En busca del cerebro del ‘caso Koldo’

La Audiencia Nacional busca al cerebro del caso Koldo. El juez Ismael Moreno ha citado a declarar este miércoles a Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en la red dedicada al presunto pago de comisiones irregulares para obtener contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus. La querella de la Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cueto en la cúspide de la trama desarticulada la pasada semana, y le otorga un papel clave junto a Víctor de Aldama, el presidente del Zamora C. F., también arrestado durante la operación de la Guardia Civil. El ministerio público detalla que ambos se encuentran detrás de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S. L., la compañía utilizada para conseguir las adjudicaciones.

Desde que estallase el escándalo, la figura de Koldo García, el antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, ha acaparado los principales titulares en la prensa. E, incluso, su nombre ha servido para bautizar popularmente la causa como caso Koldo. Sin embargo, los investigadores le otorgan un simple rol intermedio. Por encima de él estarían los verdaderos ideólogos de la trama: esas personas que pensaron en contratar con el Ministerio de Transportes; que eligieron a Koldo García como la persona idónea para “facilitarles” el camino; y que acordaron pagar comisiones para poder ejecutar sus planes.

En este sentido, a falta de acreditar todavía quién hizo qué, los indicios se ciernen sobre Juan Carlos Cueto, citado este miércoles en la Audiencia Nacional; y sobre Víctor de Aldama, que se negó el jueves a declarar ante el juez, que lo dejó en libertad con medidas cautelares —debe comparecer cada 15 días en el juzgado, se le retiró el pasaporte y se le prohíbe salir de España—. La tesis de la Fiscalía es que De Aldama se enteró de que Transportes necesitaba adquirir material sanitario y, al ver la oportunidad de enriquecerse, decidió ponerse en contacto con Cueto, con el que ya había hecho negocios antes. “Dado que [el presidente del Zamora] no disponía de los medios humanos y materiales necesarios, así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario, habría contactado con el grupo Cueto”, afirma la querella del ministerio público.

Así, mientras millones de españoles se encerraban en sus casas y vivían atemorizados por un virus que dejó decenas de miles de muertos en el país, los implicados acordaron utilizar Soluciones de Gestión como empresa tapadera. Ninguno de los dos aparece en los registros de esta compañía. Íñigo Rotaeche, también imputado, es su apoderado. Pero este, en palabras del ministerio público, se erige como uno de los “hombres de confianza” de Cueto, que controlaría en la práctica dicha sociedad.

Cueto es, además, un viejo conocido de la Fiscalía. Pertenece a la familia que gestiona el Grupo Cueto. De hecho, Anticorrupción mantiene que él “lidera” dicho conglomerado empresarial, aunque salió oficialmente del organigrama tras su implicación en el caso Defex. Un sumario que se encuentra aún pendiente de juicio y por el que el ministerio público le pide 50 años de cárcel. En estas pesquisas también se le acusa, precisamente, de pagar “comisiones ilícitas” a autoridades y funcionarios de Angola para conseguir contratos públicos de suministro de armas y material policial —concesiones que igualmente, ante la falta de controles, aprovechaban supuestamente para desviar a sus bolsillos parte del dinero obtenido a través de las adjudicaciones—.

En el caso Koldo, el juez instructor Ismael Moreno explica que fue Aldama, que “gozaba de cierta prevalencia” en Transportes, quien “habría influido en el departamento” para conseguir los contratos bajo sospecha: “Aldama y Koldo García, asesor del titular del ministerio en ese momento, mantenían una vinculación directa y personal”. Ambos habían coincidido en México, con motivo de una visita oficial del ministro Ábalos a la región. Con estas operaciones urdidas durante la pandemia, el magistrado calcula que Cueto obtuvo un beneficio de 9,6 millones de euros; y Aldama, de 5,5 millones.