Todos los ‘socios’ de Koldo García, el gran “facilitador” de contratos

La investigación que ha destapado la trama de venta de mascarillas en el peor momento de la pandemia de covid-19 en la que está implicado Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, se inició en 2022 a raíz de una denuncia presentada por un diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El epicentro de la red es una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., cuyos responsables presuntamente pagaron comisiones a García para que este les consiguiera contratos millonarios con la Administración. La querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— se dirigía contra el que fue hombre de confianza del exministro socialista y otras seis personas. Entre ellas, la esposa y el hermano del exasesor, además de los responsables de Soluciones de Gestión, otros nombres vinculados a la empresa y un guardia civil que también trabajaba en el ministerio.

Estos son, de momento y según el ministerio público, los principales implicados en la trama que estudia la Audiencia Nacional, que investiga delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo:

Koldo García Izaguirre. Conocido por ser la sombra de Ábalos durante su etapa de ministro de Fomento y Transportes, entre junio de 2018 y junio de 2021, se erige en la pieza clave de la red, que conecta a las instituciones públicas con los empresarios. Los investigadores consideran que es la persona que, a cambio de comisiones, “facilitó” a Soluciones de Gestión la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata en distintos estamentos de la Administración. Supuestamente, gracias a su mediación, Soluciones de Gestión fue seleccionada para varios contratos antes de que se hicieran públicas de forma oficial las necesidades de los organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes. Así, en días previos a la adjudicación del primero de los contratos, el 16 de marzo de 2020, esta empresa firmó un acuerdo de prestación de servicios con otras dos vinculadas a la trama, donde se hacía alusión a una adjudicación pública que no se produciría hasta el 21 de marzo. Asimismo, en un contrato firmado el 24 de marzo de 2020, se mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos suscritos con el Gobierno, pese a que en ese momento solo había firmado uno, con Puertos del Estado. Los investigadores han constatado que el antiguo asesor de Ábalos sigue manteniendo “vínculos” con los responsables de Soluciones de Gestión.

La Fiscalía y el juez subrayan que “un dato sumamente relevante y revelador” del papel que Koldo García pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es haber disfrutado de un incremento patrimonial “notable” durante los dos últimos años. “Es de resaltar el incremento patrimonial, que en el período 2020-2022, ha experimentado Koldo García, que no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”, advierte el ministerio público. En ese período, ha pasado a tener bienes cuyo valor se estima en 1,5 millones de euros. Estas adquisiciones, según recoge la querella, se produjeron apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión. Se tienen indicios de que usó a terceras personas de su círculo familiar (como su esposa, hermano e hija de dos años) para “ocultar”, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles que había ido comprando. Fue detenido el martes y puesto a disposición del juez, que lo ha dejado en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días y le ha prohibido salir de España.

Juan Carlos Cueto Martín. Miembro de la familia que gestiona el conglomerado empresarial Grupo Cueto, que, según la Fiscalía, es el que “controla” Soluciones de Gestión. Aunque dejó de figurar en el organigrama del grupo empresarial tras su implicación en el caso Defex (donde se investiga una trama de ventas de armas y material policial a Angola), los investigadores consideran que es la persona que realmente lo “lidera”. Hay varios indicios que “corroboran” los vínculos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto, como que la sede de la primera, en la calle de Ramón de la Cruz de Madrid, es propiedad de Inmocue, una empresa perteneciente a este grupo. Además, varios trabajadores de Cueto han participado de alguna manera en Soluciones de Gestión y durante la investigación se ha constatado que “en todas las etapas” de actividad de Soluciones de Gestión se encontraron “ingresos y pagos dimanantes o dirigidos a este conglomerado empresarial”. Cueto mantuvo varios encuentros con Koldo García en Madrid tras conocer que la Agencia Tributaria estaba investigando un posible delito fiscal de Soluciones de Gestión. La Fiscalía pidió en marzo de 2019 hasta 50 años de cárcel para el empresario por el caso Defex.

Víctor de Aldama Delgado. Conoce a Koldo García desde hace años porque han coincidido en el “contexto laboral” desde diciembre de 2018. El sumario recoge que Aldama y García coincidieron por primera vez en México, con motivo de la visita oficial del ministro Ábalos a la región de la que el primero ostentaba el cargo de cónsul honorario. Es presidente del Zamora Club de Fútbol ―equipo de la Segunda Federación, el cuarto escalón del fútbol español― y está vinculado profesionalmente al Grupo Cueto. Los investigadores creen que recurrió al entonces asesor de Ábalos para agilizar los trámites con el ministerio para lograr contratos durante la pandemia. La querella del fiscal Luis Pastor explica cómo Aldama, al enterarse de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir equipos de protección individual contra la covid-19, “y dado que no disponía de los medios humanos y materiales necesarios, así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario”, contactó con Soluciones de Gestión y con el Grupo Cueto para aprovechar su capacidad para ejecutar los contratos. “Los contratos investigados fueron un proyecto conjunto de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama”, señala el fiscal. Los investigadores recogen que la colaboración entre el Grupo Cueto y Aldama viene de lejos, con numerosos proyectos en común en el pasado. El juez lo ha dejado en libertad con medidas cautelares (comparecencias cada 15 días y entrega de pasaporte).

Iñigo Rotaeche Lachiondo. Es quien figura como propietario de Soluciones de Gestión en el momento de la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas. Los investigadores lo consideran la persona de confianza de Cueto, con quien despacha diariamente de las gestiones de la empresa. También figura como titular de Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, empresa del Grupo Cueto. Parte de las plusvalías obtenidas presuntamente por Soluciones de Gestión por los contratos de las mascarillas se destinaron a la compra de fincas rústicas en Carballeda de Valdeorras (Ourense), que luego se traspasaron, precisamente, a Pizarras Santa Bárbara. Además, de las cuentas bancarias tituladas por Rotaeche hay cinco transferencias por un total de 5.000 euros, entre marzo y agosto de 2021, bajo el concepto “José Luis Rodríguez García”, nombre de un guardia civil también arrestado en la operación. Rotaeche está en libertad, pero se le retiró el pasaporte.

José Luis Rodríguez García. Subteniente de la Guardia Civil en activo destinado a la sección de seguridad del Ministerio de Transportes. La Fiscalía lo considera una pieza importante, que “conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”. Se desplazaba en un coche de alta gama propiedad de Pizarras Santa Bárbara, en cuyo seguro figuraba su nombre como empleado de dicha empresa. Tenía también una relación “personal” con Koldo García, de “máxima importancia para la trama”. Las pesquisas recogen encuentros recientes de Rodríguez con el exasesor de Ábalos y con Cueto. Fue detenido por la Guardia Civil, que lo dejó en libertad sin que haya comparecido todavía ante el juez. Fuentes del instituto armado le adjudican un papel más secundario.

Patricia Uriz Uriarte. Esposa de Koldo García. Figura como titular de “gran parte de los bienes muebles e inmuebles” que, supuestamente, fueron adquiridos principalmente con los ingresos de él, que solo aparece como propietario de uno de los bienes comprados después del año 2020. El sumario incorpora una conversación entre Uriz y un hermano de Koldo, también implicado, en la que este le cuenta a su cuñada que, siguiendo las instrucciones de su hermano, va a ingresar 30.000 euros en una cuenta bancaria a su nombre para luego pasarlos a la del marido, la de la esposa o la de la hija menor de edad de ambos, “según la opción fiscal más ventajosa”. En la misma conversación, la mujer explica que esos ingresos serán utilizados por su marido para reducir las cuotas de sus hipotecas y préstamos, según el sumario. Los investigadores hablan también de conversaciones de Uriz con terceras personas, donde ella pone de manifiesto la intención del matrimonio de “reestructurar su patrimonio”, así como de una caja fuerte a la que la mujer tenía acceso y donde guardaban dinero en efectivo. Fue detenida y puesta en libertad sin pasar a disposición judicial.

Joseba García Izaguirre. El hermano de Koldo, es, según la investigación, otra de las personas utilizadas para ocultar su titularidad real sobre algunos inmuebles. Se han detectado traspasos desde sus cuentas a las de su hermano, su cuñada y su sobrina por, al menos, 97.404 euros, hechos la mayor parte de ellos entre 2020 y 2022. En sus cuentas ha habido sucesivos ingresos en efectivo, que alcanzaron los 130.652,38 euros en el año 2020; 84.907,61, en 2021, y 52.215, en 2022. Él y su exesposa (Ana María Rodríguez) ingresaron un total de 1.574.086,31 euros entre 2017 y 2022, entre transferencias, nóminas y pensiones, préstamos y dinero en efectivo. Al igual que en el caso de Koldo, sus ingresos experimentaron un “notable incremento” en el año 2020, cuando alcanzaron los 490.294,06 euros, se mantuvieron en 2021 y decrecieron durante 2022. Desde el año 2019, el hermano del antiguo asesor de Ábalos ha estado vinculado a organismos dependientes del Ministerio de Transportes, “aspecto que no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en este ministerio y que lo ha llevado a entablar relaciones con diferentes cargos públicos”, señalan los documentos judiciales. En la actualidad, figura como trabajador de la sociedad estatal de Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa). Tras ser detenido, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad sin medidas cautelares.