El juez Peinado insiste en intentar multar a los abogados que hacen declaraciones a la prensa en el ‘caso Begoña Gómez’
El magistrado reclama grabaciones a RTVE para sancionar a los letrados por sus manifestaciones públicas tras interrogatorios clave de enorme trascendencia mediática


El juez Juan Carlos Peinado, que impulsa la investigación contra Begoña Gómez, insiste en intentar multar a varios abogados del caso por hacer declaraciones a la prensa. El magistrado ha vuelto a reclamar a RTVE las imágenes de las manifestaciones que tres letrados hicieron a los periodistas que acudieron el 18 de diciembre a cubrir la comparecencia ante el instructor de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que optó por declarar por primera vez (en las citaciones anteriores, ella se había acogido a su derecho a no responder a las preguntas). En una causa de enorme interés mediático y plagada de filtraciones del sumario, el magistrado ha centrado su atención en tres letrados —en Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Gómez; y en Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y al grupo ultracatólico Hazte Oír, personados como acusación popular— por unos comentarios que hicieron al finalizar ese acto.
Según consta en una resolución fechada este 25 de febrero, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el juez Peinado exige al organismo público que le envíe todas las “grabaciones de los programas emitidos en las cadenas RTVE 1 y RTVE 2 [sic, La 1 y La 2] del día 18 diciembre relacionadas con las actuaciones judiciales llevadas a cabo en esta sede judicial en dicho día 18, entre las 10.00 y las 17.00, que contuviera declaraciones” de esos tres abogados. Además, el magistrado “apercibe” al ente de que, “en caso de no verificar” lo que le pide, podría estar incurriendo en un “delito de desobediencia a la autoridad judicial”.
Fuentes de las defensas y de las acusaciones han manifestado a EL PAÍS su enorme estupefacción ante los intentos del juez Peinado de multar a los abogados. Estas insisten en que las declaraciones a la prensa no han entorpecido el desarrollo de la investigación. “Es un atropello al derecho fundamental de libertad de información reconocido en la Constitución y en abundante jurisprudencia constitucional”, denunció el colectivo Iustitia Europa, personado también como acusación popular.
El pasado 13 de enero, el magistrado ya firmó otra resolución para ordenar a Atresmedia, RTVE y Telecinco que le enviase una “copia de las grabaciones” que “fueran emitidas y que contuvieran declaraciones” de Camacho, Castro, y Pérez-Roldán. En ese dictamen, el instructor instaba igualmente a los letrados a que le dijeran si “realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial” el pasado 18 de diciembre.
Desde que abrió la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Peinado se ha mostrado especialmente molesto con los comentarios que las partes hacen a los periodistas a la salida del juzgado. Pero, tras la declaración de Begoña Gómez, decidió dar un paso más y abrir una “pieza de imposición de multas coercitivas” —que pueden alcanzar los 10.000 euros—. Al acabar el interrogatorio de la esposa del presidente, los tres abogados señalados por el magistrado, además de otros letrados, comparecieron ante la prensa. Ese día, multitud de periodistas se habían congregado ante el juzgado ante la enorme repercusión mediática, social y política que levanta este caso. No solo se encuentra imputada la esposa del jefe del Ejecutivo, sino que el propio Juan Carlos Peinado acudió al palacio de La Moncloa para tratar de tomar declaración a Pedro Sánchez.
Ante las cámaras de televisión, Camacho se limitó a exponer la posición de su cliente, que negó los cuatro delitos que le atribuye el magistrado (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional). La defensa siempre ha insistido en la inocencia de Begoña Gómez. Los letrados de Vox y Hazte Oír valoraron las declaraciones de la mujer de Sánchez, que solo había contestado a su abogado: “Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido”, dijo Javier María Pérez-Roldán. “Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas”, añadió Marta Castro.
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