Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del Gobierno durante la pandemia denunciados por Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para analizar los 13 contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez que fueron denunciados por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado este viernes abrir diligencias para determinar si hay indicios de delito en algunas de las contrataciones, que, según el grupo de Isabel Díaz Ayuso, están vinculadas con miembros del Gobierno central a través de familiares o allegados. La Fiscalía descarta, por el momento, la participación de algún miembro del Ejecutivo, pero advierte de que los hechos “revisten especial trascendencia” y ha optado por abrir una investigación para “confirmar o descartar” la posible existencia de delito. “Esta inicial indagación no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de diligencias de investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados”, recuerda el fiscal.

Esta es la tercera gran investigación que abre el Ministerio Público en las últimas semanas sobre contratos de emergencia vinculados a la venta de material sanitario para combatir la covid-19, tras las pesquisas iniciadas por la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de la que cobró el hermano de la presidenta Ayuso y la causa judicial abierta por presunta estafa por parte de dos comisionistas al Ayuntamiento de la capital. La denuncia que ha dado pie a la nueva investigación fue precisamente presentada por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid como respuesta a las registradas por los grupos de la oposición sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta, y el fiscal Luzón, en el decreto firmado este viernes, establece un paralelismo claro entre ambas investigaciones al considerar que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público en el primer caso son “extrapolables” al actual.

“Como en esta investigación [...] el denunciante se limita a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ella relatados, en los que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de las distintas adjudicaciones”, señala el jefe de Anticorrupción. “Al respecto”, añade Luzón, “se dice en el referido decreto y resulta extrapolable a este, que resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”.

La denuncia presentada por el Grupo Popular abarca 13 contratos o subvenciones adjudicadas por los ministerios de Transportes (en la etapa de José Luis Ábalos), Sanidad (durante el mandato de Salvador Illa), Interior, Seguridad Social y la Compañía Española de Refinanciamiento, dependiente de Economía. Según la denuncia, las siete empresas adjudicatarias guardan algún vínculo con miembros del Gobierno y el trabajo se les asignó sin haber comprobado que cumplieran “los requisitos mínimos” para ejecutar el contrato.

La denuncia del PP salpicaba directamente a Ábalos, Illa, a la vicepresidenta Nadia Calviño y al presidente del Gobierno, al sostener que algunas de las empresas que se beneficiaron de esos contratos eran propiedad de allegados o familiares directos. La Fiscalía, no obstante, advierte de que esas acusaciones se basan en recortes de informaciones periodísticas sobre las que los populares no aportan ningún dato, por lo que el Ministerio Público descarta de inicio la participación de miembros del Ejecutivo, una decisión que a su vez implica que sea Anticorrupción la encargada de investigar los hechos. De lo contrario ―si la causa afectara al presidente o sus ministros, que están aforados― la investigación sería competencia de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El decreto firmado por Luzón se limita a ordenar la apertura de diligencias y no da pistas sobre si los hechos apuntan a algún tipo de delito (el PP, en su denuncia, señalaba indicios de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos). Pero el Ministerio Público cita el auto por el que el Supremo archivó en septiembre de 2021 varias querellas contra el Gobierno de Sánchez en el que el alto tribunal descartó actuar penalmente contra la compra de mascarillas con contratos de emergencia, por tratarse “de un supuesto excepcional al que se ha aplicado una normativa excepcional propia del estado de alarma”. En ese auto, el Supremo limitó la posibilidad de delito a “las adquisiciones fallidas o fraudulentas realizadas en el tiempo del estado de alarma”, y a esta doctrina se va a ceñir la Fiscalía. “Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa”, señala Anticorrupción.