Uno de los empresarios clave del ‘caso Koldo’ niega ante el juez el pago de comisiones ilegales

Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en el caso Koldo —que investiga la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos, al inicio de la pandemia de 2020—, ha comparecido este miércoles ante el juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional. Cueto, a quien la Fiscalía Anticorrupción sitúa en la cúspide de la trama junto a Víctor de Aldama (presidente del Zamora C. F.), ha respondido solo a las preguntas de su abogado. Y, según fuentes jurídicas presentes en la cita, ha negado que él pagara comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas de la Administración en lo peor de la crisis sanitaria de la covid.

Según estas fuentes, Cueto ha insistido en que el precio que cobraron por el producto fue justo y acorde al mercado, y ha apostillado que existe un informe de auditoría al respecto elaborado por la consultora KPMG. Ha añadido que fue una operación muy costosa, que incluyó bastantes viajes a China. Y ha remachado que no pagó a nadie, ni cometió ninguna ilegalidad. Tras el interrogatorio, la Fiscalía ha pedido que se le prohíba salir del país sin autorización, una medida que ha aprobado el magistrado y a la que su letrado no se ha opuesto. Después de media hora de declaración, el empresario ha abandonado la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado, Alfonso Trallero.

Más allá de Koldo García, el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos que cobró supuestamente comisiones por “facilitar” las adjudicaciones, Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colocan el foco en Cueto y De Aldama. Según los investigadores, ambos desempeñaron un papel clave en la cima de la presunta red corrupta. La tesis de la Fiscalía es que el presidente del Zamora, que ya se movía y “gozaba de cierta prevalencia” en Transportes, supo que el ministerio necesitaba comprar material sanitario. Y no quiso desaprovechar la oportunidad de enriquecerse, por lo que contactó con Cueto, con el que ya había hecho negocios antes: “Dado que [De Aldama] no disponía de los medios humanos y materiales necesarios, así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario, habría contactado con el Grupo Cueto”, afirma la querella presentada por el ministerio público en la Audiencia Nacional.

Los dos cabecillas pusieron entonces en marcha su plan. Idearon un “proyecto común”, en palabras de la Fiscalía, que explica que recurrieron a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S. L. para contratar con la Administración. Esta empresa era una presunta tapadera: ninguno de ellos figuraba en el organigrama, pero en la práctica la manejaba el Grupo Cueto, detrás del cual se encuentra Juan Carlos Cueto. No obstante, Íñigo Rotaeche, también imputado, es quien consta como apoderado de la firma. El ministerio público lo califica como “hombre de confianza” del empresario.

De Aldama se ocupó supuestamente de los primeros contactos con García: “Aldama y Koldo García, asesor del titular del ministerio en ese momento, mantenían una vinculación directa y personal”. Ambos habían coincidido en México, con motivo de una visita oficial del ministro Ábalos a la región. Con estas operaciones urdidas durante la pandemia, el magistrado Ismael Moreno calcula que Cueto obtuvo un beneficio de 9,6 millones de euros; y De Aldama, de 5,5 millones. Los investigadores han detectado un notable “incremento patrimonial” de García en aquella época (superior a 1,5 millones de euros), pero aún no ha trascendido si se ha acreditado quién efectuó el pago de esas supuestas comisiones y cómo las recibió.

Por su parte, Cueto ha mantenido este miércoles que él no cometió ninguna irregularidad. Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, que se encuentra personada como acusación popular, ha asegurado que el empresario ha dicho ante el juez que su actuación fue, “incluso, altruista en defensa de la vida de los españoles, y que tenían poco margen de beneficio económico”. Según Castro, Cueto “ha dicho que, desde luego, su intención no había sido aprovecharse, sino que era ayudar a España, a los españoles”.

Cueto es, además, un viejo conocido de la Fiscalía. Pertenece a la familia que gestiona el Grupo Cueto. De hecho, Anticorrupción mantiene que él “lidera” dicho conglomerado empresarial, aunque salió oficialmente del organigrama tras su implicación en el caso Defex, un sumario aún pendiente de juicio y por el que el ministerio público le pide 50 años de cárcel. En estas pesquisas también se le acusa, precisamente, de pagar “comisiones ilícitas” a autoridades y funcionarios de Angola para conseguir contratos públicos de suministro de armas y material policial (concesiones que igualmente, ante la falta de controles, aprovechaban supuestamente para desviar a sus bolsillos parte del dinero obtenido a través de las adjudicaciones).