La justicia paraliza la petición de ayuda de Andorra para investigar la Operación Cataluña

La justicia española ha decidido paralizar la petición de ayuda enviada por un juzgado de Andorra que investiga el presunto chantaje de la policía patriótica a los responsables de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) para que entregaran datos bancarios sobre líderes independentistas —una parte de la bautizada como Operación Cataluña—. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado esta medida a petición de Mariano Rajoy (PP), expresidente del Gobierno, y de dos de sus antiguos ministros, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, que se encuentran salpicados por las pesquisas del país pirenaico.

A través de una batería de resoluciones dictadas este jueves, los magistrados de lo Contencioso-administrativo han aceptado las medidas cautelares solicitadas por los exdirigentes populares para dejar en suspenso la tramitación de la comisión rogatoria enviada por Andorra, a la que dio curso la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En el marco de la ayuda entre ambos países, la jueza Stephanie Garcia se dirigió a España hace unos meses para que cursara las notificaciones contra los tres políticos en las que se les otorga la condición de “querellados”, un estatus que abre la puerta a que se les cite a declarar.

Rajoy y sus antiguos ministros quieren que esta documentación no se devuelva a Andorra, después de que se ya les haya comunicado. Esto dificultaría la actuación de la juez Garcia contra ellos. Por ello, pidieron a la justicia que anulara la tramitación dada por el Ministerio. Una cuestión de fondo en la que el Tribunal Superior de Madrid aún no ha entrado. Aunque, según ha comunicado este jueves, sí acepta finalmente paralizar el proceso —antes lo había rechazado— hasta que lo haga y dicte sentencia. “Concurren circunstancias que justifican la medida”, expone en una de las resoluciones que ha dictado ahora.

Entre sus argumentos, al justificar la solicitud de las medidas cautelares, los expolíticos argumentaron que se les produciría un daño irreversible si se devolviera la comisión rogatoria ya, y después la justicia concluye que no debía haberse hecho. Una tesis que aceptan los magistrados. Estos exponen que, “si el proceso de tramitación sigue adelante, proporcionándose así la colaboración a la Batllia de Andorra, [el tribunal de primera instancia del país vecino], con el fin de que se le otorgue al actor la condición de investigado en un procedimiento penal en el extranjero, vendría ya ineficaz cualquier pronunciamiento judicial en España que le diera la razón”.

“La ejecución de la comisión rogatoria por el Ministerio conllevaría perjuicios de difícil o imposible reparación”, remacha el tribunal, que también acepta otra de las alegaciones de los populares. Los exdirigentes del PP expusieron que estaban sufriendo un trato desigual por parte del Gobierno, al no concederles protección diplomática. Según exponen los jueces, “hay visos” de que el Ministerio de Exteriores “actuó de forma diferente” con un policía, Celestino Barroso, agregado en la Embajada española de Andorra desde julio de 2014 a junio de 2017, al que se “concedió la inmunidad o proteccion diplomática con respecto a hechos relacionados con gestiones para obtener información bancaria sobre políticos catalanes”, entre ellos Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat.