El juez deja en libertad a Koldo García, el asesor del exministro Ábalos detenido por la trama de las mascarillas

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, ha dejado este jueves en libertad a Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos (PSOE) que fue detenido el martes por su presunta implicación en una trama de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. El magistrado ha tomado la decisión después de que el antiguo colaborador del socialista se haya negado a declarar ante el instructor, según fuentes presentes en la cita. La Fiscalía Anticorrupción, que presentó en septiembre de 2023 la querella que da origen a la causa, no ha pedido el encarcelamiento de García, según fuentes del ministerio público, que precisan que solo se ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado. Ambas medidas se han aprobado. Y García ha abandonado la Audiencia Nacional sobre las 14.00, ataviado con una gorra y cazadora negra, y sin hacer declaraciones a la multitud de medios apostados a las puertas.

García, que no puede salir desde hoy de España, es uno de los cuatro detenidos que han pasado este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas, los otros tres son su hermano, Joseba García; Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol; y el empresario Íñigo Rotaeche. Para estos últimos, al igual que para el exasesor socialista, el magistrado instructor ha acordado su puesta en libertad. En el caso de Aldama se han decretado las mismas medidas cautelares que para Koldo García (obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte). A Rotaeche se le ordena no salir del país y se le quita el pasaporte. Y el hermano sale sin medidas cautelares. En la causa, que permanece bajo secreto de sumario, se indagan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y cohecho.

Aunque el sumario judicial contra Koldo García parte de una querella de Anticorrupción, el origen del caso tiene como punto de partida una denuncia presentada en 2022 en esa Fiscalía por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. En ese momento, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se encontraba en la picota por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que acabó beneficiando a su hermano. Y el partido conservador decidió contraatacar con un escrito donde alertaba de supuestas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la Administración General del Estado. Según fuentes jurídicas, tras abrir diligencias, el ministerio público indagó sobre todos esos expedientes y, según estas fuentes, archivó prácticamente todas las pesquisas ante la ausencia de indicios de delito. Pero una prosperó: la relativa a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada.

El foco se colocó así en esta compañía. Según fuentes de la investigación, los contratos bajo sospecha superan los 50 millones de euros, y Koldo García habría utilizado las relaciones personales que había tejido con terceros para favorecer las adjudicaciones a dicha empresa, lo que permitió cobrar supuestamente unos 9,5 millones de euros en comisiones en plena pandemia de coronavirus. Además, hay en total una veintena de detenidos, según el ministerio público: entre ellos, la mujer del antiguo colaborador de Ábalos, quien fue ministro de Pedro Sánchez desde 2018 hasta 2021. En ese tiempo compaginó dicho cargo con el de secretario de Organización del PSOE.

Una relación que va a explotar el PP. “El presidente del Gobierno, que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el partido socialista actual”, ha cargado este jueves el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. “¿Saben lo que está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es que lo que tiene es una inmensa inferioridad ética”, ha añadido Isabel Díaz Ayuso. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno: “¿Por qué cesó al señor Ábalos? ¿Por qué él tenía información previa de que se estaba produciendo algún tipo de comisiones con el tráfico de esas mascarillas? Son las cosas que debería aclarar y debería aclarar de manera inmediata”

Los indicios

Al abrir diligencias, la Fiscalía Anticorrupción puso sobre la mesa varios elementos sospechosos. La compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada (S. L.) conducía hasta el círculo de confianza de Ábalos. Además, “su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato”: la empresa no se dedicaba a la venta de material sanitario, sino que realmente estaba constituida para “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas”. Y, “en 2019 su cifra de negocio fue de cero euros, frente a los 53,13 millones de euros [que alcanzó] en 2020 por las adjudicaciones públicas directas” relacionadas con la pandemia.

En su denuncia, el PP también ponía sobre la mesa que varios contratos se adjudicaron a dedo y sin publicidad. Y que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., con sede en Zaragoza, no tenía ninguna relación con China (gran suministrador de mascarillas en la época del covid), pues “operaba principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez”. “Resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas a priori en China y sin ingresos durante el ejercicio anterior”, resultase elegida primero por el Ministerio de Transportes y, posteriormente, fuese “beneficiaria de la adjudicación de cuatro contratos por parte del Servicio Canario de Salud y otros dos contratos por el Servicio de Salud Baleares, ambas instituciones bajo dirección [entonces] de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor de tales servicios sanitarios”. “Cobra más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa”, remachaba la denuncia.