Personajes turbios junto al poder

La investigación en torno a la presunta corrupción en contratos de mascarillas promovidos desde el Ministerio de Transportes en plena pandemia, con José Luis Ábalos al frente, ha sumido la política española en un torbellino de titulares reales y otros muchos de pura desinformación, y acusaciones cruzadas. Diez días después de la detención de 20 personas, sin embargo, el frente judicial no ha avanzado mucho en lo esencial: dos empresarios lograron contratos multimillonarios de varias administraciones supuestamente a través de Koldo García, un guardaespaldas, chófer y asesor personal del ministro Ábalos con un acceso inexplicable a la gestión de determinados asuntos desde el ministerio. La Guardia Civil afirma que obtuvieron beneficios personales de unos 16 millones de euros. De ellos, 1,5 millones para García, que trató presuntamente de ocultarlos de forma burda en el mercado inmobiliario sin recurrir a la más eficaz ingeniería financiera que algunos grandes corruptos conocen a la perfección.

Ábalos niega toda irregularidad, no está siendo formalmente investigado y su nombre no aparece en la querella de la Fiscalía. Su dimisión como diputado, sin embargo, sigue siendo necesaria. A la espera de las conclusiones de la investigación emerge una cuestión desasosegante alrededor de Koldo García que le interpela no solo a él, sino al PSOE y a la estructura de gobernanza y fiscalización de nuestras instituciones. Siempre habrá personajes periféricos del poder al acecho de oportunidades. Pero es necesario responder cómo pudo un hombre sin preparación ni experiencia de gestión, contratado como asesor para logística personal de un ministro, acabar siendo el intermediario de empresas con el titular de una cartera responsable de miles de millones de dinero público, ministro que además lo promocionó y protegió. García estuvo presente en dos empresas públicas: consejero de una filial de Renfe y vocal del consejo rector de Puertos del Estado. Y a la luz de lo conocido, se consideraba con suficiente poder para facilitar contratos de mascarillas en una situación desesperada y llevarse presuntamente una mordida.

Una primera lección política de este caso es la falta de control institucional sobre el mundo de los cargos de confianza, para el que no existen protocolos u órganos fiscalizadores. Es necesario dar respuesta al ciudadano que se pregunta cuántos Koldos hay en las administraciones españolas y por qué no hay ningún tipo de cortafuegos ante la sospecha de comportamientos impropios. Crear esos cortafuegos estructurales y funcionariales para que no dependan de la voluntad de una sola persona es una tarea que corresponde al Gobierno del PSOE porque es el primero que debe despejar en este momento la respuesta a la pregunta de cuántos Koldos hay.

Sin que haya ningún cargo público investigado todavía, el PP señala a cualquiera que haya estado cerca de García o de cualquier empresario investigado en la misma espiral de oposición salvaje que aplicó ayer a la ley de amnistía y no sabemos a qué otro asunto de la actualidad mañana. Desde acusar directamente al presidente del Gobierno en la sesión de control hasta pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, presidenta de la comunidad balear cuando se compró una partida de mascarillas a la empresa de la trama investigada, partida defectuosa cuya devolución y reclamación del dinero se tramitó tres años después en una peripecia administrativa que acaba cuando el actual Gobierno balear, en manos del PP, dejó pasar el plazo de esa reclamación. Los contratos son públicos, es ahora mismo una tormenta política, no judicial.

Pero la percepción de la ciudadanía juega en política. EL PSOE ya ha anunciado que están dispuestos a que la presidenta del Congreso comparezca en la comisión de investigación sobre las contrataciones sanitarias en la pandemia que los socialistas promueven en esta institución. El perfil institucional de su cargo es perfectamente compatible con el ofrecimiento de explicaciones públicas en el marco parlamentario.