El PSOE se aferra a los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez y habla ya del “caso Peinado”

La batalla por los marcos del debate es fundamental para la política. El PSOE ya habla abiertamente de “caso Peinado” ―mientras la oposición lo llama “caso Begoña Gómez”― para intentar darle la vuelta a la crisis provocada por la decisión del juez Peinado de interrogar como testigo al presidente del Gobierno y además en La Moncloa y grabado en vídeo. El portavoz socialista, Patxi López, habló claramente de “caso Peinado” y se mostró muy crítico con la instrucción. El PSOE, en un comunicado, atacó con dureza al juez y dijo que “todo el procedimiento consiste en una investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno y está pendiente de la resolución de varios recursos”. Además, apuntaba que estas nuevas diligencias “son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso. Por eso serán recurridas, como lo han sido el resto de actuaciones”.

Fuentes del PSOE dan por hecho que la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, presentará un recurso para oponerse a la declaración como testigo del jefe del Gobierno, en línea con la iniciativa en el mismo sentido de la Fiscalía. “PP y Vox no se saldrán con la suya. La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello”, remataba el texto de los socialistas. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, denunció este lunes una “persecución política despiadada”. “Lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y Gobierno progresista para muchos años”, sentenció Félix Bolaños.

La estrategia del Gobierno es muy clara: están convencidos de que la Audiencia Provincial acabará parándole los pies a Peinado en algún momento porque no tiene materia con la que seguir adelante después de que la Guardia Civil le dijeran en dos informes que no ve ninguna materia delictiva. Y esa es la apuesta tanto de la defensa de Gómez como de los estrategas de Sánchez. Es lo que sucedió en otros procesos polémicos con clara repercusión política, como el caso Tsunami, finalmente archivado por decisión de los superiores del juez García Castellón por defectos de forma, o el proceso que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre intentaba seguir adelante contra Carles Puigdemont por alta traición hasta que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar la instrucción. El magistrado tuvo que parar y elevar la causa al Supremo.

En el entorno de Sánchez y en el PSOE están convencidos de que ese será también el final de este caso, pero no se atreven a decir cuándo llegará. Pueden ser varios meses de tensión política y noticias de impacto como la de la citación como testigo del propio presidente del Gobierno.

Varios ministros consultados expresan en privado su estupor con la decisión de Peinado, que sabe perfectamente, explican, que Sánchez tiene derecho a no declarar, como hizo su esposa, Begoña Gómez. Ella pudo hacerlo porque está imputada, y Sánchez porque es un familiar directo de una imputada, aunque esté citado como testigo. Además, el hecho de que Peinado no ofrezca la posibilidad de declarar por escrito, como es habitual en los casos de miembros del Gobierno citados como testigos en una instrucción, y que exija que la declaración sea en La Moncloa y grabada, es para los ministros y dirigentes consultados una prueba evidente de que el juez no busca avanzar en un procedimiento que ven vacío de contenido, sino que está intentando provocar desgaste político. Lo mismo pensaron cuando anunció la citación como imputada de Begoña Gómez en la última semana de la campaña electoral de las europeas, algo que los jueces suelen evitar cuando tienen casos con repercusión política.

En la sede del Gobierno parece confiar todo a la Audiencia Provincial, que tiene varios recursos pendientes, para que sea quien pare los pies al juez. Algunos miembros del Gobierno y del PSOE consultados sostienen que incluso habría que plantearse seriamente la posibilidad de querellarse contra Peinado por prevaricación, que algunos ven muy clara. Pero no es la línea que parece imponerse en La Moncloa, que prefiere la estrategia de los recursos y no ir directamente contra el juez, algo que no suele tener ningún recorrido en los casos en los que los implicados lo han intentado.

La estrategia, pues, es agotar los recursos y desde el punto de vista político insistir en la vinculación de este caso con la ultraderecha. Fue un grupo ultraderechista, Manos Limpias, quien presentó la denuncia que decidió admitir Peinado, y ha sido Vox quien ha pedido que Sánchez declare como testigo, algo que ha reivindicado el propio Santiago Abascal. Con la idea de que es la ultraderecha la que incita la investigación contra el presidente del Gobierno y su familia y el intento por convertirlo en el “caso Peinado”, el Ejecutivo trata de evitar el desgaste que pueden producir las imágenes de la esposa del presidente y del propio jefe del Gobierno declarando ante un juez.

En La Moncloa insisten en que las recientes elecciones europeas, que ya llegaron en plena ofensiva del PP y Vox por la investigación a Begoña Gómez, demostraron que ese desgaste es muy relativo, porque el PSOE aguantó por encima del 30% en unos comicios siempre muy difíciles para todos los gobiernos —aunque el PP ganó por cuatro puntos—, pero lo cierto es que hace meses el entorno de Sánchez veía imposible que hubiera un procedimiento judicial contra Gómez y ahora lo tiene como uno de los elementos centrales del debate político. “Es todo muy grosero”, resume un ministro, en un sentir muy extendido en el Gobierno. Con Peinado dispuesto a todo, el Ejecutivo empieza a asumir que el caso se puede alargar, pero no hay ninguna duda en el equipo cercano al presidente de que acabará archivado, y entonces el PP, sostienen, habrá perdido su principal baza de oposición y se quedará sin estrategia.