Los mensajes de móvil que alertaron a la oposición: “Os hago llegar un caso de corrupción del hermano de Ayuso”

La oposición lleva a la Fiscalía el contrato que implica al familiar de la presidenta. Una comunicación “anónima” asegura que recibió una transferencia por “intermediación Comunidad de Madrid”

Los SMS anónimos que llegaron al teléfono de Mónica García, según ella misma ha relatado.
Los SMS anónimos que llegaron al teléfono de Mónica García, según ella misma ha relatado.

El contrato bajo sospecha que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso, epicentro de la crisis interna que se ha desatado en el PP, ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, partidos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, han presentado este viernes sendos escritos ante el ministerio público para pedir que se investigue. En su denuncia, Mónica García, portavoz de Más Madrid, relata que recibió en noviembre de 2021 una batería de mensajes de móvil “anónimos” donde ya les alertaban de posibles irregularidades: “Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso”, rezaba uno de ellos.

García detalla que recibió esas comunicaciones el pasado 7 de noviembre. Para entonces, el PP ya había comenzado a moverse. Según han admitido las dos partes enfrentadas, Pablo Casado llamó a capítulo a Ayuso y mantuvieron dos reuniones —en septiembre y el 20 de octubre— para abordar el asunto. Según el presidente del partido, la información sobre la adjudicación sospechosa les llegó a finales de verano y tuvo en sus manos un dosier que contenía “datos fiscales y bancarios”, por lo que “se podía inferir que venía de alguna institución pública”. Aunque Casado ha negado que el remitente del informe fuera La Moncloa, y ha repetido que así lo confirmó, preguntando sobre ello al Ministerio de la Presidencia.

El acuerdo sospechoso es una adjudicación a la empresa Priviet Sportive S. L., a la que la Comunidad de Madrid otorgó en abril de 2020 un contrato directo de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Al frente de esa compañía se encuentra un amigo de la infancia de los Ayuso y, según ha admitido la presidenta, su hermano mantuvo una “relación comercial” con esa sociedad. En un primer momento, Ayuso no aclaró en qué había consistido esa transacción, pero este viernes ha emitido un comunicado donde admite que su familiar cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, dice la nota.

Sin embargo, Casado ha puesto otra cifra sobre la mesa y baraja que el hermano de la política madrileña ejerciera como intermediario para obtener el contrato: “Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”, ha dicho el presidente del PP: “Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que hay un tráfico de influencias”, ha remachado, antes de añadir que no tiene pruebas y que, por ello, la dirección nacional no ha acudido a la justicia.

Pero la oposición ya ha movido ficha este viernes. Junto a su escrito, Más Madrid aporta los 11 mensajes “anónimos” de móvil que recibió en noviembre, además del número de teléfono que se los envió. Estas comunicaciones conforman el siguiente texto: “Querida Mónica, querido Íñigo. Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso. Recurro a vosotros porque no sé como denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente. En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrató de 1,5 millones para EPI (trajes de protección) y mascarillas de Ifema. Lo hizo a la empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar, amigos de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes. Y cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer [sic] por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso. El concepto de esas transfer es ‘intermediación Comunidad de Madrid’. Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso. Es un delito, sino son muchos [sic] y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano está que no quede impune”.

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En el centro, Mónica García, portavoz de Más Madrid, a su llegada este viernes a la Fiscalía Anticorrupción.
En el centro, Mónica García, portavoz de Más Madrid, a su llegada este viernes a la Fiscalía Anticorrupción.A. Pérez Meca (Europa Press)

Según explica Mónica García, tras recibir esos mensajes, el responsable jurídico del partido estudió la información a fondo, pero no contaban con elementos “suficientes” para “darle veracidad”: “Ello se debió, principalmente, al origen anónimo de la denuncia y las informaciones tan laxas que de la misma se desprendían. Pese a ello, se trasladó a los diputados de la formación en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid”, recoge el documento enviado a Anticorrupción, donde se insiste en que la formación no tenía entonces bastantes “indicios” para emprender una acción penal. Aun así, Más Madrid tomó la iniciativa en la Cámara y pidió varias comparecencias, como la del hermano de Ayuso y la del administrador de la empresa bajo sospecha. Pero la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, rechazó todas.

El PSOE también carga las tintas en su denuncia ante Anticorrupción por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. “Resulta evidente que los controles preventivos no parece que hayan funcionado en los supuestos relatados, ante una supuesta intermediación, retribuida y directa de un familiar, precisamente, de la presidenta del Consejo de Gobierno y de la Administración que adjudica el mismo. En claro conflicto de intereses personales, lo que lleva a la consideración de fuertes indicios de la posible comisión de graves delitos de corrupción en las contrataciones antes relatadas”, subrayan los socialistas.

"Es la primera pieza de un caso de corrupción más grande"

Toda la oposición de la Asamblea de Madrid, a excepción del partido de extrema derecha Vox, ha acudido este viernes a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el contrato que salpica al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. “Creemos que es un flagrante caso de corrupción institucional”, ha apuntado la portavoz Mónica García, que ha relatado cómo su partido ya había preguntado antes por este asunto en la Cámara, pero se había topado con “un muro de opacidad”. “Ayuso, hasta ayer, negaba todos los hechos”, ha incidido. “Esto es la primera pieza de un caso de corrupción más grande que va a llevar imputaciones”, ha añadido Mónica García, antes de afirmar: “Esto no es la política, esto es el PP. Esto es un abuso más del PP. No nos podíamos imaginar que el Gobierno de Ayuso se atreviera a hacerlo en plena pandemia”.

En la misma línea ha ahondado Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, a las puertas de la sede de la Fiscalía: “Cabe la posibilidad de que existan otros contratos. Cuanto más hablan, más dudas hay. Pablo Casado debería haber venido hace seis meses cuando tuvo conocimiento de esta información tan trascendental”. “Ayuso no nos aclara el fondo del asunto. Si lo que ha sucedido es legal o no, lo decidirá la justicia. Por eso estamos aquí en la Fiscalía. Pero lo que desde luego no es, es ético”, ha proseguido el dirigente socialista.

Alejandra Jacinto, diputada en la Asamblea y coportavoz de Podemos, ha manifestado: “Los hechos reconocidos por la propia Díaz Ayuso podrían ser constitutivos de delito. Se ha usado dinero público para pagar seis euros por mascarilla a una empresa de un amigo”. La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, ha remachado: “Ayuso va por el mismo camino que los cuatro anteriores candidatos del PP a la Comunidad de Madrid, acabar imputada o condenada por corrupción”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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