El PP de Ayuso celebra como un éxito propio el estallido del ‘caso Koldo’: “El PSOE está en manos de un portero de prostíbulo”

Los diputados del PP llegan al pleno de la Asamblea de este jueves dispuestos a disfrutar. “Koldo y Torrente, patosamente”, resume el espíritu festivo la diputada Elisa Vigil. Porque la víspera ha sido detenido Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en una operación que inicia una denuncia presentada en 2022 por Alfonso Serrano, el número dos de Isabel Díaz Ayuso, sobre presuntas irregularidades en una docena de contratos estatales relacionados con la covid. Primero golpea el propio Serrano, en una entrevista en Onda Cero: “Si el PSOE y Sánchez no lo atajan a tiempo, pude ser el caso Sánchez”. Luego llega el turno de Carlos Díaz-Pache, el portavoz parlamentario: “Es intolerable la continuidad como diputado del señor Ábalos”. Y quien remata la operación de derribo es la presidenta regional, dispuesta a cobrarse todas las facturas pendientes por los meses de polémica por la comisión de 234.000 euros que según Anticorrupción cobró su hermano por suministrar a una empresa las mascarillas que necesitaba para cumplir con un contrato con la Administración regional.

“[Hay] Una trama de corrupción que salpica a ministerios, comunidades autónomas y ha tenido de partida 20 detenidos”, empieza Díaz Ayuso entre una ovación atronadora de la bancada del PP, que ha venido a disfrutar, porque pocas veces sopla el viento tan a favor. “A la primera”, insiste la baronesa. “Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, luego es asesor de un ministro y acaba de asesor de Renfe”, añade, en referencia a Koldo García.

Y entonces, parafraseando la pregunta que le hizo Juan Lobato, el portavoz de los socialistas, en la sesión plenaria de la semana pasada, lanza: “Señor Lobato, no se muerda la lengua, entre nosotros, en bajito, si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez? Porque si todo lo que ocurre en Madrid es responsabilidad mía, todo lo que ocurre en el Gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez”.

Los diputados del PP se dejan las manos aplaudiendo, y aunque parezca imposible suben el volumen cuando Díaz Ayuso cierra su intervención con una frase que pretende ser lapidaria: “¿Saben lo que está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es que lo que tiene es una inmensa inferioridad ética”.

El caso Koldo nace del caso Tomás Díaz Ayuso. Porque en 2022 el PP se abrió en canal, y echó a su presidente, Pablo Casado, por la polémica alrededor de la comisión cobrada por el hermano de la presidenta madrileña por intermediar a favor de la empresa Priviet en que llegaran las mascarillas que le había encargado la Comunidad de Madrid a cambio de 1,5 millones de euros. Y entre tanto desgaste, el PP madrileño decidió contrarrestar el huracán informativo intentando generar otro de iguales dimensiones en contra del PSOE. Es la semilla que germina casi dos años después en el caso Koldo.

Ocurre en 2022. Serrano, entonces diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se presenta ante la Fiscalía Anticorrupción con una denuncia donde señalaba presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la Administración General del Estado. De los casos que señala, prospera uno: el relativo a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada.

Anticorrupción, que presentó la querella en septiembre de 2023 en los tribunales por estos hechos, situó así en el punto de mira a esta compañía. Según fuentes de la investigación, los contratos bajo sospecha superan los 50 millones de euros, y Koldo García habría utilizado las relaciones personales que había tejido con terceros para favorecer las adjudicaciones a dicha empresa, lo que le permitió cobrar supuestamente comisiones millonarias en plena pandemia de coronavirus. Además, hay en total una veintena de detenidos, según el ministerio público.

En la plataforma estatal de contratación, constan ocho operaciones de compraventa de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que le vendió al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), al Ministerio del Interior y a Puertos del Estado, entre otros organismos —también a entidades de Canarias y Baleares—.

En su denuncia, el PP ponía sobre la mesa distintos elementos sospechosos. Los populares incidían en que varios contratos se adjudicaron a dedo y sin publicidad. Además, recalcaban que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., con sede en Zaragoza, se dedicaba realmente a “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua a infraestructuras agrícolas”. Y la compañía no tenía ninguna relación con China (gran suministrador de mascarillas en la época del covid), pues “operaba principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez”.

En esta línea, apostillaba el escrito enviado a Anticorrupción, la cifra de negocios de la empresa maña había sido de “cero euros en 2019″, frente a los 53,13 millones de euros que movió en 2020 “como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la covid”. “Resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas a priori en China y sin ingresos durante el ejercicio anterior”, resultase elegida primero por el Ministerio de Transportes y, posteriormente, fuese “beneficiaria de la adjudicación de cuatro contratos por parte del Servicio Canario de Salud y otros dos contratos por el Servicio de Salud Baleares, ambas instituciones bajo dirección [entonces] de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor de tales servicios sanitarios”. “Cobra más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa”, remachaba la denuncia.

Casi dos años después, la jornada de este jueves en la Asamblea es de celebración para el PP. La venganza por el caso Tomás Díaz Ayuso, creen en la formación conservadora, solo acaba de empezar. Aunque puede ser un arma de doble filo, piensan en la oposición, porque también permite reavivar la polémica que afectó al hermano de la presidenta.

Como dice Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid: “Vamos a mostrar nuestro desprecio a quien se lucró vendiendo mascarillas mientras la gente se moría, a quien cobró por ser amigo de un ministro y a quien cobró por ser hermano de la presidenta de Madrid”.

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