Comienza el juicio por las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid durante el Gobierno de Aguirre

La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio contra Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia con Esperanza Aguirre (PP), por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en los contratos para la concesión y construcción, a partir de 2006, del Campus de la Justicia, un complejo mastodóntico que quedó a medio hacer y nunca llegó a abrir sus puertas tras gastar más de 100 millones de euros en el proyecto. El expolítico popular, que fue defenestrado en 2008 por Aguirre tras apoyar públicamente a Mariano Rajoy en la lucha interna abierta por el liderazgo del partido, niega cualquier ilegalidad y el supuesto desfalco de las arcas públicas. Y así lo ha reiterado su abogado durante la primera sesión de la vista oral, alegando que la Fiscalía Anticorrupción ha levantado el sumario sobre “una base fáctica irreal”. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel.

La defensa ha insistido en que la acusación se basa en la tesis de que falta parte de la documentación, que ha sido “destruida” por la propia Comunidad de Madrid, por lo que obligan al exdirigente del PP a demostrar su inocencia. “No existe una cuantificación específica del perjuicio a la Comunidad de Madrid, que es lo que sostiene la acusación”, ha apostillado el abogado del exvicepresidente.

La investigación judicial —iniciada por el magistrado José de la Mata y finalizada por su sucesor al frente del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz— concluyó que los imputados idearon un “un plan criminal” para conceder “irregularmente” contratos a varias empresas: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos”, reza uno de los autos incorporados al sumario, que se centra en varios contratos: la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia y la dirección facultativa de las obras, la creación de la marca representativa y estrategia de comunicación o el servicio de asesoramiento jurídico.

En opinión de los investigadores, las pesquisas del caso Campus de la Justicia no desvelan un desvío de fondos para el enriquecimiento personal de los imputados. En este caso, resalta el sumario, lo que se produjo fue un perjuicio a las arcas públicas al, entre otras cuestiones, pasar por alto “insuficiencias y defectos” de los pliegos de condiciones y de los informes técnicos de valoración; al realizar propuestas “arbitrarias y no justificadas”; y al prescindir, “en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna”. El ministerio público, que incide en que los implicados operaban a sabiendas de la “ilegalidad de la actuación”, les atribuye delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.

“La conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, expuso el magistrado José de la Mata al dar por concluida esta investigación.

La caída de Prada

La historia del exconsejero es una auténtica montaña rusa. Tras pasar una década en el Senado, saltó en 2003 al Gobierno regional de la mano de Esperanza Aguirre, que lo aupó como vicepresidente segundo y responsable de Justicia e Interior. Sin embargo, todo se truncó en 2008, cuando el alto cargo se alineó con Rajoy en la guerra fratricida por el control del partido tras la derrota en las elecciones generales de aquel año. Prada dejó entonces la primera línea, aunque volvió como diputado al Congreso en 2011, donde permaneció hasta 2016. En 2018, ya con Pablo Casado al frente del PP, la ejecutiva del partido lo recuperó para encabezar la Oficina del Cargo Popular, encargada de evitar la corrupción dentro de las filas populares. Pero su imputación en 2019 por los contratos del Campus de la Justicia provocó su salida.

Otros cinco acusados

Además de Alfredo Prada, otras cinco personas se sientan en el banquillo, y la Fiscalía pide para cada una de ellas seis años de cárcel. Destaca el nombre del comisario Andrés Gómez Gordo, exdirector de Seguridad del organismo madrileño y posterior asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo se encuentra también acusado en la investigación judicial bautizada como caso Kitchen (la operación parapolicial urdida presuntamente en el Ministerio del Interior para robar documentación sensible a Luis Bárcenas, extesorero popular). Los otros cuatro procesados que completan la vista sobre el Campus de la Justicia son: Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras, que ocuparon respectivamente los puestos de director general técnico del Campus, subdirector general técnico y director financiero; y uno de los asesores, Félix José García.

Durante la sesión del juicio de este lunes, dedicada a la fase de cuestiones previas, la Abogacía del Estado ha anunciado que se retira como acusación por razones técnicas: “No porque entendamos que los hechos no sean delictivos”, ha aclarado. Según ha explicado la representante de la Abogacía, en esta vista oral se enjuicia la etapa de Prada como presidente del Campus de la Justicia, cargo del que salió en junio de 2008. Y las transferencias de fondos estatales a la Comunidad de Madrid para el Campus se produjeron a partir de noviembre de ese año, cuando Francisco Granados ya se encontraba al frente de dicho organismo. Por ello, la Abogacía ha apostillado que, por una mera cuestión “temporal”, no tiene sentido que continúe en esta parte del proceso centrada en la era de Prada, por lo que su papel como acusación se centrará y se mantiene en esa segunda etapa de Granados, que aún se encuentra en instrucción.