El juez Peinado recaba vídeos para tratar de multar al abogado de Begoña Gómez por sus declaraciones a la prensa

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez, ha comenzado a recabar vídeos para tratar de multar a varios abogados del caso: entre ellos, al letrado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; y a Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y al grupo ultracatólico Hazte Oír, personados como acusación popular. En unas pesquisas donde se producen continuas filtraciones de la documentación del sumario, Peinado quiere actuar contra los abogados por las breves manifestaciones que hacen ante las cámaras de televisión tras comparecencias de relevancia, como fue la de Begoña Gómez, que declaró por primera vez el pasado 18 de diciembre (en las citaciones anteriores, ella se había acogido a su derecho a no responder a las preguntas).

Según consta en una resolución dictada este 13 de enero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado Peinado ordena a Atresmedia, RTVE y Telecinco que le envíe una “copia de las grabaciones” que “fueran emitidas y que contuvieran declaraciones” de Camacho, Castro, y Peréz-Roldan. A estos tres letrados, además, se les insta para que le digan si “realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial” el pasado 18 de diciembre, cuando acudió Gómez.

Al acabar el interrogatorio de la esposa del presidente, los tres abogados comparecieron ante la prensa. Multitud de periodistas se congregaron ante el juzgado ante la enorme repercusión mediática, social y política que levanta este caso. No solo se encuentra imputada la esposa del jefe del Ejecutivo, sino que el propio Juan Carlos Peinado acudió al palacio de La Moncloa para tratar de tomar declaración a Pedro Sánchez.

Ante las cámaras de televisión, Camacho se limitó a exponer la posición de su cliente, que negó los cuatro delitos que le atribuye el magistrado (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional). La defensa siempre ha insistido en la inocencia de Begoña Gómez. Los letrados de Vox y Hazte Oír valoraron las declaraciones de la mujer de Sánchez, que solo había contestado a su abogado: “Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido”, dijo Javier María Peréz-Roldan. “Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas”, añadió Marta Castro.

Sin embargo, pese a que las filtraciones del sumario han sido continuas y a que los detalles de la instrucción han sido difundidos antes por los medios, esas comparecencias públicas no sentaron bien al magistrado Peinado. El juez ya avisó dos días después a las partes de que abriría una investigación para ver si se tramitaban multas contra ellos —que pueden alcanzar los 10.000 euros— por sus declaraciones tras el interrogatorio de Begoña Gómez, que calificó como “rueda de prensa”. Ante ello, el colectivo Iustitia Europa, personado también como acusación popular, anunció que pedirá “amparo inmediato” al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por este “atropello al derecho fundamental de libertad de información reconocido en la Constitución y en abundante jurisprudencia constitucional”.

Este no es el primer choque que el juez Peinado tiene con otros actores jurídicos que intervienen en el procedimiento. Al poco de abrir sus pesquisas, el magistrado ordenó elaborar un informe sobre las “frecuentes e inusuales visitas” al juzgado del fiscal del caso, que se quejaba de que esta era la única forma de conocer importantes decisiones adoptadas por el magistrado, ya que este no le había notificado algunas resoluciones —como la apertura del propio caso— hasta después de haberse publicado en la prensa.

El ministerio público se ha mostrado muy crítico con la forma de investigar del juez. La Fiscalía ha denunciado que Peinado comete excesos y actúa “sin filtro”. También ha censurado que el magistrado haya imputado a tres personas sin que broten nuevos indicios contra ellos y después de que hayan declarado como testigos —es decir, sin abogado y con obligación de decir verdad—. Uno de ellos es Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid (de la etapa de Esperanza Aguirre, del PP) y alto cargo del Instituto de Empresa (IE), al que imputó porque, según interpretó el magistrado, había contradicho a otro testigo al tratar de salvar a Begoña Gómez (cosa que no ocurrió, según las actas de ambas comparecencias).

La Audiencia Provincial de Madrid reprochó igualmente al juez que, en una resolución del 1 de julio de 2024, manifestase que investigaba “todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial”. Según los magistrados, que descartaron archivar la causa, Peinado sí se había excedido con esa afirmación. Y, además, el tribunal añadió que no se había “ajustado a lo resuelto” anteriormente por ellos, ya que la Audiencia había dejado fuera de la instrucción la parte relativa a la supuesta relación de Begoña con Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Gobierno en 2020—; pero el juez había seguido adelante con sus indagaciones al respecto.