La deuda española retrocede al 100,8% del PIB, su nivel más bajo desde antes de la pandemia

La deuda pública española cerró diciembre del año 2025 en 1,7 billones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España. El volumen marca un nuevo máximo histórico en términos absolutos, pero en relación con el tamaño de la economía, la carga se modera: el pasivo equivale al 100,8% del Producto Interior Bruto. El fuerte crecimiento económico del año pasado permite así que el porcentaje retroceda a niveles que no se veían desde febrero de 2020, en la antesala de la pandemia, y pone a tiro bajar de la barrera del 100%.

El dato de diciembre apenas varía respecto a noviembre, pero el balance anual confirma que la deuda sigue instalada en niveles inéditos. En el último año aumentó en torno a 78.000 millones, cerca de un 5% más que en 2024. Si se amplía la perspectiva, el contraste es mayor: desde el estallido de la pandemia en 2020, el endeudamiento se ha incrementado en más de 350.000 millones, lo que supone un avance próximo al 26% en solo cinco años.

Esta evolución resume el dilema fiscal español. La ratio sobre el PIB logra descender —tras haber superado el 103% durante el año— gracias al dinamismo económico y al mayor PIB, pero el volumen acumulado continúa creciendo. El ajuste se produce más por el denominador que por una reducción efectiva del endeudamiento. En esta línea, Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, advierte de una clara ralentización en el ritmo de reducción de la deuda. La recuperación económica y el efecto de la inflación, que en los últimos años han ayudado a aliviar el peso del endeudamiento, ya no bastan para rebajar de forma apreciable el apalancamiento de las administraciones públicas. Mantener la senda actual, señala, implicaría que la deuda se estabilice en torno al 95% del PIB a finales de la década, sin una corrección más ambiciosa.

Del lado positivo, el economista detalla que la evolución es coherente con un déficit público cercano al 2,5% del PIB en 2025, lo que situaría a España en una posición comparativamente favorable entre las grandes economías de su entorno: frente a Alemania, Francia o Italia, sería la única que habría logrado reducir el déficit respecto a los niveles previos a la pandemia.

En cualquier caso, el dato publicado este martes tiene carácter provisional. Es decir, es un avance que presenta el Banco de España y que se convierte en cifra definitiva en marzo, una vez contrastada la información remitida por comunidades autónomas y corporaciones locales. Es entonces cuando el organismo ofrece el desglose completo por subsectores y cuando el dato se incorpora formalmente a la notificación del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de primavera, el marco de referencia utilizado por las autoridades europeas para evaluar la situación fiscal de los Estados miembros.

El grueso de la deuda se concentra en la Administración central, que acumula algo más de 1,55 billones. Solo en el último ejercicio su pasivo creció en torno a 75.000 millones, cerca de un 5%, y desde 2020 el aumento ronda el 33%. El Estado sigue siendo el principal emisor del sector público y el sostén financiero del resto de administraciones, tanto para cubrir su propio déficit como mediante préstamos y mecanismos extraordinarios.

Las comunidades autónomas mantienen una senda más contenida, pero aún ascendente. Su deuda supera los 341.000 millones, unos 6.000 millones más que un año antes, un avance inferior al 2%. Desde 2020 el incremento acumulado ronda el 13%, reflejo de la presión estructural del gasto sanitario, educativo y social y de la dependencia de los mecanismos estatales de financiación.

El contrapunto lo ofrecen las corporaciones locales, cuya deuda se sitúa en torno a 34.000 millones. En cinco años han reducido su pasivo en más de 40%, consolidando una posición comparativamente saneada dentro del sector público y muy alejada de los niveles previos a la pandemia.

La Seguridad Social, por su parte, presenta una deuda algo inferior a la de ejercicios anteriores, en torno a 21.000 millones, tras una reducción cercana al 10% respecto a 2024. El descenso no altera, sin embargo, la dependencia estructural del sistema de las transferencias y préstamos del Estado para equilibrar el gasto en pensiones.

Por instrumentos, la financiación sigue apoyándose de forma mayoritaria en valores a medio y largo plazo, que ya representan alrededor de ocho de cada diez euros de deuda. Este tipo de títulos ha crecido cerca de un 5% interanual, reflejando la estrategia de alargar vencimientos y reducir riesgos de refinanciación en un entorno de tipos de interés más altos. Los préstamos, en cambio, han perdido peso desde 2022, lo que apunta a una sustitución gradual de crédito por emisiones en el mercado.

La trayectoria desde 2020 es clara: el fuerte salto inicial ligado a la pandemia dio paso a un crecimiento más suave, pero constante. El cierre de 2025 deja así una fotografía ambivalente. La deuda pesa menos sobre el PIB y se acerca a atravesar a la baja el umbral del 100%, pero el volumen absoluto continúa en máximos históricos. La sostenibilidad de las cuentas públicas dependerá de que el crecimiento siga sosteniendo la ratio y de que la consolidación fiscal logre frenar la inercia del endeudamiento.

Más allá del volumen absoluto, los economistas y los mercados ponen el foco en la ratio de deuda sobre el PIB, que ofrece una medida más precisa de la capacidad de pago de un país. El propio Eurostat insiste en esta lectura comparada: en 2024 ―último dato disponible―, la deuda pública consolidada de la Unión Europea se situó en torno al 81% del PIB, claramente por debajo del máximo alcanzado durante la pandemia.

España figura entre los países con ratios superiores al 100%, junto a Grecia, Italia, Francia y Bélgica, mientras que economías como Luxemburgo, Bulgaria o Estonia presentan niveles mucho más reducidos. El contraste ilustra por qué el porcentaje pesa más que la cifra en millones: países con mayor deuda nominal, pero menor carga relativa sobre su PIB —como Alemania frente a Grecia— acceden a financiación más barata, al ofrecer a los inversores una mayor solvencia estructural.