La ‘generación Aznar’ se cita en el banquillo
La coincidencia de los juicios a Rato, Zaplana y Álvarez-Cascos, tres exministros clave del expresidente del Gobierno, cuestiona una era política que el PP intentó encumbrar
La escena de un ministro de José María Aznar caminando hacia el banquillo de los acusados se va a volver muy habitual durante las próximas semanas. Los tribunales españoles tienen previsto celebrar tres juicios a tres miembros clave de los Gobiernos del exdirigente del PP, que ocupó La Moncloa desde 1996 a 2004. Dos exvicepresidentes (Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos) y un exportavoz del Ejecutivo (Eduardo Zaplana) se enfrentan a las imputaciones de corrupción de la Fiscalía: fortunas ocultas a Hacienda, cuentas en Suiza, fondos desviados...
La coincidencia de estas vistas orales cuestiona una era política que el PP trató de encumbrar, y a una generación que alcanzó sus cotas de máximo poder de la mano de Aznar. El juicio contra Rato ya comenzó en Madrid el pasado 15 de diciembre; el de Zaplana iba a empezar este jueves en Valencia, pero se ha retrasado hasta marzo; y el de Álvarez-Cascos prevé iniciarse en Asturias en poco más de cuatro semanas. Todos ellos defienden su inocencia.
El PP de José María Aznar ha quedado profundamente marcado por la corrupción. Tres de sus exministros ya han dormido entre rejas. El propio Rato, condenado en firme a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid; y Jaume Matas, extitular de la cartera de Medio Ambiente de 2000 a 2003 y expresidente de Baleares, que acumula penas por más de ocho años de reclusión por varios sumarios, como el caso Nóos o el caso Son Espases. Eduardo Zaplana, detenido en mayo de 2018, también estuvo encarcelado de forma preventiva hasta febrero de 2019 por el caso Erial, cuando la juez lo dejó libre tras alegar que su encierro ponía en riesgo su vida, ya que su estado de salud se había deteriorado por la leucemia que sufre, diagnosticada en 2015.
El partido conservador acumula, además, tres condenas como persona jurídica por beneficiarse de Gürtel, la red de corrupción liderada por Francisco Correa que anidó en la formación desde la década de los noventa. En una de las sentencias sobre la trama encabezada por el empresario —que acudió como invitado a la boda de la hija del entonces presidente del Gobierno—, la Audiencia Nacional describe cómo “tejió una estructura de colaboración estable” con diferentes personas de la fuerza política. A su vez, gran parte de la cúpula de la era Aznar, incluido él mismo, tuvo que declarar como testigo en el juicio sobre la caja b del PP, que acabó con la condena del extesorero Luis Bárcenas, autor de la famosa contabilidad paralela de los populares bautizada como Los papeles de Bárcenas —donde se recogían presuntos sobresueldos a altos cargos—.
Otros dos exministros de Aznar estuvieron encausados en sendas grandes causas de corrupción. Por un lado, Esperanza Aguirre, responsable de Cultura de 1996 a 1999 y posterior presidenta de Madrid, fue imputada en la línea de investigación del caso Púnica sobre la financiación irregular de los populares madrileños, aunque la causa se archivó contra ella por falta de pruebas en 2022 —pese a que era la principal beneficiaria y a que se ha mandado al banquillo a su secretario general, Francisco Granados, y a su gerente, Beltrán Gutiérrez—. Por otra parte, Ángel Acebes, miembro del Gobierno de 1999 a 2004, fue absuelto en el caso Bankia, donde compartió banquillo con Rato.
Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, que ostentaron igualmente carteras de relevancia con Aznar, se encuentran investigados en un sumario abierto en Andorra por la llamada Operación Cataluña, las presuntas maniobras de grupos policiales urdidas en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para desacreditar al independentismo durante el Gobierno de Rajoy.
La fortuna de Rato. Desde el pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid acoge la vista oral contra Rato, vicepresidente de 1996 a 2004, sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna. La Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido cerca de 70 años de cárcel para el expolítico y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), mantiene que urdió una compleja trama societaria para ocultar su patrimonio a Hacienda desde 1999 (cuando formaba parte del Gobierno de José María Aznar). El juicio lleva ya 13 sesiones y, según el calendario previsto, se prolongará hasta mayo.
Las presuntas comisiones de Zaplana. Desde este jueves, la Audiencia de Valencia debía acoger el juicio contra el exministro de Trabajo y exportavoz del Gobierno de Aznar, que se erigió en representante del ala más dura del PP durante su oposición al primer Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (cuando alentó la teoría de la conspiración sobre los atentados yihadistas del 11-M). Sin embargo, el tribunal ha acordado la suspensión de la vista oral este mismo jueves (con Zaplana ya personado en la Ciudad de la Justicia), y la ha aplazado hasta el 21 de marzo debido a que el abogado del exdirigente popular ha tenido que ser intervenido tras sufrir un infarto.
El ministerio público pide 19 años de prisión para Zaplana por encabezar una presunta trama que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En este sumario llamado caso Erial, Anticorrupción sostiene que la red corrupta comenzó a operar durante la etapa del popular como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002), quien ocultó el dinero en el extranjero —se movió por países como Panamá, Andorra y Luxemburgo— y trató posteriormente de repatriarlo, tras su paso por el Gobierno central (2002-2004), a través de una compleja estructura societaria. El tribunal calcula que la vista oral durará unos cinco meses. José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat Valenciana, también lo acompaña en el banquillo.
Los gastos de Cascos. La Audiencia de Asturias tiene fijado el 4 de marzo como la fecha de inicio del juicio contra Álvarez-Cascos, que prevé prolongarse hasta el día 8. La Fiscalía, que le pide tres años y medio de cárcel, le atribuye la apropiación de fondos de Foro Asturias, el partido que impulsó en 2011 tras abandonar las filas populares después de 34 años de militancia. La acusación sostiene que cargó a la formación gastos de mobiliario, ropa, videojuegos y viajes, entre otros. En total, presuntamente, “incorporó a su patrimonio” 181.648 euros. Aunque las sospechas sobre Cascos se han cernido también a su etapa como ministro de Fomento con Aznar. El ministerio público ha investigado la venta de obras de arte por parte de una empresa, vinculada a su exmujer, a grandes constructoras que recibieron adjudicaciones millonarias de Fomento; pero se consideró que esas transacciones habrían prescrito al ejecutarse entre 2004 y 2006. Las concesiones de Fomento en época de Cascos ya estuvieron bajo la lupa en el caso de los papeles de Bárcenas, ante los indicios de que se amañaron contratos para otorgárselos a donantes del partido que hacían aportaciones de dinero negro a la caja b —pesquisas que no prosperaron por falta de pruebas—.
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