Zaplana carga contra la Audiencia, la Fiscalía y la UCO para intentar anular su condena de cárcel

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y ministro durante los Gobiernos de José María Aznar (PP), ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar anular su sentencia de 10 años y cinco meses de cárcel. El expolítico afirma que la condena se basa en “pruebas prefabricadas, indicios equívocos y contradicciones evidentes”; y se lanza así contra la Audiencia Provincial de Valencia, que lo declaró culpable del cobro de mordidas de un adjudicatario en el llamado caso Erial, la trama de corrupción en la concesión de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) urdida entre 1997 y 2000, cuando el exdirigente popular se encontraba al frente del Ejecutivo regional. El abogado de Zaplana también arremete contra la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Zaplana, que se encuentra actualmente en libertad, fue considerado responsable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El fallo del tribunal describe cómo, a través de su antiguo jefe de gabinete, amañó el proceso de adjudicación de las ITV y cómo, paralelamente, urdió una trama societaria y de testaferros para cobrar las mordidas millonarias sin ser “visible en ninguna operación mercantil o de gestión que pudiera vincularle con el pago de la comisión pactada”. Es más, añadió la sentencia, “constituyó un entramado societario en Panamá con cuentas bancarias en Andorra, para recibir dinero también de procedencia ilícita”.

Sin embargo, el exministro trata de rebatir esa tesis en el Supremo, adonde ha enviado un escrito de 190 páginas. A lo largo de este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Zaplana carga contra la resolución de la Audiencia Provincial —al igual que ya hizo contra la investigación impulsada contra él por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia—. “Esta sentencia supone una grave infracción de principios y normas esenciales del proceso penal”, asevera el recurso, que añade: “Ha venido a validar y consolidar la efectiva indefensión que Zaplana padeció durante la larga instrucción, la mayor parte de ella en secreto”.

Según la defensa del expresidente valenciano, la sentencia no se sostiene sobre “genuinos elementos de prueba” que demuestren los delitos cometidos por el político, sino que recurre “a declaraciones pactadas de forma clandestina” por la Fiscalía “con la finalidad de incriminarlo”. De esta forma, trata de restar valor a los testimonios del abogado uruguayo Fernando Belhot y de Joaquín Barceló, un amigo de la infancia de Zaplana. “Se han visto beneficiados de un trato privilegiado, tanto ellos como sus cónyuges y su patrimonio, a cambio de declarar en el juicio contra mi representado”, carga el abogado del expolítico. Belhot admitió que se hizo cargo del patrimonio del exdirigente del PP en el extranjero; y el segundo reconoció que operó también como su testaferro. “Me pidió favores, me pareció normal y se los hice. Si eso es ser testaferro, sí, he sido testaferro de Zaplana”, dijo Barceló en el juicio.

“La sentencia incurre en incontables deficiencias, tales como condenar a mi representado como autor de prevaricación por resoluciones dictadas por terceros, a los que nadie ha acusado o cuyo supuesto apartamiento del derecho no se justifica mínimamente”, prosigue el letrado del exjefe del Consell: “Del mismo modo, se condena a mi representado por cohecho cuando, según la propia sentencia, el supuesto ofrecimiento de la dádiva se produjo después de realizada la adjudicación por las autoridades competentes”. “Y, por último, se condena a Zaplana como autor de blanqueo por operaciones en las que la licitud del origen de los fondos está sobradamente acreditada y en las que no existe ninguna ocultación de sus verdaderos beneficiarios”, apostilla el recurso.

La ofensiva del exministro se dirige igualmente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de desarrollar una investigación “prospectiva” y “paralela” sobre Zaplana sin “el más mínimo control judicial”.