El juez imputa al empresario Carlos Barrabés en la causa contra Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un nuevo impulso a su instrucción y, este viernes, ha decidido imputar al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez, que lo ha citado el próximo 29 de julio para declarar ya bajo la nueva condición de investigado, ha tomado esta iniciativa después de interrogarlo el pasado lunes como testigo y, por tanto, sin posibilidad de acogerse a su derecho a no contestar y a estar asistido por un abogado. Según confirman fuentes jurídicas, Peinado también ha acordado tomar declaración ese día a tres testigos: entre ellos, al presidente del Instituto de Empresa (IE).

La relación entre Barrabés y Gómez se encuentra en el punto de mira desde que Peinado admitiese a trámite en abril la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, origen de este procedimiento. El magistrado, que mantiene abierto el sumario por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara la vinculación entre ambos. Pero los agentes, según consta en dos informes remitidos ya al instructor, no han encontrado irregularidades en las adjudicaciones públicas concedidas al grupo empresarial de Barrabés, que participó como profesor en la cátedra que codirigió la mujer del presidente en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Barrabés prestó declaración como testigo el pasado lunes. Explicó que ha ido a La Moncloa en varias ocasiones y que, en una de ellas, se vio allí tanto con el jefe del Ejecutivo como con su esposa, según fuentes presentes en aquel interrogatorio, si bien no reconoció ni precisó ningún tipo de irregularidad. En concreto, al abordar esos encuentros, el empresario relató a Peinado que una vez fue a reunirse con Begoña Gómez y coincidió con Sánchez; brevemente, pues este se marchó a hablar por teléfono. La otra ocasión que se vio con el presidente en La Moncloa fue al participar en un encuentro con otros empresarios especializados en innovación, sin que la mujer del dirigente socialista estuviera presente.

Tras el interrogatorio a Barrabés como testigo, las acusaciones populares —encabezadas por la formación ultraderechista Vox— solicitaron la imputación del empresario, que sufre una grave enfermedad y ha estado hospitalizado una larga temporada. El magistrado ha dado luz verde este viernes a esta reclamación y prevé interrogarlo ya como investigado el próximo 29 de julio por videoconferencia desde su casa.

Peinado ha citado ese mismo día a tres nuevos testigos: al presidente del Instituto de Empresa; a Félix Jordán de Urries, al que un abogado, en un escrito enviado a la Guardia Civil, identifica como la persona que puso en contacto a Barrabés y Gómez; y a Luis Ciprés, miembro del grupo Barrabés. El juez tiene previsto llamar también como testigo a Leticia Lauffer, quien fuera directiva de una filial de Globalia, pero lo hará más adelante, según precisan fuentes jurídicas.

La condición de testigo

La condición de Barrabés en la causa ha generado una enorme controversia. Pese a que el magistrado se ha centrado desde el principio en su relación con Begoña Gómez y ha pedido indagar en las adjudicaciones públicas a sus compañías, el juez Peinado lo llamó a comparecer como testigo —a diferencia de a la mujer del presidente, a la que imputó—. Esta circunstancia impidió que el empresario pudiera acogerse a su derecho a no declarar y acudir a la cita junto a su abogado. Y, además, la propia Fiscalía mostró su perplejidad ante esta situación. En un recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se alertaba de la “deriva procesal” del caso, el ministerio público escribía: a Barrabés se le “considera testigo” pese a que se “transmite la sensación de que él es el investigado, aunque no se sepa bien de qué”, ya que las pesquisas “están pivotando en torno” a su figura.

Precisamente, Gómez ha comparecido este viernes ante el juez y se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de su defensa. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha denunciado que el magistrado no ha aclarado los extremos de su instrucción y ha emprendido una investigación “expansiva” que sobrepasa los límites que le marcó la Audiencia Provincial de Madrid: “Un juez de instrucción no debe investigar cualquier cosa, debe citar cuál es el objeto de la investigación. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor”, ha dicho Camacho.

Las pesquisas contra Begoña Gómez comenzaron hace tres meses. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del magistrado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—; y los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.