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Los cuatro episodios del ‘caso Koldo’ que salpican a Ábalos

El informe de la Guardia Civil que sitúa al exministro como “intermediario” de la trama detalla indicios y conversaciones que supuestamente le señalan

José Luis Ábalos con Koldo García, ante la marisquería La Chalana, de Madrid, el pasado 10 de enero, en una imagen incorporada al sumario.
José Luis Ábalos con Koldo García, ante la marisquería La Chalana, de Madrid, el pasado 10 de enero, en una imagen incorporada al sumario.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 5 de febrero un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo de corrupción. No era, ni mucho menos, el primero. Los agentes llevaban ya entonces casi dos años investigando a los implicados en una trama que supuestamente se había enriquecido de manera irregular al adjudicarse contratos públicos por valor de 54 millones de euros para la adquisición de mascarillas y material sanitario en 2020, en el peor momento de la pandemia. Los responsables de las pesquisas policiales querían que el magistrado prorrogara la autorización para mantener las intervenciones telefónicas a siete de los investigados, así como los dispositivos de geolocalización instalados desde hacía meses en la docena de vehículos que estos utilizaban.

Faltaban solo dos semanas para que se practicasen las detenciones y registros, y el documento policial, de 109 páginas, era de hecho, un compendio de los avances hasta ese momento de una investigación que tiene su epicentro en la mercantil que se hizo con las adjudicaciones bajo sospecha, Soluciones de Gestión, y en tres personajes que gravitan de un modo u otro en torno a ella: los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, y Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos durante el tiempo que este fue ministro de Fomento, primero, y de Transportes, después (2018-2021). Los tres han comparecido ante el juez Moreno imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Aunque ellos tres son los protagonistas principales del informe de la Guardia Civil, junto a otros secundarios ―como el hermano y la esposa de Koldo García, también investigados―, otro nombre planea en las páginas: el del exministro Ábalos. El exdirigente del PSOE aparece citado en una treintena de ocasiones en el documento de la UCO, donde se concluye que el político actuó, junto al lobbista cercano al PP Jacobo Pombo, como presunto “intermediario” de la trama corrupta en momentos puntuales. Las conversaciones telefónicas intervenidas a su exasesor (con referencias a él) y la reunión que ambos mantuvieron en un restaurante de Madrid el 10 de enero pasado son los indicios que salpican en, al menos, cuatro episodios al exministro, quien por su condición de diputado ―ha rechazado la exigencia que le hizo su partido tras estallar el caso Koldo de abandonar su escaño― está aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. En todas sus declaraciones públicas, Ábalos ha negado rotundamente su implicación en los hechos investigados.

El documento policial destaca precisamente esa reunión tras las Navidades en la marisquería La Chalana entre Koldo García y Ábalos ―ambos fueron fotografiados por los agentes a las puertas del establecimiento― como uno de los episodios que apuntan a una presunta intermediación del exministro para favorecer a su exasesor. La UCO destaca que, en ese momento, los empresarios Aldama y Cueto estaban preocupados porque el Gobierno balear, al que habían vendido una de las partidas de mascarillas que les había permitido enriquecerse durante la crisis sanitaria de la covid-19, había iniciado el procedimiento administrativo para reclamar a Soluciones de Gestión, la sociedad que ambos manejaban en la sombra, la devolución de 2,6 millones de euros tras constatar que la calidad del material sanitario era inferior a la contratada.

Los agentes concluyen que, del contenido de las conversaciones intervenidas, Koldo García “estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase” y que una de las personas que le ayudaba era, supuestamente, Ábalos. En estas conversaciones, el exasesor ministerial habla de su “exjefe”, de un “favor” devuelto con otro y de una reunión que iba a mantener con una persona ese 10 de enero para abordar, precisamente, la forma de paralizar la reclamación del Gobierno balear, que entonces había dejado de estar encabezado por la socialista Francina Armengol para pasar a ser liderado por la popular Marga Prohens.

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La vigilancia a la que Koldo García era sometido desde meses antes por la Guardia Civil permitió confirmar que, entre las personas con las que se encontró es día, estaba Ábalos. Lo hizo en la marisquería “entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente”. Aunque los agentes no pudieron captar de qué hablaron ―se celebró “en una parte reservada” del establecimiento―, la UCO destaca en su informe que esta reunión “tiene un especial interés para los hechos investigados”, al considerarla un supuesto indicio del presunto papel de “intermediario” que los agentes atribuyen a Ábalos.

Los investigadores también dan relevancia en ese informe a varias conversaciones del exasesor ministerial que, en su opinión, revelan la supuesta “capacidad de influencia de Koldo [García] sobre personas con cargos de responsabilidad en las Administraciones Públicas” para conseguir puestos para personas cercanas. Siempre según las conclusiones de la Guardia Civil a partir de las conversaciones intervenidas al exasesor ministerial, en esta “influencia” jugaba presuntamente un papel clave el exministro.

El documento policial recoge otros tres episodios de este supuesto tráfico de influencias en los que aparece el nombre de Ábalos. Uno es el que afecta al inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López, quien había alcanzado cierta relevancia mediática por su papel en el caso del Pequeño Nicolás y que había sido nombrado por el político director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio de Transportes. Cuando este abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez, el agente temió presuntamente perder el puesto y tener que regresar a la Policía. El informe de la Guardia Civil señala la existencia de tres conversaciones entre Koldo García y la esposa del policía en este sentido.

En una de ellas, del pasado 31 de diciembre, el exasesor tranquiliza a su interlocutora: “Le van a consolidar lo que él ha pedido y tal, no te preocupes, ya está todo hecho. Para cuando venga él, todo hecho como siempre (ríe)”. El 9 de enero, ambos vuelven a hablar. En esta ocasión, el exasesor le asegura que al día siguiente ―cuando precisamente se encuentra con Ábalos en la marisquería― ha quedado con “José” y con otro alto cargo del ministerio, y que dejarán zanjado el asunto “este mes o la primera semana del mes siguiente”. La Guardia Civil destaca en el informe que finalmente en el restaurante no se detectó la presencia de esta segunda persona, pero sí la del exministro, por lo que concluye que “entre otros asuntos, habrían tratado sobre la consolidación del cargo” del policía en el ministerio.

La UCO cree haber detectado un segundo episodio de tráfico de influencia en las tres conversaciones mantenidas el 29 de diciembre con una persona no identificada que trabajaba en Enajenacion de Materiales Ferroviarios S.A. (Emfesa, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que también había obtenido un puesto el hermano del exasesor, Joseba García). En el diálogo, Koldo García se muestra seguro de que su interlocutor mantendrá el cargo con los nuevos responsables ministeriales ―“vamos, es decir, sería absurdo que José hablando bien de ti, yo hablando bien de ti, no sé, es que...”― gracias, precisamente, a que tanto él como supuestamente Ábalos habían avalado su continuidad.

En la misma línea es interpretada la conversación mantenida por Koldo García un día antes, el 28 de diciembre, con una mujer que los agentes identifican como responsable del sindicato CC OO. En ella, el exasesor le asegura a su interlocutora que “Ábalos” se va a poner en contacto con un “amigo personal” suyo llamado “Pedro” para facilitar a este el teléfono de la mujer y que le llame. “Como conclusión de esta conversación se puede colegir que Koldo [García] sigue teniendo influencia para, a través de Ábalos, conseguir audiencias con el nivel político”, destaca el informe de la Guardia Civil que salpica al exministro. El 16 de febrero, solo 11 días después del documento donde se reflejaban los cuatro episodios que supuestamente implicaban a Ábalos, la UCO entregó otro informe al juez Moreno. En este caso, para explotar la investigación y proceder a la entrada y registro en las viviendas de los presuntos implicados en el caso Koldo, sedes de empresa y naves industriales. En el documento, de 73 páginas de extensión, el nombre del exministro solo aparece cuatro veces y nunca como protagonista.

Un control de carreteras y tres documentos

El 4 de diciembre del año pasado, la Guardia Civil enviaba a la Audiencia Nacional un informe de 28 páginas en el que se recogía lo que los investigadores denominaron “cronología de hechos de especial relevancia”. El documento policial recogía diversas reuniones del exasesor Koldo García con diversas personas, pero también el resultado del operativo policial desplegado por el instituto armado para interceptar de modo discreto una documentación supuestamente relacionada con las adjudicaciones bajo sospecha que este guardaba en su domicilio de Polop (Alicante) y que iba a enviar al exministro José Luis Ábalos a su casa en Valencia. La sospecha de que esos papeles pudieran ser importantes para la investigación llevó a la UCO a montar el 4 de noviembre anterior, con la ayuda de otra unidad de la Guardia Civil, un control de carreteras con apariencia de rutinario para interceptar la furgoneta en la que Joseba García, hermano del exasesor, los llevaba sin levantar sospechas. El informe detalla que, tras interceptar el vehículo, los agentes encontraron en el asiento del copiloto “un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Según recoge la UCO, dos de ellos, entre ellos el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, eran de acceso público al alcance de cualquier persona. El tercero era una respuesta del Ministerio del Transporte a una petición de información que el abogado Ramiro Grau ―que publicó varios artículos acusando al exministro de corrupción por los contratos de mascarillas― había hecho a través del Consejo de Transparencia. Pese a ello, la Guardia Civil apuntaba como “reseñable” que el envío se refiriera a documentos relacionados con Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, cuando Ábalos, en su etapa de ministro, había adjudicado “10.757 contratos públicos”. Ábalos ha explicado en los últimos días que necesitaba esos documentos para la demanda que había presentado contra este abogado en los juzgados de plaza de Castilla por aquellos textos.

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