El juez Peinado acude a La Moncloa para interrogar a Sánchez pese a las “disfunciones” que denuncia la Fiscalía

El palacio de La Moncloa se prepara para acoger una escena inédita este martes. El magistrado Juan Carlos Peinado insiste en que acudirá, a partir de las 11.00, a la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar como testigo a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, en el marco de la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez mantiene la cita pese a los duros reproches de la Fiscalía, que ha denunciado “disfunciones” en el sumario y ha pedido —sin ningún éxito— posponer la declaración del también líder del PSOE hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que se han presentado contra esta iniciativa. Por su parte, el Gobierno carga ya sin paliativos contra la instrucción.

La expectación resulta enorme ante cómo se desarrollará la comparecencia. El juez ha comunicado este lunes que el fiscal, los letrados de las defensas y una abogada de Vox, que coordina a las cinco acusaciones populares personadas en el sumario, podrán acompañarlo para participar en el interrogatorio, que el instructor prevé grabar. Todo ello, mientras el Gobierno expresa su enorme indignación con Peinado. En privado, algunos miembros del Ejecutivo acusan al magistrado de prevaricar y de actuar con intenciones políticas, aunque la defensa de Gómez no piensa en querellarse contra el instructor. “No hay caso”, repiten una y otra vez en el Gobierno, que definen como un “espectáculo” el cara a cara con Sánchez, que asumen ya que se producirá en presencia de la ultraderecha representada por Vox, con toda la simbología política que ello conlleva.

Una vez iniciado el interrogatorio, el juez deberá advertir a Sánchez de que la ley le permite no declarar en una causa abierta contra su esposa. Según varias fuentes, esa opción se ha barajado, pero no ha trascendido si será la postura final del jefe del Ejecutivo. Pese a ello, aún habrá que ver si no se producen intentos de última hora de forzarlo a responder sobre algunos temas, ya que las acusaciones populares argumentan que no puede negarse a contestar a las preguntas sobre otros imputados con los que no mantiene un vínculo familiar. En este caso, por ejemplo, para muchos ya resultó bastante inesperado que el magistrado impidiese a Sánchez declarar por escrito —una maniobra que el fiscal ha calificado de “subterfugio”—, como permite la norma a los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucción como testigos por hechos que han conocido por razón de su cargo .

El grupo ultracatólico Hazte Oír ha convocado una concentración a las 9.30 cerca de La Moncloa. Tras la declaración de Sánchez, está prevista que se celebre la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el Ejecutivo se asume que esta citación ante el magistrado es un trago difícil desde el punto de vista mediático, pero creen que no supone mayor desgaste porque, en opinión del Gobierno, el caso acabará archivándose.

Otros interrogatorios

El cara a cara entre Peinado y Sánchez ha tenido como prólogo una larga batería de interrogatorios celebrados este lunes en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla. El juez tenía previsto la comparecencia de cinco personas, pero finalmente solo se celebraron tres. La declaración como imputado de Juan Carlos Barrabés, que sufre una grave enfermedad, se ha aplazado al 1 de agosto por motivos de salud, según informan fuentes jurídicas. También se ha pospuesto la testifical de Luis Ciprés, miembro del grupo empresarial de Barrabés.

Por tanto, solo se han celebrado tres comparecencias. La de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha acudido como imputado y ha negado cualquier irregularidad en la relación de Begoña Gómez con el centro docente, como ya hizo cuando declaró como testigo el pasado 5 de julio. El juez ha interrogado igualmente a Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa (IE), donde la mujer del jefe del Gobierno dirigió el IE Africa Center; y a Félix Jordán de Urries, al que un abogado identifica como la persona que puso en contacto a Barrabés con la esposa del presidente, según consta en un escrito enviado a la Guardia Civil. Según fuentes jurídicas, Alcázar ha explicado que se contrató a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado.

Mientras tanto, a través de un nuevo escrito enviado al juzgado este lunes, la Fiscalía quiso volver a dejar claro su “rotunda discrepancia” con la citación de Sánchez a declarar. Hasta ahora, estos son algunos de los grandes reproches del ministerio público:

Un trato “más gravoso”. El fiscal José Manuel San Baldomero, que ya denunció la “incertidumbre” que reina en este sumario y su “deriva procesal”, ha rechazado reiteradamente la citación de Sánchez como testigo, al considerarla carente de “utilidad, necesidad y pertinencia”, al contrario que el juez. Incluso, el ministerio público reprocha al magistrado que, amparándose en el artículo de la Constitución que prevé que todos “los españoles son iguales ante la ley”, haya impulsado una causa “desmesurada” y haya abocado a Begoña Gómez y a su marido a “un tratamiento procesal distinto” y “más gravoso”.

Desproporción. Juan Carlos Peinado acordó citar a Sánchez el 19 de julio, justo después de que se lo pidieran las acusaciones populares tras la negativa de Begoña Gómez a declarar en la causa. Pero el magistrado no firmó esta resolución hasta la mañana del 22 de julio. En ese dictamen y como acostumbra a hacer en sus escuetos escritos —en los que todavía no ha aclarado los extremos de su investigación—, el juez apenas dedica un párrafo a argumentar por qué quiere interrogar al dirigente socialista: según dijo, sigue la pista a un supuesto “tráfico de influencias en cascada” presuntamente cometido por su esposa y la “posible relación de [Gómez] con una autoridad”, sin precisar a qué “autoridad” se refiere.

En opinión del fiscal del caso, al igual que ha ocurrido con otras decisiones anteriores, el instructor ha impulsado esta iniciativa sin justificarla lo suficiente en sus resoluciones, y ha evitado hacer una “ponderación sobre la proporcionalidad de la misma, atendiendo al previsible impacto y repercusión” que va a tener. Sobre todo, según incide el ministerio público, ante la escasa importancia que va a tener la declaración de Sánchez en las pesquisas, debido a la “sabida y previsible vaciedad probatoria” de su interrogatorio.

“Investigación prospectiva y carente de indicios”. En abril, nada más arrancar el procedimiento, la Fiscalía pidió archivar la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que dio origen de la causa. Y, tres meses después, el ministerio público continúa sosteniendo la misma posición y defiende que no “hay rastro alguno” del supuesto tráfico de influencias atribuido a Begoña Gómez. La Guardia Civil ya ha confeccionado dos informes que descartan ilegalidades. La Complutense ha elaborado un tercer análisis donde expone que tampoco puede concluir la existencia de irregularidades. Y, por su parte, ningún testigo o imputado ha precisado ninguna anomalía.

“Sin motivación alguna”. Más allá de las críticas al desarrollo de la instrucción, que “adolece de la mínima precisión”, los reproches al juez también tienen que ver con “las disfunciones” que se han producido con las imputaciones del empresario Barrabés y el rector Goyache. “Ya son dos las personas traídas a la causa como testigos y que, tras declarar bajo juramento, han sido imputadas y han pasado a tener la consideración de investigadas sin motivación alguna”.

Aún nadie ha pedido imputar al presidente del Gobierno en la causa, pero nadie descarta que, antes o después, llegue esa solicitud. De hecho, desde un principio, las acusaciones populares han colocado la diana en Sánchez. “No descansaremos hasta desalojar al clan corrupto que ocupa La Moncloa y que paguen ante un tribunal”, dijo Vox tras conocerse que el juez había citado al jefe del Ejecutivo a declarar como testigo. Sin embargo, Peinado no puede imputar al dirigente socialista, ya que se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo. El magistrado, de querer dirigir la causa contra el presidente, debería enviar una “exposición razonada” al alto tribunal con los supuestos indicios recabados contra el líder del PSOE, y sería entonces el Supremo el que decidiría.

“No impulsa actuaciones”. El ministerio público ha censurado que Peinado haya manejado los tempos a su favor para evitar que los recursos contra la citación de Sánchez llegaran lo antes posible a la Audiencia de Madrid. Es más, este mismo lunes, el fiscal alertó que “no consta” que se haya dictado ninguna resolución al respecto en los últimos días: “Si el tiempo y margen para recurrir de forma real y efectiva era ya estrecho, el hecho de no realizar e impulsar las actuaciones necesarias de tramitación de los referidos recursos en los días posteriores, aboca a los mismos a su ineficacia”.

Precedentes. De producirse finalmente la declaración ante el magistrado Peinado, Pedro Sánchez se convertirá en el quinto presidente del Gobierno que comparece como testigo en un proceso judicial. Sin embargo, la cita resultará inédita por la confluencia de tres factores: se le cita mientras ocupa la Presidencia del Ejecutivo, se le llama en fase de instrucción y, sobre todo, el juez pretende interrogarlo en el mismo palacio de La Moncloa, dejando así una escena nunca antes vista en la actual etapa democrática.

Otros cuatro presidentes han testificado en diferentes causas antes que el actual dirigente socialista. Pero Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) lo hicieron ya como exjefes del Ejecutivo. Y el popular Mariano Rajoy, que seguía en La Moncloa cuando compareció en 2017 como testigo en el caso Gürtel, acudió a la Audiencia Nacional para declarar en la fase del juicio, y no en la de instrucción como ocurre con Sánchez —Rajoy, ya como expresidente, también fue como testigo en 2021 a la vista oral sobre los papeles de Bárcenas y la caja b del PP—.