El juez Peinado basa la imputación de Barrabés en los dos informes de la Guardia Civil que ya tenía cuando lo interrogó como testigo

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, decidió imputar el pasado viernes al empresario Juan Carlos Barrabés basándose exclusivamente en dos informes de la Guardia Civil que resultaron exculpatorios y en la propia declaración que Barrabés había prestado cuatro días antes como testigo —una condición otorgada por el juez que le impedía acogerse al derecho a no contestar a preguntas—, según consta en la resolución dictada para dirigir la causa contra este segundo investigado. La Fiscalía ya ha recurrido esa imputación al considerar que se ha emitido una resolución “nula” y a que el dictamen de Peinado ha “vulnerado derechos”.

A través de un breve auto, fechado erróneamente el “16 de abril” (ese día fue realmente cuando se abrió este sumario) y firmado por el juez a las 12.54 de este pasado viernes (después de que Begoña Gómez ya se hubiese acogido a su derecho a no declarar ante él), el magistrado acordó pisar el acelerador y dirigir la causa contra Barrabés. El instructor argumentó su imputación con un solo párrafo que reza así: “De las diligencias hasta ahora practicadas, en concreto los informes de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] de fecha 14 de mayo y 02 de julio, en conjunción con la declaración testifical de Juan Carlos Barrabés, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado”, según dice su resolución, a la que tuvo acceso EL PAÍS.

Esta exposición implica, por tanto, que la imputación de Barrabés se sostiene sobre dos pilares: los informes de la UCO y su propia declaración como testigo. Una circunstancia que ha generado enormes recelos entre las defensas y la Fiscalía. El magistrado ya contaba con estos dos informes de la Guardia Civil cuando decidió citar al empresario como testigo. Y entonces consideró que debía otorgarle esa condición, lo que le impedía acudir con abogado y acogerse al derecho a no responder que tienen todos los imputados para garantizar su defensa —además de estar obligado como testigo a decir la verdad bajo la amenaza de que, si no lo hace, se pueden adoptar nuevas medidas legales contra él—. Los dos análisis del instituto armado, a su vez, apuntaban que no se habían encontrado irregularidades en las adjudicaciones públicas otorgadas a sus compañías.

No es extraño que un juez instructor cambie la condición a un testigo y pase a considerarlo investigado. Pero, en otras ocasiones, para garantizar el derecho de defensa, los magistrados cortan la declaración del testigo cuando se está realizando al considerar que se está incriminando y lo citan de nuevo otro día para proseguir con el interrogatorio, asistido ya por su abogado y con el derecho a no responder las preguntas. En este caso, sin embargo, esta declaración nunca se interrumpió, y el juez no firmó la imputación del empresario hasta cuatro días después de que compareciera como testigo.

La condición de Barrabés en la causa ha generado una enorme controversia desde el inicio. Pese a que el magistrado se ha centrado desde el principio en su relación con Begoña Gómez y ha pedido indagar en las adjudicaciones públicas a sus compañías, el juez lo llamó a comparecer primero como testigo —a diferencia de a la mujer del presidente, a la que imputó—. La Fiscalía mostró su perplejidad ante esta situación. En un recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se alertaba de la “deriva procesal” del caso, el ministerio público escribía: a Barrabés se le “considera testigo” pese a que se “transmite la sensación de que él es el investigado, aunque no se sepa bien de qué”, ya que las pesquisas “están pivotando en torno” a su figura.

El fiscal ha recurrido este lunes la resolución del magistrado que imputa a Barrabés, según confirman fuentes jurídicas. El ministerio público ha alegado la “nulidad” de ese dictamen por “ausencia de motivación” y por “vulnerar derechos”: “Venimos a solicitar una resolución judicial con una motivación y razonamiento mínimo y suficiente, ponderado y proporcional con la naturaleza de la resolución y a las circunstancias expuestas”, explica en su recurso, donde añade: “No es un capricho ni una solicitud perturbadora, sino una necesidad evidente en todo procedimiento, pero singularmente en este que nos ocupa, habida cuenta la trayectoria seguida en la instrucción y declaración respecto a la persona afectada”. La Fiscalía ya denunció la “deriva procesal” y la “incertidumbre” que reinaba en este caso.

Durante su declaración como testigo, Barrabés explicó que había ido a La Moncloa en varias ocasiones y que, en una de ellas, se vio allí tanto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como con su esposa, según fuentes presentes en aquel interrogatorio, si bien no reconoció ni precisó ningún tipo de irregularidad. En concreto, al abordar esos encuentros, el empresario relató a Peinado que una vez fue a reunirse con Begoña Gómez y coincidió con Sánchez; brevemente, pues este se marchó a hablar por teléfono. La otra ocasión que se vio con el presidente fue al participar en un encuentro con otros empresarios especializados en innovación, sin que la mujer del dirigente socialista estuviera presente.

El magistrado Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha pisado el acelerador en los últimos días en el sumario abierto contra Begoña Gómez. Tras tratar de interrogar el pasado viernes a la mujer del presidente como imputada —quien se acogió a su derecho a no declarar—, el juez ha citado ahora al propio Sánchez a declarar como testigo, al que quiere interrogar en el palacio de La Moncloa el próximo 30 de julio. También, Peinado ha apuntado ahora contra otras dos personas: el empresario Juan Carlos Barrabés, al que imputó la pasada semana; y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el que ha hecho lo mismo este lunes. El magistrado los ha citado a ambos a declarar el 29 de julio, tras haberles tomado ya antes declaración como testigos.