Anticorrupción archiva una tercera denuncia del PP de Ayuso contra el Gobierno de Sánchez por los contratos covid

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido dar carpetazo a otra de las investigaciones abiertas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los contratos de emergencias y ayudas concedidas durante la pandemia, que se abrieron a raíz de una denuncia presentada por el PP como respuesta a las indagaciones sobre las ganancias que obtuvo el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. El ministerio público ha cerrado ahora las pesquisas sobre los dos expedientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, para comprar 92 millones de guantes de nitrilo a la empresa Member of the Tribe por 9,4 millones de euros. Hace unos meses, la Fiscalía ya archivó dos diligencias que apuntaban a los padres de Sánchez y a la ministra Nadia Calviño.

En una resolución fechada este 1 de febrero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción concluye que no ha encontrado indicios de “infracciones penales”, ni la existencia de irregularidades “con suficiente relevancia” para seguir adelante con la denuncia del PP sobre Member of the Tribe, que puso sobre la mesa delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El departamento encabezado por el fiscal jefe Alejandro Luzón ha tomado esta decisión tras recabar informes de la Guardia Civil y de Hacienda, que echan por tierra la tesis de los populares.

Por orden de Ayuso, el portavoz del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, denunció que se había pactado con Member of the Tribe un “precio excesivo” para cada unidad de guante, “estimándose el coste entre un 25% y un 500% superior al ofertado por otros proveedores”. Además, los populares aseguraron que la empresa “tenía un objeto social que nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios”; y que Sanidad adelantó una parte del dinero que, tras incumplir la compañía el plazo de entrega, no se había recuperado.

Sin embargo, por un lado, la Fiscalía expone que, tras el estallido de la pandemia en marzo de 2020, la empresa amplió su objeto social e incluyó la “compraventa al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos” —los contratos del Ingesa se adjudicaron pasados unos meses del inicio de la crisis: el 14 de mayo y 1 de junio—. El ministerio público también descarta “sobrecostes” en los guantes basándose en un cuadro comparativo elaborado por Hacienda con los “precios de contratos similares, tanto del Ingensa como de los servicios correspondientes de las comunidades autónomas”, obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Tribunal de Cuentas.

“Se concluye que el sobrecoste denunciado no existe”, afirma Anticorrupción de forma contundente, antes de añadir: “Aunque hay compras por precios inferiores al de estos dos contratos, también las hay por importes superiores, incluso en compras muy posteriores (noviembre de 2020). Y el precio medio al que se realizaron las adquisiciones por Ayuntamientos de más de 300.000 habitantes fue superior (0,12 euros), según el informe del Tribunal de Cuentas”. En este punto, el ministerio público recuerda que, en los dos expedientes concedidos a Member of the Tribe, se pagó 1,107 euros y 0,097 euros por cada guante.

Por último, sobre el dinero adelantado, Anticorrupción incide en que Ingesa abrió el correspondiente expediente para suspender el contrato con la empresa y reclamar los fondos entregados. Es más, Member of the Tribe presentó alegaciones y afirmó que no pudo entregar el material a tiempo porque su suministrador turco no se lo había remitido. Todo ello se puso además en conocimiento del Consejo de Estado, que no detectó “ningún defecto en la tramitación del expediente”. En este sentido, el fiscal Luis Pastor añade que dicho órgano concluyó que la actuación de Ingesa fue “correcta” y “no implica la inobservancia de las adecuadas cautelas en el manejo de fondos públicos”.

Tercer revés al PP de Madrid

El archivo de Anticorrupción inflige otro revés a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, que se lanzó al contraataque contra el Gobierno de España cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre el pelotazo que dio su hermano con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia. En ese caso, el ministerio público descartó tráfico de influencias e ilegalidades, pero concluyó que Tomás Díaz Ayuso se embolsó 234.000 euros como intermediario de una empresa que vendió a la Consejería de Sanidad 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros.

Cercada por aquel escándalo, la presidenta trató de desviar la atención y ordenó a sus diputados presentar una macrodenuncia contra el Ejecutivo de Sánchez. “Vamos a empezar a investigar a todos”, dijo Ayuso, retadora. Entonces, basándose solo en artículos de prensa, el PP regional llevó a la Fiscalía hasta 13 contratos de la Administración central con siete empresas. Una vez recibida, Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, abrió siete líneas de investigación en abril de 2022 —cada una, centrada en una de las compañías adjudicatarias—. Pero, hasta ahora, no ha trascendido que haya fructificado ninguna. Es más, a tres de ellas ya se le ha dado carpetazo.

El ministerio público ha cerrado este febrero las pesquisas sobre Member of the Tribe. Antes ya hizo lo propio con otras dos líneas de investigación. Primero, en julio de 2022, Luzón finiquitó las indagaciones sobre las subvenciones a la compañía Industrias Plásticas Playbol, que el PP de Madrid vinculó con los padres de Pedro Sánchez. Tras analizar este caso, el fiscal jefe de Anticorrupción recalcó que la denuncia de los populares no se sostenía: existía una “palmaria ausencia de elemento incriminatorio” y no tenía la más “mínima base indiciaria”.

En octubre llegó el segundo varapalo a Ayuso. La Fiscalía archivó la investigación sobre la concesión a la empresa Beedigital (antes llamada Páginas Amarillas Soluciones Digitales) de un concurso público, un aval y la acreditación como agente digitalizador del Programa Kit Digital. En este caso, el PP de Madrid apuntó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con el argumento de que su pareja trabajaba como director de marketing de esa compañía. Pero la Fiscalía no encontró ningún indicio de un “supuesto trato de favor”, de la existencia de irregularidades o de la “intervención directa o indirecta” de Calviño en estas adjudicaciones.