El PP, ante la contradicción de usar el ‘caso Mediador’ como arma contra el PSOE mientras le acecha la sombra de sus causas de corrupción

No es fácil para el PP erigirse en adalid de la lucha contra la corrupción. El caso Mediador tiene un potencial desgaste para el PSOE que los populares quieren explotar ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo. Sin embargo, la corrupción es un tema resbaladizo para el PP, a quien acecha la sombra de un historial de graves corruptelas y varios casos todavía sin resolver. El más grave de los pendientes es el caso Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la semana pasada 15 años de cárcel para los máximos responsables del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Conscientes de esas dificultades, los populares no han previsto una gran ofensiva por el caso del Tito Berni ―una red corrupta con epicentro en Canarias que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero y que de momento ha supuesto la expulsión del PSOE del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo―, aunque sí pedirán explicaciones al PSOE y ayer registraron una petición de comisión de investigación en el Congreso. “Los temas de corrupción provocan desafección general de la ciudadanía con respecto a la política”, reconocen fuentes de la dirección del PP.

El PP no las tiene todas consigo sobre que en el caso Mediador pudiera aparecer algún vínculo también con el PP. El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, reconoció ayer haberse reunido con el conseguidor de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para tomarse un café en las inmediaciones del Parlamento, tras presentárselo un periodista. Fuentes de la dirección popular afirman que la cúpula “no es la Gestapo” (la policía secreta de los nazis) y, por tanto, no puede saber a ciencia cierta si hay algún garbanzo negro en el PP, pero que si fuera así “que cada palo aguante su vela”.

La rueda de prensa de Cuca Gamarra este miércoles para anunciar el registro de la comisión de investigación fue un perfecto ejemplo de las contradicciones a las que se enfrenta el PP cuando habla de corrupción. La secretaria general utilizó un tono afectado para describir el caso Mediador, que “abochorna a toda la sociedad española”, dijo, pero pasó de puntillas por los otros casos de corrupción que les afectan a ellos. Gamarra evitó mostrar el mismo rechazo sobre el caso Kitchen, a pesar de la reciente petición de la Fiscalía Anticorrupción, y de que EL PAÍS ha revelado esta semana los mensajes de jefes de Interior y mandos policiales entre 2015 y 2019 que revelan la estrategia del ministerio en la época del PP para investigar a Podemos y a líderes independentistas, la mayoría de las veces sin respaldo judicial. En cambio, despachó el asunto porque “no hay nada nuevo” y “no es de actualidad”, y porque el caso tiene “más de una década”.

La número dos de Feijóo se enfrentó también a las preguntas de los periodistas sobre por qué el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comió el pasado 26 de febrero en un acto de partido con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP, a pesar de que este ha sido imputado después de que la Fiscalía Anticorrupción le acuse de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. “Es un procedimiento administrativo en el marco de su actividad. No se puede utilizar la misma vara de medir. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, repuso Gamarra, tras añadir que le parece “muy bien” que Feijóo comiera con él.

Además, se vio obligada a responder sobre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), a quien el Senado ha dado 15 días de plazo para que rinda cuentas sobre su abultado patrimonio, que se estima en 12 millones de euros. La Cámara Alta quiere dilucidar si la regidora vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales al no declarar todos sus bienes al inicio de la reciente legislatura. Lo hizo después del procesamiento judicial de su marido y su hijastro, que fueron detenidos en 2021 por, supuestamente, formar parte de una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales en la Costa del Sol. De momento, Muñoz cuenta con el respaldo del PP, que la ha confirmado como candidata en mayo. “La alcaldesa de Marbella no tiene abierto ningún procedimiento penal”, justificó este miércoles la secretaria general del PP.

Así, el caso Mediador o de Tito Berni, por el apodo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, puede ser un arma de doble filo para el PP, porque la corrupción no es precisamente un marco que le sea ganador. La dirección popular cree, en todo caso, que el recorrido de la polémica va a alargarse un máximo de diez días. Tampoco tiene especial interés el PP en que se extienda mucho más allá de ese plazo.