El juez Peinado interroga a Begoña Gómez sobre dos delitos que las pruebas del sumario desmienten

El juez Juan Carlos Peinado interroga este miércoles a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras imputarla por dos nuevos delitos a raíz de una querella presentada por la organización ultraderechista Hazte Oír. El juez Peinado no ha encontrado todavía indicios sólidos del tráfico de influencias y la corrupción en los negocios que investiga desde hace nueve meses tras abrir una causa por la querella de Vox basada en noticias de prensa, algunas de ellas falsas.

Peinado ha abierto ahora nuevas líneas de investigación sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas y medianas empresas que Begoña Gómez logró crear cuando codirigía una cátedra en la Universidad Complutense con la ayuda de dos empresas participadas por la administración central (Indra y Telefónica) y Google. La querella de Hazte Oír atribuye a Begoña Gómez la apropiación indebida de ese software porque registró un dominio web a su nombre. En ese dominio se alojó de manera experimental una plataforma tecnológica basada en el software creado desde la cátedra. La plataforma ofrecía su servicio gratuito a pequeñas y medianas empresas.

La Universidad Complutense abrió una investigación hace varios meses. Preguntó al registro de la Propiedad Intelectual si había algún software a nombre de Begoña Gómez, pero obtuvo una respuesta negativa en el único lugar donde se podía acreditar esa apropiación indebida por parte de la mujer del presidente. Además, el dominio web fue registrado a nombre de Begoña Gómez por indicación expresa de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Complutense. El juez Peinado tiene esa documentación en su poder desde hace meses, pero ha abierto una causa penal contra Gómez por un motivo que desmienten las pruebas del propio sumario.

El otro delito por el que Peinado ha imputado a Gómez es el intrusismo profesional por firmar un pliego de condiciones técnicas sin tener la capacitación para ello. La esposa de Sánchez ha remitido al juzgado los correos electrónicos que demuestran como la Complutense le indicó que firmarse ese pliego. La interventora de la Universidad declaró en la Asamblea de Madrid hace dos semanas que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo a las normas de la Complutense.

La causa penal abierta por el juez Peinado hace nueve meses acumula ya cuatro imputados. Además de Gómez, el juez ha actuado contra el empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en el máster que codirigía la mujer del presidente. Barrabés logró varios contratos públicos de Red.es tras presentar ofertas que incluían 34 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Gómez como codirectora de la cátedra de la Complutense. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez donde tras examinar el concurso descartaba cualquier tráfico de influencias en la adjudicación.

Además, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, fue imputado tras desmentir un trato de favor a Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno. Y, por último, el juez cambió la calificación de testigo a la de imputado en plena declaración de Juan José Güemes, vicepresidente económico del IE Business School, porque negó que hubieran contratado a Gómez por ser la mujer del presidente.

En pleno interrogatorio, adelantado por El Periódico, el juez Peinado preguntó a Güemes: “La directora de recursos humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o motivación en concreto utilizó el término motivación era por ser la esposa del presidente del Gobierno. ¿Eso es así o se requiere una diligencia de careo? Contésteme”.

La directora de recursos humanos nunca declaró tal cosa, según la transcripción de su declaración que consta en el sumario. Simplemente explicó que en el contrato existía una cláusula adicional quinta por posible conflicto de interés, dado que Begoña Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. En esa declaración ni siquiera hay una pregunta sobre los motivos de la contratación ni una respuesta de la directora de recursos humanos sobre que se contratase a Gómez por ser la esposa de Pedro Sánchez.

Güemes, exconsejero del PP en la Comunidad de Madrid, contestó al juez Peinado: “No se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno”. Esa respuesta molestó al instructor, según se desprende de su reacción: “¿Me está usted diciendo que faltó a la verdad la directora de recursos humanos? (...) Vamos a suspender la declaración porque se va a convertir su condición de testigo a condición de investigado”. El juez imputó a Güemes por considerar que había mentido en su respuesta, cuando en realidad la mentira estaba en la pregunta de Peinado.