El juez autorizó instalar ‘software’ espía en los teléfonos de cinco implicados del ‘caso Koldo’

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, autorizó en noviembre a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que infiltrara un programa informático espía en los teléfonos de cinco de los principales investigados en la trama de corrupción. En concreto, en tres de los móviles utilizados por Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes socialista José Luis Ábalos; en el que utilizaba su esposa, Patricia Uriz; en dos del empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF; en otro del también empresario Juan Carlos Cueto; y en otro de José Luis Rodríguez García, un guardia civil en la reserva que había trabajado en el equipo de seguridad de la sede de Transportes.

Pese a la iniciativa, varios oficios posteriores del instituto armado señalan que hubo “dificultades técnicas” para instalar el software y no consta si finalmente lo consiguieron. No obstante, los responsables policiales ya habían tenido acceso a parte de las conversaciones de los investigados a través de la intervención de sus llamadas de voz y la utilización de micrófonos ambiente para grabar cuando hablaban en lugares públicos. Además, la Guardia Civil había instalado balizas en sus vehículos para conocer sus desplazamientos e, incluso, montó un control de carreteras con apariencia de rutinario para poder acceder a la documentación que transportaba uno de los implicados, Joseba García (hermano de Koldo), sin levantar sospechas.

La Guardia Civil planteó al juez la necesidad de instalar el programa espía después de que los agentes interceptaran el 17 de octubre de 2023 una conversación en la calle entre Koldo García y su hermano Joseba, en la que el primero aseguraba conocer que los estaban investigando policialmente a pesar de que las pesquisas eran aún secretas. “Ahora viene la Guardia Civil a verme y vienen también de la UCO para explicarme que no me pusieron el seguimiento a mí, porque si era en el seguimiento de Izaskun y era al padre... Detrás de joder a José Luis [Ábalos], detrás del secretario de Estado, detrás del… Hay... Me parece que son 27 personas las cuales están siguiendo”, afirmaba a la vez que reprendía a su familiar.

“De estas afirmaciones de Koldo se infiere que sería conocedor a través de fuentes de la propia Guardia Civil de que existe una investigación sobre su persona”, admite el instituto armado en el informe enviado al magistrado el 6 de noviembre, en el que pedía adoptar la medida ante el temor de perder la importante fuente de información que, hasta ese momento, habían supuesto las intervenciones telefónicas ordinarias que había utilizado el juez. No se equivocaban. En posteriores informes, los agentes destacan que varios miembros de la trama extremaron a partir de entonces las cautelas en sus comunicaciones y evitaban hablar por teléfono, para lo que se emplazaban a encuentros presenciales.

Un día después, el juez autorizó la instalación “de forma remota y telemática” del programa espía, que debía permitir a los investigadores “el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario”, y “la extracción de la información contenida o almacenada en los dispositivos utilizados por los investigados”. Por un lado, el programa permite registrar y monitorizar, según se están produciendo, las comunicaciones de todo tipo ―de voz o escritas― a través de aplicaciones de mensajería instantánea como “WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Skype o cualquier otra similar”. Además, faculta a los agentes el acceso y extracción “de información que se encuentre en los mismos [aparatos] y en los repositorios de almacenamiento remoto o en la nube”, así como de “cualquier dispositivo de almacenamiento masivo insertado en los terminales”. El programa permite también extraer el contenido de la memoria del dispositivo o de las tarjetas que tuviera instaladas en este.

Necesidad de la medida

El magistrado defendía en esa resolución la necesidad de la medida, ya que en ese momento había quedado constatada la existencia de “claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos referidos”. La Audiencia Nacional mantiene abierta la causa por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. No obstante, el instructor Ismael Moreno también recalcaba que la autorización judicial tenía una duración inicial de un mes, aunque podía ser renovada. Una vez terminada, el software debía ser desinstalado “eliminándose del terminal sin dejar ningún tipo de rastro”.

El Ministerio del Interior utiliza este tipo de programas para “poder mitigar el efecto del cifrado en las comunicaciones de internet legalmente interceptadas”, a la vista de las nuevas tecnologías utilizadas por delincuentes y terroristas para encriptarlas y burlar la vigilancia policial, según recogía el departamento de Fernando Grande-Marlaska en su Plan Estratégico para el trienio 2018-2020. Con la actualización, Interior también pretendía adecuar el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas SITEL) a los requisitos que impuso la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las investigaciones mediante programas informáticos. Esta modificación legal fijó entonces las garantías procesales para la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase realizadas mediante el teléfono u otro medio de comunicación telemática, e impuso un sistema de sellado o firma electrónica que garantizase la autenticidad e integridad de la información recabada cuando se pusiera a disposición de un juez.