empresa pública creada para gestionar el proyecto. “Nunca se puso ningún reparo”, ha dicho la expresidenta madrileña, quien ha definido como “buenísima” la gestión de Prada al frente de Justicia y la ha desvinculado de su cese, en 2008, como consejero. “Le cesé por razones políticas [porque Prada apoyó a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP], pero yo estaba muy contenta con su gestión”, ha explicado Aguirre.

La expresidenta ha asegurado que no tuvo nada que ver en la decisión de contratar al arquitecto Norman Foster para la construcción del campus, un contrato por el que se abonaron 14 millones de euros a pesar de que nunca se levantó ningún edificio. Ni ella ni su Gobierno, ha asegurado, recomendaron fichar a Foster. “Pero cuando nos hablaron de él nos pareció muy bien”. No recuerda haber dado el visto bueno a las cifras de su contrato. “Pero seguro que apoyé que se le contratara. El proyecto no le iba a costar al contribuyente”, ha insistido la expresidenta regional.